“No es suficiente afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta” (Pierre Dubois).
Entre los años 2018 y 2019, especialmente en el primer semestre de ese último año, Chile vivió una seguidilla de movilizaciones que exhortaban el reclamo de Derechos hacia el Estado y al gobierno de turno, por nombrar, las marchas contra las AFP y por los Derechos de la Mujer. Como no señalar el acoso permanente de Carabineros de Chile en sectores aledaños al Instituto Nacional Barros Arana, del Liceo de Aplicación o sobre los techos del Instituto Nacional.
A partir de la evasión de estudiantes saltando el torniquete en numerosas estaciones de la red de Metro de Santiago, que puso en jaque a las fuerzas policiales adiestradas a operar en aquiescencia de impunidad, sin pensarlo, los heridos, detenciones, el agua tóxica y el gas lacrimógeno comenzó a inundar las calles para sofocar la justa protesta que se fue extendiéndose por barrios, comunas y regiones del país.
Como reseña a lo anterior, sólo en gas lacrimógeno entre el periodo comprendido del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, Carabineros de Chile utilizó la cantidad de 188.100 cartuchos 37 mm CS; 43.859 granadas CS; 16.757 litros liquido CS; 9.434 kilos de polvo CS y 1.857 aerosoles de CS (clorobenzilideno malononitrilo).A cinco meses de gobierno de Gabriel Boric Font, la promesa de fundar un nuevo pacto sigue en deuda y pendiente específicamente con las víctimas de la represión. El estallido social no ha finalizado.
El estallido del viernes 18 de octubre del 2019, la declaración de guerra, el estado de emergencia y el toque de queda con las Fuerzas Armadas para controlar la “manifestación social” ha dejado en evidencia el gran retroceso que Chile y la sociedad ha sufrido frente a las masivas, graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado. Lo aludido a partir de un uso irracional de la fuerza a través de la represión, coacción y violencia-castigo hacia los manifestantes individuales y/o colectivos.
En términos de cifras más de 400 personas con heridas oculares, más de 3.000 querellas contras agentes del Estado, particularmente Carabineros de Chile, y una cifra cercana a 34 fallecidos en manifestaciones sociales y más de dos centenas de personas detenidas en contexto de protesta tanto en Santiago como en regiones, las cuales se encuentran en calidad de Presos Políticos, debido al uso y abuso de la prisión preventiva usando este precepto con sesgo estigmatizador, ejemplificador y de amedrentamiento.
En medio de la violencia popular y la institucional, el 15 de noviembre, en el Congreso se forjó un consenso político como respuesta a las movilizaciones, el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, el cual enuncia, “ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.
Este pacto fue un salvavidas institucional a la crisis de gobernanza y a la represión sistemática del gobierno de Piñera Echenique. Dicho acuerdo fue una respuesta de emergencia y de oxígeno ante la evidente crisis de legitimidad evitando así un momento de inestabilidad política a un sistema en crisis profunda, en términos sociales, económico y político.
Cabe consignar que desde el fin formal de la dictadura cívico militar en marzo de 1990, Chile entró en un largo proceso de transición que se extendió por casi tres décadas, en las cuales las aspiraciones y esperanzas de la ciudadanía estuvieron lejos de ser resueltas ni grandes soluciones ni cambios profundos.
La protesta y movilización popular exclusivamente fue aquietada con la llegada de la pandemia en marzo del 2020. Pronto a cumplir, tres años de la revuelta popular, en Chile prima una suerte de negacionismo de la responsabilidad del Estado en las vulneraciones graves a los Derechos Humanos.
Las élites, las clases dominantes y las autoridades “hacen creer que el 18-0 es parte del pasado” como enunció una ministra del actual gobierno, como si los heridos, detenidos, muertos, mutilados y los informes internacionales fueran meros datos. Como reflexionaba Benjamín: “hay dos muertes en el genocidio, una muerte física de la víctima y una segunda muerte, la hermenéutica, que no es otra cosa que la banalización de lo que pasó”.
Los desafíos continúan pendientes de resolver no en la medida de lo posible como antaño, se debe seguir convocando a la movilización popular y los cambios estructurales que muchos ya abandonaron, con el sentido de exigir Verdad, Justicia, Memoria y un Nunca Más real acorde a las necesidades del siglo XXI. Uno de aquellos es que el imperativo de los Derechos Humanos no sea una voz de un discurso etéreo.
Carabineros de Chile es una institución donde la autoridad se consolida por la violencia, las conductas sociópatas, el temor y la obediencia debida. El legado post dictadura lo señala y la limitada capacidad política de los gobiernos civiles les permitió desarrollar una indiscutible autonomía. Dicha institución es la tercera fuerza responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos bajo la dictadura cívico-militar.
Mientras, tanto en Plaza Dignidad continúan los hostigamientos, las detenciones y retenciones selectivas, con un copamiento so pretexto del Decreto 1086 de 1983 y limitando nuevamente la Observación General 37 del año 2020, relativa al derecho de reunión pacífica.
A cinco meses de gobierno de Gabriel Boric Font, la promesa de fundar un nuevo pacto sigue en deuda y pendiente específicamente con las víctimas de la represión. El estallido social no ha finalizado. Nada es igual. La vida se ha tornado cara y dura, con pandemia y restricciones. La indignación sigue allí: Latiendo y Esperando.
Comentarios
09 de agosto
34 muertos… Solo 5 atribuibles al Estado… ¿Genocidio?… Puros ladrones muertos o atropellados al hostigar a otros ciudadanos.
Inventaron un supuesto Centro de tortura en Baquedano para quedar como «víctimas».. ¿Alguna prueba más de lo tergiversado de las descripciones?
NO hay retroceso en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. En Europa, a los que ejercen violencia en la calle los muelen a palos, pues su actuar es el violento y no se permite lloriquear para justificarlo.
Y, solo existe la plaza Baquedano. Nunca se le ha cambiado el nombre.
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