A fines de la semana pasada las oficinas y ventanales de Radio Santa María en Coyhaique fueron apedreados. Hasta el momento no hay indicios materiales de las motivaciones, pero el sentido común apunta a que los abusos en el hogar Villa San Luis a niños bajo su cuidado pueden ser parte de las razones, por el vínculo de la emisora con la Iglesia Católica. Y, por cierto, la campaña pública para que el obispo Luis Infanti renuncie por lo que se señala serían sus responsabilidades en lo ocurrido hace ya casi dos décadas.
Siempre será complejo referirse a materias en que se mezcla la violencia, el abuso, lo legal, lo político, lo cultural, la subjetividad, la afectividad. Aristas todas legítimas de abordar en su amplia dimensión, en días en que lo más fácil es el dedo hacia arriba, dedo hacia abajo, en el circo romano virtual en que se ha convertido el debate público a través de la redes sociales. Difícil más aún por la legítima indignación que nace del “se pudo y se debió hacer distinto”.
Fue en septiembre 2006 cuando se tuvieron los primeros antecedentes públicos del caso. La Tercera informaba en una nota interior que “investigan supuestos abusos a niños”, dando cuenta de que “la acción judicial fue presentada por el Sename y se encuentra en la fase de investigación”. El resultado de las pesquisas ya todos lo conocemos: se cerró la Villa San Luis, la primera investigación se archivó y posteriormente se reabrió, y aún no hay reparación alguna para las víctimas.Los abusos de sacerdotes han remecido al mundo y más aún a Chile, dando cuenta de prácticas no solo moralmente inaceptables sino que ilegales y que vulneran los derechos de quienes debieran ser protegidos por sus protectores.
El tema cobró nuevamente relevancia en 2011, a través de reportajes de Chilevisión y la revista El Sábado de El Mercurio: “El infierno en un hogar de menores”. En este último, el periodista Rodrigo Fluxá señala que “en su casa dentro del hogar, a cargo de la auxiliar Elizabeth Cerda, había una regla intransable: al llegar del colegio todos tenían que dar las buenas tardes” Y consigna el testimonio de uno de los jóvenes del centro: “Yo le tenía tanto miedo que cuando veía a la vieja me paralizaba. Tomaba aire para tratar de hablar, pero no me salía ninguna palabra. Y la vieja métale cachuchazo, combos, con la mano cerrada en la boca. Me tiraba contra el piso y me gritaba: no tartamudees pendejo de mierda. Me tenía parado en la entrada de la casa, sin almorzar ni tomar once, hasta que no dijera buenas tardes. Y se hacía de noche, pero no me salían las palabras”. El dato no es menor: Elizabeth Cerda es una de las personas que acusa al obispo.
No es casual que a más de dos décadas de ocurridos los hechos el tema cobre relevancia hoy de la manera en que lo hace. Los abusos de sacerdotes han remecido al mundo y más aún a Chile, dando cuenta de prácticas no solo moralmente inaceptables sino que ilegales y que vulneran los derechos de quienes debieran ser protegidos por sus protectores.
Por eso la importancia del debate actual sobre la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra menores, que avanza en el Senado.
Y la iniciativa legal que establece el fin de los privilegios procesales de la Iglesia Católica que la hace estar, muchas veces, por sobre la ley. Una normativa que existe en Chile desde principios del siglo XX, avalada muchas veces por una elite que se siente cercana a sus postulados. El proyecto fue aprobado en junio en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados.
Es en este ámbito que se comprende la indignación de múltiples actores. Entre ellos, el naciente Frente Amplio regional, abogados defensores y otros actores que luchan a todo nivel por los derechos de los marginados, sean producto de discriminación de género, sexual, económica, social, étnica. A ellos les creo.
Sin embargo, no necesariamente todos tienen las mismas razones.
Desde hace más de una década el obispo Luis Infanti no ha sido particularmente un prelado aliado del poder constituido y de facto. El sistema político, los tribunales de justicia, el poder económico y empresarial forman parte de los afectados por sus dichos y acciones, algo que en algún momento le pasaría la cuenta.
Partió a principios de la década pasada con su apoyo irrestricto a las familias de las victimas del llamado Caso Aysén, en un duro enfrentamiento con las cortes ayseninas. Siguió años después con la defensa de Aysén ante la imposición de los grandes proyectos hidroeléctricos y con el lanzamiento de la Carta Pastoral “Aysén, Agua y Vida”, para continuar posteriormente con su respaldo al Movimiento Social y a la cruzada global de declarar ilegal la pobreza.
Y es en este derrotero que quedan facturas pendientes. Solo así se puede comprender el encono -ofensiva comunicacional mediante- que ha generado entre actores políticos como los diputados independiente René Alinco y RN Aracely Leuquen, además del alcalde UDI Oscar Catalán, quienes apuntan sus dardos a la figura de Infanti. Esto, en circunstancias que en sus acciones y dichos públicos no exigen los cambios estructurales que es necesario impulsar para evitar estas y tantas otras situaciones que merecemos dejar atrás como país y región. Educación gratuita para todos y todas, más derechos para niños y adolescentes, un sistema garantista y no criminalizante para los niños y niñas que delinquen no forman precisamente parte de su agenda.
Ya lo dijo en 2011 por este mismo caso la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, que por más de 30 años ha trabajado por los niños, niñas y adolescentes del país, especialmente de aquellos cuyos derechos se encuentran vulnerados: “Algo pasa en la institucionalidad que permite que durante 10 años o más, una situación de violencia contra los niños y de abusos sexuales ocurra sin ninguna reacción”.
O lo planteado por una ex directora del propio Sename, quien señalara que “el 2006 me tocó vivir de cerca el cierre del hogar Villa San Luis por el abuso. Y los verdaderos encubridores, cómplices, están en el Sename mismo y en su red de organismos colaboradores. Negligentes y pusilánimes. La Iglesia y el obispo harán sus reflexiones y mea culpa, pero no es en él en quien se deben buscar las principales responsabilidades”.
Concuerdo.
No soy creyente pero muchas veces he escrito sobre la Iglesia Católica por el impacto que tiene en nuestras vidas. Será dicha institución y el obispo Luis Infanti quienes deberán meditar sobre lo que se pudo haber hecho de mejor forma y generar los cambios que sean necesarios a todo nivel para evitarlo en el futuro, incluyendo que eventualmente su renuncia se sume al perdón pedido.
La sociedad, por su parte, tiene todo el derecho a escrutar y exigir explicaciones, además de la reparación por el daño causado a las víctimas. Pero cuidado con perderse, que la instrumentalización oportunista de algunos no haga perder el foco del objetivo final: los cambios estructurales que es preciso hacer en nuestra sociedad para que lo pasado tenga menos posibilidades de volver a ocurrir. La pregunta es, ¿estarán disponibles para ello Alinco, Leuquén, Catalán?
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