El pasado 13 de septiembre fue publicado el Decreto N°43, que aprueba el reglamento que fija la Política Nacional de Zonas Extremas, una sorpresa para los habitantes de Chiloé que descubrieron la exclusión de dicha provincia dentro de la citada normativa, la que solo contempla -en el caso de la Región de Los Lagos- a la Provincia de Palena y la comuna de Cochamó.
Para entender el contexto debemos remontarnos al año 1980, cuando se creó el Fondo de Fomento y Desarrollo de las regiones extremas de Tarapacá (que entonces incluía la actual Región de Arica), Aysén, Magallanes, y a las provincias de Chiloé y de Palena, dentro del Decreto de Ley 3.529. Esto, con el objeto de bonificar las inversiones y reinversiones productivas de los pequeños y medianos inversionistas. Más tarde la ley 20.665 de 2013, estableció incentivos especiales para las zonas extremas del país, identificando como beneficiarios a los mismos territorios.En definitiva, se trata de que la mirada del Estado sobre la inversión pública y las políticas de desarrollo se hagan cargo del principal rasgo de nuestra geografía: la diversidad que cada territorio aporta a la caracterización y las potencialidades de nuestro país
Asimismo, entre 2014 y 2015 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet estableció un Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados y creó para esos fines el Fondo de Convergencia para la reducción de brechas sociales, lo que se mantuvo durante la administración Piñera. Dicha política establece que será competencia del respectivo gobierno regional generar la propuesta de territorios rezagadas, acompañada del respectivo plan de desarrollo.
Actualmente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) ha anunciado el paso desde las zonas rezagadas a la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, que entre otros objetivos busca «propender» al acceso de oportunidades entre las personas, independiente del lugar donde habiten y desde un enfoque de derechos igualitarios y equitativos; y alcanzar niveles de desarrollo y calidad de vida no inferiores al de su propia región.
Pese al desarrollo de estos (y otros) instrumentos en el tiempo, días después de publicado el ya citado Decreto N° 43 se conoció una actualización de la evaluación social de la iniciativa privada «Concesión Vial Ruta Longitudinal Chiloé», realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, que recomienda que dicho proyecto «debiese ejecutarse una vez logre superar el umbral de 6% de rentabilidad social, cuyo momento óptimo es el año 2045». Como era esperable, esto generó la indignación de la comunidad chilota, que con razón sigue sintiéndose el «patio trasero» de Chile, sobre todo cuando ven con sana pero legítima envidia como el Metro de Santiago sigue recibiendo los millones de dólares de inversión, necesarios para seguir extendiéndose.
Lo que más cuesta entender es por qué, más allá de las explicaciones e intentos de justificaciones técnicas, no se logra entender las particularidades de un territorio insular y especial como Chiloé, aunque legalmente no está reconocido con estas caracterizaciones, pese a tratarse de un archipiélago conformado por más de 40 islas, la mayor parte de ellas habitadas. Sobre todo, cuando hablamos de la extensión de la carretera panamericana, que debiera ser evaluada como una obra estratégica, como un todo, y no como una suma de pedazos de pavimento pegados uno al lado de otro a lo largo del país.
Tampoco se entiende que la evaluación que se hace de la «rentabilidad» de la extensión de la carretera hasta Chiloé no considere la inversión de más de 700 millones de dólares que se está haciendo en la construcción del que será uno de los puentes más modernos de Latinoamérica: el puente colgante sobre el Canal de Chacao, de 2.750 metros de longitud y que tiene como objetivo declarado: mejorar sustancialmente la conectividad vial del Archipiélago de Chiloé, lo que constituye un elemento fundamental para incentivar su desarrollo y lograr una mejor calidad de vida de todos sus habitantes, que a la fecha, lleva alrededor de 44% de avance.
Tal vez, en lugar de que cada gobierno trate de innovar cambiando la política de zonas extremas, la de zonas rezagadas o, ahora, la de zonas en desarrollo, sería bueno considerar que desde 2005 el Banco Mundial viene recomendando reemplazar el concepto de «zona extrema» por el de «zona estratégica» y aplicarlo a todas las regiones país entendiendo que, cada vez más, las políticas de excepción no consideran mayormente las diferencias geográficas, demográficas, económicas y sociales de las distintas zonas. En síntesis, la «no consideración de las particularidades regionales afecta la efectividad de las políticas».
En definitiva, se trata de que la mirada del Estado sobre la inversión pública y las políticas de desarrollo se hagan cargo del principal rasgo de nuestra geografía: la diversidad que cada territorio aporta a la caracterización y las potencialidades de nuestro país y que no pueden ser medidas de igual manera en el norte, en el sur o en las zonas insulares. Lo importante, es empujar a que Santiago deje de ser el centro de las políticas públicas y todo se evalúe como si todos viviéramos en la capital. Santiago, hace rato que dejó de ser Chile.
Fidel Espinoza, Senador
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