Un año atrás, reaccionábamos al discurso del 21 de mayo de 2011 advirtiendo que marcaba un punto de inflexión en la creciente importancia adquirida hasta ese momento por la mujer como sujeto de política pública, y por la equidad de género como objetivo y valor social relevante en la agenda de los gobiernos democráticos.
El discurso 2012 no hace más que profundizar el diagnóstico y, con él, la desazón que produce el abierto retroceso para la democracia que -ante el descrédito de la clase política, la falta de legitimidad del sistema y la crisis institucional que enfrentamos- parece necesitar más que nunca a las mujeres, ni más ni menos que el 50% más uno de la ciudadanía.
No se trata sólo de la falta de prioridad simbólica en el discurso, o de la focalización excluyente en su rol de responsable del cuidado de los hijos y en su inserción en el mercado laboral, superponiendo ambas funciones como madre trabajadora. Se trata también de la total desaparición de temas como la paridad, la participación de las mujeres en la toma de decisiones o la equidad de género como objetivo democrático, y en la efectiva modernización del Estado y la gestión pública.
En esta cuenta pública, como en una prédica dominical en alguna iglesia del sector oriente de la capital, el Presidente fue pródigo en sus alusiones a “la familia” -uno de los conceptos más usados en el discurso- no sólo como “valor esencial” sino como destinataria principal de la política pública, en cuanto ente intermediador entre el gobierno y los individuos en la anunciada “sociedad de valores”. Una sociedad compuesta por familias idealizadas, “unidas, fuertes y sanas”, esto es, ajustadas al modelo nuclear, heterosexual, con padre y madre presentes y en roles complementarios bien delimitados: padre proveedor principal y madre responsable del cuidado y preservación del bienestar físico y psíquico de los miembros dependientes, incluyendo para esto el aporte de un ingreso secundario.
El valor intrínseco otorgado a esta familia ideal, “fuente de amor, felicidad y comprensión, y la mejor defensa frente a los males de la modernidad”, aliada estratégica en la consecución de la sociedad propuesta por el Gobierno, se refleja inequívocamente en bonos, programas y políticas públicas sociales de la actual administración. En ellos no hay lugar para lo que se acepta apenas como desviación a la norma: familias monoparentales, homoparentales, compuestas o simplemente disfuncionales de cualquier composición. Y esto a pesar de la reciente aprobación de la ley anti discriminación, que por cierto no incluye una línea sobre medidas directas, acción afirmativa o recursos públicos para avanzar efectivamente hacia una sociedad más democrática, inclusiva y justa.
Pero no sólo se excluye a quienes se apartan deliberadamente del modelo. Tampoco hay lugar para las mujeres, pues son las familias las destinatarias declaradas de la extensión del postnatal, del Ingreso Ético Familiar y su multiplicidad de bonos asociados, del incremento en la cobertura de las salas cuna. En el imaginario del Gobierno las mujeres no son otra cosa que “el corazón” de la unidad familiar y por lo mismo no se necesitan políticas de género que las conciban como sujetos independientes y autónomos, porque “ellas no se equivocan y eligen siempre lo mejor para sus hijos y familias, aún a costa de su propia postergación”. Postergación en la que parece haberse empeñado el Ejecutivo en su relato, generando un marco para la acción gubernamental en la cual las perspectivas más progresistas quedan subordinadas a una visión arcaica y esencialista de “lo femenino”, que limita y ordena las reivindicaciones permisibles para las mujeres.
Afortunadamente, lo avanzado en materia de equidad de género en los últimos 20 años puede estancarse, pero difícilmente desaparecerá por la ausencia de medidas que promuevan su consolidación y concreción. La sociedad real ha cambiado más allá de los discursos, y las propias mujeres no estamos disponibles para volver a definirnos sólo desde la familia y la maternidad. Si ese es el núcleo de la pretendida sociedad de valores propuesta por el Presidente, es sólo otra muestra de la profunda falta de sintonía entre representantes y supuestos representados/as. Gastado el bono y devorado el Chocman, seguirá extendiéndose el malestar que hoy nos produce el trato de minoría que se empeñan en darnos que se empeñan en darnos y que, al parecer, muchas sólo confían podría revertir Bachelet, formando el piso de su incombustible popularidad.
* Directora de Fundación Equitas y editora del Barometro de Equidad. Columna publicada en Cambio 21
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