Los últimos años en Chile han sido bastantes convulsos, marcados por muchísima efervescencia social que se materializó en octubre de 2019 con gran cantidad de manifestaciones, las que se caracterizaron, en general, por ser pacíficas, tener un sinfín de demandas que iban desde mejorar las pensiones hasta tener una relación institucional más amable con el medio ambiente.
Sin duda, también hubo momentos de muchísima violencia que pusieron en jaque al gobierno de entonces; desde la quema descontrolada de estaciones de Metro en Santiago, la capital, hasta el saqueo y destrucción de la propiedad pública y privada. Esto llevó al Ejecutivo a decretar el Toque de Queda y Estado de Emergencia por más de un año, mientras el conflicto seguía ocurriendo.
Para tratar de encauzar institucionalmente toda la situación, el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, cuyo objetivo era establecer, vía un plebiscito, preguntar a la sociedad si acaso deseaban cambiar o no la actual Constitución de 1980 vía o Comisión Mixta (mitad diputados/as y mitad representantes ciudadanos) o Convención Constituyente (todos/as los/as representantes elegidos por la ciudadanía). Al realizarse la consulta, un 78% dijo que sí quería cambiar la Carta Magna y mediante la Convención Constituyente.
Teniendo un itinerario acordado entre el Congreso y el Ejecutivo, dándole un plazo de máximo un año para presentar un borrador de nueva Constitución y que ésta fuese plebiscitada para ser aprobada o rechazada. Así, las labores de la Convención comenzaron en marzo de 2021 y finalizando el mismo mes de 2022, en julio se le entregó la propuesta al nuevo Presidente de la República, Gabriel Boric, para poder ser oficialmente distribuida a la población y refrendada en septiembre de 2022, donde el resultado fue el rechazo de la misma, con un 61% de las preferencias, mientras el apruebo obtuvo 38%.
Es en este contexto social y político, sobre todo social, donde quiero contribuir, modestamente, al debate. Mi propuesta es enmarcar esto dentro del debate entre la individualización y acción colectiva, siendo mi hipótesis que tanto la revuelta social de 2019 como el proceso constituyente y posterior propuesta constitucional y su rechazo en las elecciones, dice relación con un fuerte individualismo anclado en la propuesta de sociólogos como Beck, Parsons, Collins, Martuccelli, Araujo y Dubet, que tienen como patrón común explicar que las personas construyen sus propias biografías sin prescripciones institucionales y donde se ven obligadas a sortear una serie de desafíos sociales por sus propios medios, sin el amparo de las instituciones formales, no buscan necesariamente ser parte de la acción colectiva, sino, más bien, que sus problemas, a nivel individual y personal, sean resueltos.
Para desarrollar esto, es necesario retrotraernos a una situación más teórica que puede ayudar a comprenderlo: pienso que hay dos factores que se entrecruzan y complementan, uno social y el otro político; el social dice relación con el individualismo y la modernidad reflexiva, en donde Beck, vaticinaba una modernidad tardía, cuya característica principal era la sociedad del riesgo, en la que los antiguos anclajes institucionales daban amparo a las personas, habrían dado paso a un estado donde éstas se ven forzadas a hacer sus propias biografías y a resguardarse por sí mismas.
Por otro lado, tenemos al liberalismo político clásico, el cual, si nos remontamos a sus bases, el axioma principal es la libertad y la realización personal antes que cualquier otra cosa; en este caso, importa mucho más el sujeto como actor social individual que el colectivo, por cuanto éste “absorbería” su subjetividad y los intereses personales quedarían relegados a un lado en beneficio de “lo común”.
En esa línea, los estudios que han abordado la individualización en Chile son principalmente los trabajos de Araujo y Martuccelli. Estos sociólogos han investigado tanto los procesos de individuación como la relación que tienen con la acción colectiva y los movimientos sociales. Amparándose en Beck, sugieren que los sujetos deben dar respuestas biográficas ante la contradicción de una modernidad y de una sociedad cambiante en la que los antiguos anclajes institucionales dejaron de existir; no por ello, claro está, la respuesta de los individuos está condicionada por prescripciones institucionales. No obstante, y no solo desde el punto de vista sociológico, también existencial, las personas deben “arreglárselas” por sí mismas.
