En el municipio de Vitacura, la nueva forma de gobernar es bastante antigua. Quizás sea éste el modelo de gobierno que la Alianza ha tenido en años.
Sin embargo, esta forma resulta muy inconsulta, carente de participación ciudadana y muy poco transparente, traspasada por mezquinos intereses privados de mercado, en temas tan relevantes como el ordenamiento de la ciudad y la educación pública.
Es en Vitacura donde se ha debido organizar la ciudadanía para imponer a las autoridades el desarrollo de una consulta popular para frenar las ambiciones del mercado inmobiliario y resguardar la calidad de vida y las características de los barrios. No es eso sí, atributo único del alcalde Raúl Torrealba este proceder. En Providencia ocurre otro tanto con el alcalde Cristián Labbé y las complicaciones del Barrio Típico de la calle Dalmacia.
En materia de educación pública municipal, en la que esta forma de gobernar no cree, se ha pretendido hacer caja a costa de los docentes de Vitacura. En dos recientes decretos alcaldicios se ha resuelto descontar a los profesores parte de sus asignaciones de remuneración, so pretexto de calificarlos, y de esta manera excluir a los profesores a través de un sesgo ideológico. Todo ello bajo supuestos parámetros científicos desarrollado por una universidad privada, cuyo dueño es el padre del diputado UDI del distrito, Ernesto Silva.
El gran problema de la derecha es querer llevar a cabo y tomar decisiones en forma inconsulta y poco transparente en el distrito 23, y específicamente en la comuna de Vitacura, donde no existe contrapeso, ni balance ninguno, pues el oficialismo gobierna “a piaccere” sin concejales de oposición. Sin embargo, lejos de ser ello un beneficio, constituye el germen del mal gobierno, pues no existe una visión crítica de las decisiones o medidas que se toman, lo que los ha llevado en materia de educación pública municipal a una serie indeterminada de irregularidades.
En efecto, recientemente la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, en conocimiento de un recurso de ilegalidad, ha concedido una Orden de No Innovar, para paralizar las nefastas consecuencias de un decreto irreflexivo e inconsulto, dictado por la administración municipal. De manera tal que en tanto el oficialismo no modifique la forma de gobernar haciéndola más participativa a los sectores que reciben las consecuencias de sus actos, no queda más camino a los ciudadanos de a pie que recurrir al ente jurisdiccional y judicializar los actos de la administración, lo que claramente va a generar la antipatía de los gobernados quienes deben desgastarse en trámites judiciales y de trasparencia para poner freno al autoritarismo inconsulto de esta forma de gobernar. Así se vio para el plebiscito de Vitacura y la posterior pérdida de votación en la última elección que tuvo el alcalde Torrealba a manos de un independiente.
En este sentido, es necesario tener en consideración que aún en las administraciones absolutas, como es el caso de Vitacura, frente al gobierno sin contrapesos los ciudadanos tienen -al menos- la reciente Ley de Transparencia, una gran herramienta para controlar y evitar los excesos de la administración, haciendo fluir la información y trasparentando los actos del gobierno.
La verdadera nueva forma de gobernar, aquella que realmente exigen los “indignados”, es la que considera más de participación ciudadana, trasparentando los intereses y las acciones del gobierno. Aunque claro, ello no está en ADN de algunos políticos.
* José Miguel Serrano es abogado y magíster en Ciencia Política
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Foto: jikatu / Licencia CC
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