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El nuevo protocolo de Carabineros sobre escopetas antidisturbios: más dudas que certezas

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El 17 de julio se modificó el protocolo sobre uso de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros. Durante el “estallido social” el empleo de este armamento y de perdigones produjo cerca de 450 lesiones oculares. Por esta y otras razones, defensores de derechos humanos han intentado que los tribunales de justicia prohíban su utilización. De hecho, mientras aquel se publicaba se efectuaban alegatos de 14 recursos de protección contra el empleo de dicho armamento.


Es imperioso que el uso de la fuerza policial se regule por vía legislativa, afín con el principio de legalidad, con perspectiva integral y enfoque de derechos humanos.

Las modificaciones introducidas alarman. Primero, no prohíben los perdigones, sino que expanden las hipótesis de su uso. En efecto, el protocolo añade el uso de escopetas antidisturbios para repeler agresiones contra cuarteles de Carabineros. Tal regulación es desproporcionada pues los proyectiles de impacto cinético solo deberían emplearse para tutelar la integridad física y la vida de otras personas, respetando siempre los estándares internacionales.

Asimismo, es posible dirigir perdigones contra el rostro, la cabeza o el torso, si la “gravedad de la acción” de las personas o la “necesidad de inmediatez” de acción del funcionario policial lo justifica. Con ello, amplía la discrecionalidad policial en el caso concreto, lo que es sumamente grave, pues la Guía de Naciones Unidas sobre Armas Menos Letales de 2019 prohíbe expresamente apuntar cualquier tipo de proyectil de impacto cinético a las partes altas del cuerpo, justamente para evitar lesiones permanentes o la muerte. La normativa introduce nuevas armas; a saber: gases en aerosol; nuevos líquidos para expulsión por vehículos lanza agua y lanza gases; una munición que al impactar el cuerpo expele gas pimienta; y un “altavoz de alerta de alta frecuencia”, que aludiría a un tipo de arma sonora.

Acorde a los estándares que Naciones Unidas consagra respecto de este armamento, es indispensable su testeo previo por agencias independientes de Carabineros, protocolizar minuciosamente su uso, autorizar para ello sólo a funcionarios debidamente capacitados, y conocer con precisión las posibles consecuencias en las personas. Nada de estas cuestiones prescribe el protocolo y obtener esta información de interés público es sumamente dificultosa.

En conclusión, es imperioso que el uso de la fuerza policial se regule por vía legislativa, afín con el principio de legalidad, con perspectiva integral y enfoque de derechos humanos. Es inconcebible que un asunto tan delicado siga sometido a la autorregulación de Carabineros, más aún, al recordar las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el estallido y el sensible contexto sanitario actual.

Columna escrita por: Pietro Sferrazza Taibi Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Valparaíso y Isabel Severin Fuster, Abogada

TAGS: #ViolenciaPolicial Carabineros Universidad de Valparaíso

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cristián barría jara

27 de julio

Doña Isabel, a pesar de lo asertivo de su opinión, esta es en la práctica inoficiosa, llevamos 30 años desde el termino de la dictadura y todavía estamos como sociedad debatiendo sobre el actuar de la policía militar, estos como se dice en buen chileno «no tienen vuelta», a pesar de los incontables casos de abusos e incluso asesinatos en protestas esta institución no ha cambiado y no cambiará. Desde 1927, que esta institución ha cometido crímenes contra los chilenos en protestas, basta con recordar a modo de ejemplo, la matanza de Tenderini en el segundo gobierno de Ibañez o las salvajadas cometidas en las protestas del 80 en el siglo pasado o los abusos sexuales contra niñas en las protestas de los pingüinos en el primer gobierno de Bachelet. Lo único que podría cambiar las cosas es la disolución de esta organización y su reemplazo por una nueva de carácter civil.

Maria Ines Ramirez

07 de agosto

No sacamos nada con recurrir o mencionar siquiera los derechos humanos. En Chile no se respetan estos derechos ni las leyes. Los carabineros no tienen quien los controle, ese tal Rozas los deja hacer lo que se les da la gana, el ministro del interior los apoya, etc.
En el país reina un caos siniestro.

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