El Gobierno de Sebastián Piñera inició a comienzos de año la discusión sobre la indemnización por años de servicio. ¿De qué se trata esto? Cuando nos despiden del trabajo y estuvimos al menos un año trabajando en aquella empresa, tenemos el derecho a esta compensación y otras, esta corresponde al pago de un monto de dinero que se expresa en un mes por año trabajado, según la última remuneración mensual con un tope de 11 meses y 90 UF. Así, si trabajamos 10 años en una misma empresa en la que ganamos el sueldo mínimo, 10 x 301.000 (SMM a marzo), entonces corresponden $3.010.000 por esta indemnización.
El Gobierno propone que esta indemnización sea reemplazada por una nueva compensación a todo evento, es decir, que proceda en todos los casos que el empleador estime y que en relación al monto este se disminuya a la mitad, así con la nueva fórmula el trabajador recibiría medio sueldo por cada año con un tope de 11 años. Así siguiendo el ejemplo anterior, en vez de $3.010.000, por la nueva indemnización sólo corresponden $1.505.000.Ya no hay duda, Piñera es retroceso, es pérdida de derechos, a nosotros nos corresponde organizar a la fuerza social que los asegure, los mantenga y los aumente
La actual administración demuestra nuevamente que el objetivo de este gobierno es la defensa los intereses de los patrones y que su visión económica se resume en la explotación del trabajo, bajando los niveles de vida para los trabajadores y de esta forma “dinamizar” la economía.
¿Pero por qué ahora se quiere cambiar esta indemnización? La respuesta a esta pregunta la encontraremos en el pensamiento que fundamenta las decisiones Sebastián Piñera, la derecha chilena y sectores del “progresismo”. El neoliberalismo, como expresión de la ideología de la clase dominante chilena, entiende que debe flexibilizar las condiciones del trabajo y los derechos laborales de los trabajadores para generar incentivos para la inversión privada nacional o extranjera. De esta forma el Gobierno se esfuerza por presentar para los empresarios chilenos y los grandes capitales extranjeros, buenas oportunidades para “emprender” en nuestra economía, dominada por una legislación laboral pro empresariado, una baja participación sindical y una negociación colectiva debilitada.
Volviendo a los cambios de la indemnización por años de servicio, debemos señalar que la iniciativa legal pretende generar un mercado del trabajo, una fuerza laboral desprovista de mayores protecciones del empleo. Una clase trabajadora que puede ser rápidamente despedida, sin grandes requisitos legales y así según ellos “dinamizar el mercado del trabajo y bajar el desempleo”.
El ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, dio su apoyo a la iniciativa y señaló que además esta indemnización se financiará con un 4,1% de aporte del empleador que se depositaría en una cuenta individual a nombre del trabajador para el seguro de cesantía. De esta forma se evitaría al empleador desembolsar grandes montos de dinero al momento del finiquito e ir pagando esta indemnización “de a poco”.
Además, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de claro acento neoliberal, señaló el día lunes 25 de febrero en el Diario Financiero que apoya la iniciativa y que “el esfuerzo debe estar en proteger a trabajador y no al puesto de trabajo. Una regulación laboral excesivamente rígida no siempre ayuda al trabajador”, esto en un claro objetivo de flexibilizar aún más las ya débiles leyes laborales.
Con relación a la estrategia política, el Gobierno ha vacilado y no hay consenso sobre cuándo incluir esta propuesta legal, no hay definición si incluir los cambios dentro del paquete de reformas laborales o en la reforma al sistema de pensiones (ambas iniciativas se han propuesto para este año).
Independiente del cuándo se entregue el proyecto para que sea discutido en el Congreso, a las fuerzas sociales, políticas y sindicales les corresponde mantener una actitud de defensa frente a un Gobierno que no duda ni un segundo en retroceder en los ya paupérrimos derechos de la clase trabajadora.
Ya no hay duda, Piñera es retroceso, es pérdida de derechos, a nosotros nos corresponde organizar a la fuerza social que los asegure, los mantenga y los aumente.
Comentarios
04 de marzo
La explicación pone muy poco acento en que la actual indemnización se produce SOLO si el empleador despide; si el trabajador renuncia, no tiene derecho a esa indemnización. La situación propuesta permite que si la persona se quiere cambiar de trabajo, pueda cobrar la indemnización también. ¿es eso un desbeneficio?
Si lo que se quiere es que el empleo sea patrimonio del trabajador, y que lo «venda caro» aunque lo haga mal, es efectivamente un lastre social y muy injusto con el resto. Incluso se podría discutir si mejor se deja en el mismo sueldo (no medio) por año trabajado, pero el fondo es que es bueno para incentivar la movilidad. Obviamente la miopía de quienes creen que los otros están obligados a darles trabajo va a ir en contra de este tipo de iniciativas; pero verán, en el largo plazo, que eso significará que menos personas tendrán un buen empleo.
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