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Políticas públicas en Chile: ¿base ciudadana o imposición sectorial?

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Si se desea instalar en la agenda gubernamental un tema por el cual abogan determinados grupos, comunidades u organizaciones sociales, es importantísimo que sean categorizados como problemas. Les da un plus diferente y los catapulta a otro nivel de complejidad (si es que se utilizan los pasos correctos que el autor propone) e incluso los podría transformar por sí solos, en una agenda pública completa.

Giandomenico Majone  propone que las políticas públicas deben recobrar su carácter  político, es decir, la participación de los actores involucrados. Estas y su proceso de creación debiesen enriquecerse con prácticas comunes como la persuasión, la racionalización y la promoción de una causa determinada.

En ese sentido es sustancial rescatar el carácter público de las políticas y evitar el monopolio de la toma de decisiones. Deben estar considerados en el proceso todos los actores, evitando así decisiones secretas; no hay nada más contradictorio que el secreto en las políticas y administración pública.  Esta dicotomía es lo que ensombrece la relación entre política y ciudadanos. Si se evita, se podría aportar mucho más a la construcción del gobierno de discusión, una de las claves de la democracia. El problema es que en Chile, no son los ciudadanos quienes instalan el debate ni los argumentos que permiten que sean considerados en la agenda pública.

Si bien, tenemos casos emblemáticos como es la educación, el resto de las áreas permanecen en silencio en su gran mayoría o las decisiones son tomadas a puertas cerradas. Sobre todo cuando se trata de la políticas públicas vinculadas a recursos básicos como el agua y la energía. Sin embargo, los ciudadanos no necesitan justificar técnicamente su preocupación por algún problema público. En otras palabras, el argumento de que la falta de conocimiento técnico debe limitar la participación ciudadana en la política pública, es endeble en el caso del agua y queda de manifiesto claramente en situaciones críticas como ocurre con los problemas en Alto Maipo o la instalación en el sur de la hidroeléctrica HidroAysén.

El BID de 2006, en esta misma línea, hace una reflexión acerca de cómo se tratan las políticas públicas y señala que la “eficacia de las medidas de política dependerá de la manera en que se debatan, aprueben y ejecuten las medidas de política”[1] . Por lo tanto, concordando con lo anterior, no es un problema del qué sino del cómo,  lo que afecta la formulación y aplicación, por lo tanto resultado, en temas de agenda pública. Se parte de la premisa de que los procesos de debate, negociación, aprobación y ejecución de políticas pueden ser al menos tan importantes como el contenido específico de las políticas mismas.  Un  enfoque  estrictamente  tecnocrático  para  la  formulación  de  políticas  elude  los pasos de debate, negociación, aprobación y ejecución, que encierran en sí el desordenado mundo de la política. En este informe se sostiene la idea de que los procesos políticos y de formulación de políticas son inseparables. Si al tratar de promover un cambio de políticas se hace caso omiso del vínculo que existe entre ellos, puede desembocarse en reformas fallidas y expectativas frustradas o baja conformidad con el gobierno.

DeLeon propone que existe una directa relación entre las políticas públicas y el grado de aprobación hacia una gestión gubernamental. Destaca la importancia de los ciudadanos en el proceso para enriquecer la democracia. Es decir, las políticas públicas deben ser rescatadas del nivel estratosférico en donde se encuentran y volver a las bases: la ciudadanía. De alguna otra forma, ese hecho hace que pierdan sentido de ser. Si la idea es solucionar problemas públicos, deben estar presentes todos quienes formar parte de aquel; es incoherente que los afectados no puedan opinar acerca de las políticas, las soluciones o las alternativas disponibles. Esto podría explicar, la molestia  y el levantamiento de movilizaciones sociales que se generan cuando son de conocimiento pública algunas aprobaciones de proyectos energéticos, o leyes que afectan la economía local (Ley de pesca, Monsanto). Solo en contadas ocasiones han existido comisiones públicas conformadas por las bases como lo fue el movimiento estudiantil de 2006 y 2011, alguno que otro paro de profesores y el corte de caminos en Magallanes hace unos años que pretendía dar a conocer el aislamiento de la región; se concretó una que otra reunión para ver soluciones pero nada oficialmente salió de allí.

