Hace unos días atrás el ministro Lavín presentó un flamante paquete de medidas que salvaría el tan manoseado tema de la educación en Chile. Sin embargo, cabe hacer presente ciertos puntos, que bajo mi perspectiva se pasan por alto a la hora de implementar estas políticas públicas:
En primer lugar, la constitución política de nuestro país asegura a todos quienes componemos esta sociedad, una igualdad ante la ley. Teniendo en cuenta esto, ¿podemos considerar que la medida adoptada deja en un pie de igualdad a todos quienes comenzaran su carrera universitaria? La respuesta es obvia. Así, por muy noble que sea la causa "salvar la educación" creo que el camino es errado, puesto que se privilegia a un grupo dentro de la sociedad que tendrá la posibilidad de estudiar gratis.
En segundo lugar, creo que el incentivo no es eficiente y favorece a quienes menos lo necesitan. La brecha educacional es un hecho que no podemos negar. La solución de premiar a quienes superen los 720 puntos no hace sino acentuar esta diferencia en la educación, puesto que serán en su gran mayoría jóvenes de la clase media alta. El incentivo económico que debiese ir en ayuda de quienes más lo necesiten, se radicará en aquellos que o bien no les es imprescindible para iniciar sus estudios, o no les es imposible pagarlo al menos en parte.
En tercer lugar, a mi parecer esto no es sino la concreción del pensamiento mercantilista que tiene nuestro ministro, en donde el único factor a considerar para lograr un aumento en la tasa de educadores es el incentivo económico. Por lo demás aquellos que estudiaran eventualmente gratis, al momento de salir al mercado laboral se encontraran con los mismos sueldos que existen hoy en día. Se hace difícil, entonces, pensar en un efecto real que signifique un avance en materia de educación.
En suma, la medida es arbitraria pues crea privilegios (pues no se encuentra en una situación de desigualdad de condiciones frente a otras carreras que haya que equiparar) al interior de la sociedad para quienes ingresan a estudiar la carrera de pedagogía, lo que constituye una práctica discriminatoria para aquellos que tienen una vocación diversa y no pueden estudiar de manera gratuita con el auspicio del Estado.
Que nadie se sorprendan si luego de promulgada la ley se revisa la constitucionalidad de la misma en el tribunal constitucional
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Foto: Ministro Joaquín Lavín en Colegio Sagrado Corazón de Apoquindo – Mineduc / Licencia CC
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