En octubre del año 2019, cientos de miles de personas salieron a manifestarse, inicialmente esporádicamente y luego a través de llamados por las redes sociales digitales, en contra de un sistema que, a modo general, no cumple con proveer de un mínimo de condiciones básicas de existencia. Lo cierto es que no hubo un repertorio específico de demandas con plausibles soluciones a las mismas; sino que, más bien, lo que se vio en las manifestaciones fueron un sinnúmero de consignas de temáticas tan variopintas (muchas de ellas se remontan desde hace años) como una nueva Constitución hasta el reconocimiento de las distintas identidades y sensibilidades individuales y colectivas.
Desde un punto de vista sociopolítico, el 18 de octubre o el “Estallido Social” como se le suele conocer, no fue un movimiento como el de los/as estudiantes del 2006 o el de 2011 donde existían demandas claras con una orgánica interna, anclada en la ACES, la CONES y la Confech. Es decir, existían vocerías que, si bien no representaban al conjunto del movimiento, intentaban, al menos mediáticamente, que se conociese las razones de las manifestaciones y los objetivos a los que se quería llegar. Con el Estallido Social, no nos encontramos nada de eso; como decíamos, no fue algo organizado, pensado ni mucho menos donde hubiese una suerte de “petitorio” ni actores sociales que fuesen directamente a hablar a las instituciones.La manera de dirigirse hacia cualquier autoridad política o lo que las instituciones representan e, incluso, entre los/as mismos/as ciudadanos/as, está siendo la violencia
Otra cosa que llamó mucho la atención de aquél año fue el nivel de violencia acontecido en las principales ciudades del país, con la quema del Metro en Santiago, de la Red y la destrucción generalizada de negocios, bancos, supermercados, farmacias e incluso iglesias. Es en este punto, de la violencia, donde me quiero detener y plantear la siguiente reflexión ¿qué tan legitimada o no quedó ésta luego del Estallido Social? Porque no se trata de cualquier tipo de violencia; no verbal, sino física. Y, me atrevería a decir, sobre todo hacia las personas con mayor poder adquisitivo. De todas formas, vemos todos los días cómo las calles o el simplemente estar caminando o en el transporte público o comprando o tomándose un café, se está con la sensación permanente de poder ser asaltado/a o que alguien llegue no solo a robar, a hacer daño, específicamente a eso, cometer un acto punitivo hacia otra persona.
Por lo mismo, siguiendo la reflexión planteada ¿cuánto de sensación de abuso y de trato hay en el Estallido Social, cristalizado en la violencia, más que querer “cambios estructurales”? Pareciera ser que la violencia hacia la encarnación del poder en sus distintas versiones o hacia el trato a la institucionalidad ha quedado establecido como un método no inscrito, pero sí “socialmente aceptado”, en la manera de encarar todo lo que tenga relación con precisamente eso, el poder, el abuso. La manera de dirigirse hacia cualquier autoridad política o lo que las instituciones representan e, incluso, entre los/as mismos/as ciudadanos/as, está siendo la violencia. Para que ésta es concebida no ya como último recurso para resolver un problema, sino como primera reacción, particularmente en situaciones de sensaciones de abuso o de injusticia social.
Me gustaría cerrar esta reflexión con lo que, creo, ha faltado reforzar o asumir en la Convención Constituyente. No se trata solo de establecer garantías identitarias ni proteger los derechos de la naturaleza; me parece a mí, que de lo que se trata es de poder establecer un mínimo común para que cualquier persona pueda desarrollar su vida de la forma que estime conveniente. La sensación generalizada, más que de querer un asunto específico, es de que lo que ya establecido cumpla con lo que dice que es; es decir, que el “sistema” se vea reflejado en conjunto con las aspiraciones de cada persona y no sea un obstáculo para las mismas. Vale decir, que las instituciones y los bienes sociales básicos estén a disposición del desarrollo vital de cada ciudadano/a.
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