El “mea culpa” del ex dirigente de la pesca artesanal y actual diputado por Aysén Iván Fuentes, respecto al financiamiento que habría recibido durante la tramitación de la Ley de Pesca y luego durante su campaña parlamentaria, pone nuevamente en la discusión la legitimidad de dicha normativa, también conocida como “Ley Longueira”.
Y es que el caso dado a conocer por un medio de comunicación, y que involucraría también al senador Walker, se suma a los ya conocidos de la ex diputada Marta Issasi y el senador Jaime Orpis, ambos recientemente formalizados por presunto cohecho en relación con la empresa Corpesca y la tramitación de la ley que regula las cuotas de pesca.Una normativa ilegitima, que simboliza la corrupción y que de mantenerse vigente en nuestro ordenamiento jurídico representaría un grave precedente y un atentado a la democracia.
En este contexto, la legislación que lleva el sello del ex ministro Longueira constituye uno de los casos de corrupción más graves en nuestra historia republicana, pues no existen antecedentes anteriores en que se haya obtenido la aprobación de una ley por medio de hechos delictivos, como parece ser en este caso.
La influencia indebida e ilegal formulada sobre dirigentes de la pesca artesanal y parlamentarios en ejercicio durante la discusión de esta importante ley, que buscaba favorecer a la industria, sin considerar los intereses generales y superiores de la nación, exigen un rechazo categórico y transversal de la ciudadanía, al cual deberían sumarse además todas las fuerzas políticas.
En este sentido, se hace necesario poner fin a la vigencia de la “Ley Longueira” sin que ello implique por motivo alguno el pago de indemnizaciones. En este contexto, la idea de la nulidad de la Ley, establecida en el proyecto ingresado a trámite en la Cámara de Diputados, parece un camino político y jurídicamente acertado.
Desde nuestra perspectiva, la administración de la Presidenta Bachelet tiene una gran oportunidad para devolver la credibilidad de las instituciones, impulsando la nulidad de esta ley espuria, pero para ello debe actuar con coraje político y dejar de defender la actual normativa, impulsando además de manera rápida, inteligente y con todos los actores un nuevo proyecto que asegure la sustentabilidad de los recursos, entregue garantías a todos los sectores, establezca protección e incentivos al sector artesanal, y pueda dar por superada la “Ley Longueira”, la cual al ser aprobada mediante cohecho por parlamentarios convertidos en verdaderos funcionarios de la industria, y la existencia de graves conflictos de interés de diputados y senadores que participaron en las diversas discusiones y votaciones, sumado a dirigentes de la pesca artesanal convertidos en lobbystas de la industria, la convirtió en una normativa ilegítima, que simboliza la corrupción y que de mantenerse vigente en nuestro ordenamiento jurídico representaría un grave precedente y un atentado a la democracia.
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