Luego de los reportes de evaluación de programas gubernamentales realizados por la Dirección de Presupuestos, podemos concluir lo siguiente: de los 16 programas evaluados este año, un 44% está calificado como de desempeño alto (6%) o desempeño medio (38%) y un 56% ha sido calificado como de desempeño bajo (25%) o mal desempeño (31%). Si de este mismo grupo de programas seleccionamos y analizamos sólo aquellos que tienen un foco en la atención directa de personas (8), el resultado no puede ser peor; el 100% está calificado como de desempeño bajo (50%) o mal desempeño (50%). Para peor, el año 2018 la Fundación San Carlos de Maipo junto al Observatorio del Gasto Fiscal, concluyeron mediante un estudio, que no se cerró ninguno de los programas sociales mal evaluados por Dipres durante los últimos 10 años, al menos ninguno de los que estaban destinados a niños y jóvenes de 0 a 18 años. Como conclusión, es normal que aquellos programas que tienen un bajo desempeño no se cierren.
Este es un mal endémico de nuestros gobiernos, no es culpa de ningún color en particular más no por esto no hay solución. Si bien vivimos en una cultura que lamentablemente puede convivir con el fracaso de los programas sociales, no por ello tenemos que rendirnos a la inercia. Al final, cada peso malgastado es un día más que nos demoramos en alcanzar el desarrollo social. Cada programa ineficiente son miles de niños que desertan del colegio, miles de niñas víctima de abuso y un barrio más que cae en el narcotráfico. Esto es grave de verdad.No se cerró ninguno de los programas sociales mal evaluados por Dipres durante los últimos 10 años
¿Qué hacer para romper con el vicio del malgasto? La Fundación San Carlos de Maipo junto al BID Lab y a los Ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Corfo están fomentando una metodología para la implementación de programas sociales llamada Contratos de Impacto Social (CIS). Cuya principal característica es el que los Gobiernos sólo pagan en el caso de que se logren resultados socialmente deseables. Es decir, no se paga si el programa tiene un mal desempeño.
En la práctica, el Gobierno define un resultado social y define su valor económico, por ejemplo, está dispuesto a pagar a un proveedor privado $5.000.000 por cada preso que no vuelve a ingresar a la cárcel una vez que termina su condena. Este precio es rentable en tanto le genera ahorros al Estado, porque según estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (2018), el costo social de la reincidencia delictual en promedio es de $32.000.000 por persona. Bajo esta promesa de pago en caso de éxito, los privados proponen estrategias y programas para lograr disminuir la reincidencia y son ellos los que corren el riesgo financiero y no el Gobierno. En caso de que se logren los resultados, todos ganan; el Estado utiliza adecuadamente sus recursos al pagar por aquello que funciona (además de ahorrar recursos), el privado implementa un programa exitoso y recibe un pago por ello y la sociedad vive más segura y se acerca más a las metas de desarrollo.
Los Contratos de Impacto Social están siendo implementados en más de 30 países del mundo, incluyendo 3 en Latinoamérica. Estos ayudan a terminar con el financiamiento a programas que fracasan, promueven la innovación a través de la asociación público – privada y, lo más importante, alinean los objetivos de diversos actores para que podamos construir una sociedad mejor para todas y todos.
Por Rafael Rodríguez, Jefe de Desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo.
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