Mi pequeña Colonia Dignidad

Un par de preguntas:

a)  ¿Existe algún estudio medianamente serio que demuestre que los niveles de delincuencia en una ciudad disminuyen con la aparición de barrios enrejados?

b) ¿Se conoce alguna ciudad que haya bajado ostensiblemente sus niveles de delincuencia cerrando sus calles al libre tránsito?

Hago las preguntas porque, por más que busco, no encuentro una respuesta afirmativa a ni una de las dos. Supongo que el antecedente existirá; de otra manera, no me explico la aprobación por parte de la cámara de diputados del texto final del proyecto de ley que permitirá en todo Chile el cierre de calles, pasajes, vías locales y conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso, bastando para ello un motivo de seguridad que lo justifique. El mecanismo es sencillo: la autorización la darán los concejos municipales siempre y cuando exista la petición de al menos el 90 por ciento de los propietarios de viviendas localizadas dentro del perímetro de cierre, y se cuente con un informe técnico favorable por parte de Carabineros y organismos de emergencia. El permiso se da por 5 años prorrogables y puede ser anulado de manera anticipada si el 50 por ciento de los propietarios así lo pide. Facilito.

En una columna publicada en La Tercera, el diputado de Renovación Nacional Cristián Monckeberg se felicita a sí mismo señalando que “como uno de los autores del proyecto, estoy seguro de que será un gran avance en el combate a la delincuencia, pues permitirá complementar el trabajo de las policías y los servicios de seguridad comunales y entregará tranquilidad a quienes han decidido no quedarse de brazos cruzados y resguardarse.”

Vuelvo al principio de estas líneas: ¿quién le dijo al señor diputado y sus colegas que la delincuencia disminuye cuando se cierra una calle? De ser así, la mejor manera de evitar los tradicionales lanzazos del Paseo Ahumada sería instalando rejas en cada uno de sus tramos y pidiendo una identificación a quienes quieran entrar a él, método infalible para aumentar la seguridad en el área. ¿Y si ponemos detectores de metales también? No suena muy práctico el sistema, pero es endemoniadamente seguro.

Sin embargo, algo me dice que el camino elegido, aparte de empobrecer el paisaje urbano, no cosechará mayores frutos en el campo de la seguridad ciudadana, su supuesta razón de ser. Como se presentan las cosas, uno podría pensar que lo que la medida conseguirá no es tanto la disminución de los delitos, sino más bien la redistribución de los mismos, que ahora se darán más concentrados en aquellos lugares en los cuales resulta poco práctico poner una reja, un citófono y un personaje disfrazado de policía controlando la entrada y salida de personas y vehículos. La experiencia demuestra que la profusión de barrios encerrados produce a la larga un lento despoblamiento del espacio público, y espacios públicos con poca gente son el lugar ideal para que entren en acción…¡exacto, los delincuentes!

Llama la atención la pobreza de argumentos para sustentar una iniciativa que apunta a un triste ideal urbano que supone que el mejor lugar de la ciudad se encuentra al interior de cada casa. Como quien mata moscas con bombas atómicas, la solución de los diputados para enfrentar la delincuencia esconde una lógica del terror que pone a las urbes chilenas al mismo nivel de Bagdad y Ciudad Juárez, pintando un panorama apocalíptico en que la única opción para estar seguro es meterse uno mismo adentro de una cárcel aislada del resto de la sociedad, donde el contacto humano se reduce sólo a los conocidos. Tal como la mejor manera de prevenir los accidentes aéreos es impidiendo que los aviones alcen el vuelo, para nuestros representantes en el congreso el camino más efectivo de impedir un asalto en la vía pública sería no transitando en ella.

Apelando al pequeño Paul Schäfer que los chilenos llevamos dentro, los diputados de todas las bancadas (no le echemos la culpa a la derecha de este numerito) han otorgado vía libre para que cada ciudadano tenga todas las facilidades para crear su propia Colonia Dignidad en miniatura, un pequeño estado dentro del estado al cual sólo tienen acceso la gente decente como ellos. Sí, se deja al delincuente afuera (se supone), pero también al ciudadano común y corriente que gusta salir a caminar, al que pasea a su perro por las noches, al que sale a correr o pedalear, al heladero, el organillero, y a cualquier persona como yo que cree que la ciudad se hizo esencialmente para facilitar el encuentro entre las personas. Monckeberg señala que la medida está orientada a dar tranquilidad a la población; puede ser, pero siempre y cuando uno se encuentre del lado de adentro de la reja. Otra cosa ocurre cuando se está fuera de la prisión autoimpuesta y se descubre que el paisaje está invadido por barreras, cámaras, guardias y más rejas, muchas más. Cómo no sentirse inseguro y con miedo en un lugar así, donde cada rincón refleja un estado de peligro inminente que no guarda relación alguna con la realidad de las ciudades chilenas.

Sin embargo, el empobrecimiento de la calidad del espacio público es sólo una de las consecuencias negativas de esta medida. Otro impacto perjudicial se produce en el sistema de movilidad de la ciudad, que con el cerramiento de calles y pasajes ve reducidas las opciones de moverse en ella. Al reducirse las posibilidades de recorrido, los viajes urbanos tienden a ser más largos, produciéndose congestión en calles donde convergen trayectos que con anterioridad se dispersaban en una serie de vías locales. La profusión de calles cerradas, pasajes y condominios (a la izquierda linda le gusta llamarlos comunidades) no hace más que desincentivar los viajes a pie, en bicicleta o transporte público, fomentando el uso del automóvil para recorrer distancias que de la noche a la mañana se hacen artificial e innecesariamente más largas.

Otro sector damnificado con el proyecto de ley es el comercio de barrio, que muchas veces se desarrolla al interior de las mismas viviendas, especialmente en sectores populares. Si se cierra la calle donde estos comercios se encuentran, el número de potenciales clientes se reduce significativamente, limitándose a los habitantes que quedan al interior de las rejas. Punto para las grandes cadenas de supermercados.

Resumiendo, aun si los efectos en materia de seguridad fueran positivos, creo que los costos de cerrar calles y pasajes son mayores que sus potenciales beneficios. Por algo se deja fuera de la norma a aquellos barrios considerados patrimoniales, que adquirieron su valor entre otras razones porque a nadie se le ocurrió enrejarlos cuando nacieron. Y es que hay infinidad de soluciones desde el ámbito del diseño urbano destinadas a mejorar la seguridad en los barrios que no pasan por la colocación de rejas en las calles. El Ministerio de Vivienda sacó hace algunos años un estupendo manual al respecto. Es más, muchos manuales CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) se pueden descargar gratis en la red. La norma pronta a ser ley no refleja más que pobreza de estrategias para resolver un problema que es complejo, nadie lo duda, pero que no puede encontrar su respuesta en la negación de lo que es intrínseco de la ciudad, que es la creación de un espacio para convivir con los demás.

Palabras al cierre

A lo mejor es la influencia de trabajar en un edificio feo en un barrio feo la que impulsa a nuestros diputados a sacar algo así. Otras interpretaciones son bienvenidas.