Pero ¿cómo entonces ocurre esto? ¿ existe alguna estructura institucional o gubernamental que explique la falta de mecanismos, aquellos que evitarían molestia social y aportarían más inclusión? Pues sí. La forma en cómo se han aplicado las políticas públicas en Chile bajo democracia, tiene estrecha relación con el presidencialismo, el sistema electoral, y los partidos políticos Bajo esa perspectiva debemos recordar que las instituciones políticas definen los procesos mediante los cuales, se toman e implementan las decisiones y éstas, a su vez, influirían en la efectividad de un gobierno.

En EE.UU y Europa la separación de los poderes, sería un factor determinante en cuanto a las responsabilidades  que se asumen en la toma de decisiones. Los sistemas parlamentarios  poseen la capacidad para imputar responsabilidades de manera mucho más exitosa que un sistema presidencial, en donde el tipo de separación de poderes  hace que el ejercicio de éstos sea más fragmentado y por tanto, la posibilidad de hacer responsable a alguna institución se vuelve más difusa.

Si se desea  instalar en la agenda gubernamental un tema por el cual abogan determinados grupos, comunidades u organizaciones sociales, es importantísimo que sean categorizados como problemas. Les da un plus diferente y los catapulta a otro nivel de complejidad (si es que se utilizan los pasos correctos que el autor propone) e incluso los podría transformar por sí solos, en una agenda pública completa.  En el caso de nuestro país, hay pocos casos connotados que hayan logrado tal nivel de efervescencia y fundamentalmente porque la ciudadanía  se ha acostumbrado a la existencia duradera de un problema público que cada cierto tiempo renace pero que por el desgaste o incluso la frustración determina el agotamiento del mismo. Ahora bien parte de las soluciones van de la mano en generar una mayor eficiencia en las relaciones entre instituciones y ciudadanos. Con respecto a la necesidad de efectividad gubernamental, la problemática se centra en dilucidar cómo se llevan a cabo o qué mecanismos influyen en la implementación de las políticas públicas, pero por sobre todo, cuál es el grado de responsabilidad de parte de la ciudadanía; es deber estar informado de aquello que potencialmente podría afectar la vida cotidiana. En nuestro país existen– poco conocidas, pero existen– instancias que permiten a la población formar parte del proceso de la toma de decisiones como lo es asistir a reuniones de la municipalidad, leer el diario oficial, asistir al Congreso –  o revisar la página o el canal de tv- votar en las siguientes elecciones por los consejeros regionales, etc.

El asunto es que este mecanismo es el obsoleto; al parecer el elegir representantes no está siendo la solución más pertinente como forma de gobernar. No siempre ese representante, tendrá el bien público por sobre el privado – tampoco podemos saber que eso no es así- mucho menos no existe en el sistema electoral ni presidencial, dispositivos para remover autoridades que son elegidas directamente por el presidente; solamente se puede castigar en la siguiente elección con el voto pero sigue siendo insuficiente.  ¿Existe otro método? ¿Es viable en Chile tener un nuevo sistema de gobierno como un semi presidencialismo?. Tendríamos que ponerlo en marcha para comprobar que los problemas de democratización son sistémicos y no intrínsecamente sociales, es decir, que responden a una cultura política poco democratizada.

[1] BID, La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina.  INFORME 2006. Pp: 4

Bibliografía
1.      BID, La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina INFORME 2006.

2.      Boeninger Edgardo. Políticas Públicas en Democracia.  Institucionalidad  y  experiencia  chilena  1990-2006. Uqbar Editores, Santiago, Chile. 2007

3.      Deleon, Peter.            2006. The historical roots of the field. In Michael Moran, Martin Rein and Robert E. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, edited  by New York Oxford University Press, pp.40-57

4.      Hirschman, Albert . Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in  Firms,
Organizations and States. Cambridge, MA: HarvardUniversityPress.1970. Capítulo1 (Introduction and doctrinal background)

5.      Kingdon, John  W. Agendas,  Alternatives, and Public Policies (second edition).
New York: Addison, Wesley Longman,Inc. 1995 Capítulo 9 “Wrapping things      up”, pp. 196-208

6.      Majone, Giandomenico. Evidence, Argument and Persuasion in   the Policy
Process. New  Haven, CT: Yale University Press. 1989. Cap 1

7.      Weaver, R. Kent and  Bert A. Rockman. Assessing   the effects of  institutions. In
R. Kent            Weaver and Bert A.   Rockman. Do  Institutions Matter?   Government Capabilities in            the United States and Abroad.Washington , DC, 1997: The Brookings Institution, pp. 1-41

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