“Hay que cuidar las instituciones” dicen desde diversos frentes quienes están preocupados por la arremetida pública y política exigiendo una reforma profunda e integral a Carabineros. La criminal acción de un policía en contra de un joven que escapaba de la represión en el puente Pío Nono de Santiago, y que derivó en su caída de más de siete metros al río Mapocho, ha indignado al país y nos ha hecho, una vez más, merecedores de titulares a lo largo del planeta dando cuenta de la mano dura que el Estado chileno aplica a la ciudadanía que se manifiesta.
Desde pequeños sabemos lo que significa la policía uniformada.
Conocemos su lado protector cuando estamos a punto de ser víctimas de algún delito o ya lo hemos sufrido, su labor solidaria en situaciones de emergencia y su aporte a la comunidad, principalmente en pueblos pequeños donde la confianza aún persiste como bastión cultural y ético.Las señales que el director general ha dado, como cuando dijo que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial”, han apuntado a la impunidad.
Pero también sabemos de su arista autoritaria. La que una parte del pueblo de Chile vive en cada jornada de manifestación por sus derechos, de protesta incluso. La que en Aysén no nos han contado, porque la hemos vivido, llegando algunas de sus acciones a tener carácter delictivo. Esto bien lo sabe el pueblo mapuche, constante víctima de montajes y represión desde el origen de la República. Y desde antes incluso.
Innegable es que una de las funciones de las policías es el control del orden público. Pero aún así, en el mundo aún llama la atención que las nuestras sigan asociadas a los cuerpos militares, englobándoseles en el grupo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ejemplo claro es que cuando la prensa internacional se refiere a Carabineros la califica de policía militarizada.
En sociedades como la nuestra, las policías deben existir. Y el mandato de restringir los más graves comportamientos que quebrantan el pacto social les da potestad para portar y usar la fuerza y las armas. En ocasiones la coacción es necesaria en subsidio del diálogo y la buena onda, eso lo sabemos.
Sin embargo, esta prerrogativa no es una patente de corso. Se debe ejercer bajo ciertas circunstancias y protocolos, ya que riesgoso es el desbande de quienes tienen el monopolio legal de actuar armados. Más aún, no es correcto creer que “los carabineros son personas también y cualquiera reaccionaría como ellos lo hacen en situaciones extraordinarias”. Es errónea no porque no tengan sentimientos sino porque sus atribuciones requieren que se les exija mucho más que al ciudadano de a pie. Son representantes del Estado, no de la visceralidad humana.
Así como los efectivos, la institución también tiene deberes. Los instructivos internos, los mensajes e incluso las comunicaciones públicas son el contexto en que las acciones individuales se ejecutan. Y hasta ahora, las señales que el director general ha dado, como cuando dijo que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial”, han apuntado a la impunidad. Les ha dicho que pueden usar la fuerza y las armas a su propia discrecionalidad, y que serán protegidos por la institución.
No es exagerado afirmar que muy probablemente muchos de los ilícitos y violaciones a los derechos humanos ejercidos por efectivos policiales no se habrían producido de tener claridad el contingente que ante el menor desmadre serían sancionados. ¿Cuántos mutilados y mutiladas, encubrimientos, violencia innecesaria se habría ahorrado el país si el mando hubiera obrado distinto?
Es común pensar que solo el autor material deber asumir las consecuencias de sus actos. La complejidad de las relaciones sociales nos ha demostrado que no necesariamente debe ser así. Más aún en instituciones altamente jerarquizadas como Carabineros de Chile.
Ante este nuevo hecho con tintes delictivos debe renunciar el director general de Carabineros, Mario Rozas. O ser removido del cargo por el Presidente (más bien ser llamado a retiro anticipado, como dicta el artículo 104 de la Constitución).
Mantenerlo, a pesar de las circunstancias, hace escalar las responsabilidades. Porque la señal que desde hace demasiado se está dando es impunidad institucional, proyectada por el ministro del Interior y el propio Presidente.
Esto en paralelo a una profunda reforma al sistema policial chileno, que permita cumplir con su deber y mandato en consonancia con un Estado democrático como el que Chile aspira a ser.
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