En dicho sentido, en América Latina y en Chile, al tener instituciones muy débiles, los autores arguyen que los actores son hiper actores, ya que deben recurrir a sus propios medios para, en última y primera instancia, sobrevivir o realizar sus proyectos de vida. De acuerdo con eso, llegan a la reflexión de que más allá del free rider, es decir, de las personas que obtienen beneficios sin verse involucrados en los éxitos alcanzados por una acción colectiva, ésta no es la principal vía de solución de problemas escogida por los individuos. En palabras de Araujo y Martuccelli “si el individuo híper-actor no participa sino esporádicamente en acciones colectivas, ello se debe menos a su inclinación calculadora que a su desconfianza hacia las instituciones y colectivos, y a la confianza inusitada que ha desarrollado en sus capacidades por resolver, a su nivel, los desafíos de la vida social”
Así, pienso que lo que ha ocurrido con la revuelta social de 2019, posterior proceso de Convención Constituyente y la propuesta de nueva Constitución obedece más a un trasfondo individualista que a una acción conjunta. Las demandas de la revuelta social, como ya hemos dicho, iban desde aumentar las pensiones hasta una relación no mercantil con la naturaleza; sin embargo, el proceso constituyente, más que acoger esas demandas, cada convencional fue con una agenda personal, ni siquiera representativa de las personas que los eligieron y, en consecuencia, el borrador de nueva Carta magna tampoco refleja las problemáticas existentes en el país. La sociedad chilena no quiere realmente “cambios profundos” en sus modos de vida, sino que poder desarrollar sus proyectos de vida de manera individual y que las instituciones den una base para lo mismo.
La modernidad tardía trajo consigo muchas promesas en los imaginarios sociales de nuestras sociedades contemporáneas; entre ellas, que cada persona efectivamente pueda ver mejoradas sus condiciones de bienestar material, inmaterial y su proyecto de vida. Si atendemos, en el caso de Chile a asuntos tan comunes como la promesa del mérito y la democratización de los lazos sociales, es decir, que la sensación de abuso de poder y hartazgo por los tratos verticales que se materializan en la vida cotidiana, entendemos que en algún momento esas situaciones irritables, sumados a la escasa cristalización de que las personas puedan tener lo que para tanto tiempo trabajado han perseguido, tiene como consecuencia lo que pasó en el país.
Por ello, el argumento que es que no lo que ha pasado no aspira a cambiar de tipo de sociedad, sino que las altas expectativas individuales de bienestar, no necesariamente colectivas, sean posibles. No es que la individualización sea un sinónimo, como se suele concebir, de egoísmo y apatía hacia el entorno, sino que es la manera en que cada individuo, valga la redundancia, se construye así mismo y por sus propios medios enfrenta desafíos sociales. Por lo mismo, la acción colectiva en Chile de 2019, la Convención Constituyente y la propuesta de nueva Constitución no iban por la senda comunitaria.
Parafraseando a Martuccelli, si las instituciones respondiesen bien individualmente con un trato personalizado, lo más problema es que la desconfianza hacia ellas o el rechazo que suelen suscitar, no existiría o sería muy bajo. Creo que, bajo esta propuesta del sociólogo, se grafica muy bien la distancia que la sociedad tiene frente a sus instituciones formales, las cuales, pues, efectivamente, deberían responder ante sus necesidades y problemáticas.
Finalmente, no estoy quitando mérito a lo que ha ocurrido, que es tremendamente importante para la historia reciente. Lo que sugiero es otra lectura donde no solo se considere como causas las desigualdades e injusticias sociales, que existen y son muy nítidas. Más bien, creo que estos procesos en Chile reflejan algo muy típico de sociedades que en un tiempo muy corto, como enfatiza el profesor Carlos Peña, han tenido procesos de modernización acelerados y las personas ven que dicha modernización «no llega a todos/as», desde mejores condiciones materiales de existencia hasta bienestar personal, laboral, familiar, etc.
La frustración e irritación de altas expectativas producidas por el mismo fenómeno tiene, en parte, consecuencias que ya se han visto.
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