Reconstrucción: Más reguleque que eficiente

La Contraloría General de la República ha efectuado varias auditorías a los gastos de reconstrucción efectuado por el Gobierno durante el último año. Y con los resultados  de esas auditorías el Gobierno queda, por decirlo suave, bastante mal parado.

Se trata de irregularidades administrativas, no de delitos, dirán algunos. Es verdad. Pero ocurre que a la Contraloría no le corresponde perseguir delitos sino, precisamente, irregularidades administrativas. Irregularidades que en el pasado hicieron rodar cabezas en medio de bullados escándalos mediáticos. ¿No fueron, acaso, irregularidades administrativas las que motivaron a la derecha a acusar constitucionalmente a Yasna Provoste hasta conseguir su destitución y, así, endilgar una contundente derrota política al Gobierno de Michelle Bachelet? Porque, hasta el día de hoy, pasados tres años desde esa destitución, nadie ha acusado a Yasna Provoste de delito alguno.

Es posible que el Gobierno de Piñera estime, una vez más, que debe medirse a sí mismo con una vara harto más baja, harto más laxa. Una que les permite vociferar que ellos son los probos, los eficientes, los inmaculados. Es posible que algo hayan logrado gracias al prejuicio que han querido instalar sobre que los gobernantes ricos no roban porque ya tienen suficiente plata y, en cambio los otros, los flaites concerta y/o de centroizquierda, son corruptos por definición. 

Con todo, estas irregularidades del proceso de reconstrucción son, si se me permite la figura, bastante irregulares.

Miremos, por ejemplo, el caso  del sobreprecio pagado por la compra de viviendas de emergencia. En este episodio, la Contraloría revela que se pagaron precios hasta por el doble de lo autorizado, bajo el pretexto de estar utilizando un “incentivo para la entrega a tiempo” de las viviendas.

Lo insólito de todo esto es que esas viviendas no sólo no se entregaron a tiempo, sino que en algunos casos ni siquiera consta que se hayan entregado. Peor aun: los supuestos documentos de recepción fueron llenados de manera ilegible. Dice la Contraloría que  “agrava la situación observada, el hecho de que al no poder verificarse la fecha del documento de entrega de las viviendas de emergencia, indicadas en el cuadro anterior; no se pudo corroborar el precio facturado, para cuya determinación se requería la constancia de la recepción y de la fecha de entrega de estos elementos.”  

¿Qué querían ocultar? ¿Acaso la emergencia justifica la letra de médico en esos documentos?  Sin ir más allá de la idea de “irregularidades administrativas”, digamos claramente que esto hiede a falsificación.

Por otro lado, en este mismo caso de las viviendas de emergencia, una de las empresas a las que se pagó sobreprecios fue una entidad llamada “Un Techo para Cristo” que, en su sitio web declara que es una fundación nacida al alero del Hogar de Cristo para ofrecer soluciones habitacionales de emergencia. Sin embargo, el Hogar de Cristo no la incluye entre sus fundaciones asociadas. Además, si esta última entidad ya cuenta con un Techo para Chile y con la Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, es por lo menos llamativo ese intento de asociación; parece más bien publicidad engañosa. Si miramos el sitio web de “Un techo para Cristo” resulta imposible identificar a sus dueños, pues tanto el link al directorio como a su historia están deshabilitados. Aunque, por cierto, averiguar sobre esta fundación es materia de otra indagación.

Volviendo a los informes de la Contraloría, se repiten las“irregularidades” en la Junaeb, organismo que hizo compras de raciones alimenticias por montos cercanos a los 9 mil millones de pesos y, sin embargo, en muchos casos no logró acreditar que alguien hubiera consumido esas raciones. Es más: cuando los fiscalizadores se constituyeron en terreno a verificar el proceso, se encontraron que donde la Junaeb declaraba  60 raciones, en realidad se trataba de 30 reales. Ok: irregularidad administrativa. Pero cuando hablamos de informes públicos falsos, el paso siguiente es el Ministerio Público.

Agreguemos a todo eso y mucho más (ver informes), los casos del puente mecano, las auditorías al Hospital Militar, el reproche que hizo meses atrás la Contraloría a Ruiz Tagle por su evidente conflicto de intereses al ser dueño de un club de fútbol y Subsecretario de Deportes, lo que obligó a éste a vender sus acciones; mismo reproche hecho ver al propio presidente Piñera. Y, por cierto, la convalidación de la mentira y la fabulación como herramienta de política pública en el caso de la Intendenta de la Región del Bío Bío.

Pensemos también el evidente retraso en todos los frentes de reconstrucción, en especial en vivienda, donde, a diferencia de lo que muestran las fotos trucadas de Piñera, lo único que tienen hasta ahora muchos de los damnificados son papeles, pero nada de una pared o un techo definitivos.

A pesar del halo de automistificación heroica que las autoridades se han concedido mutuamente, lo que nos muestra la más alta institución fiscalizadora de la República es algo bien distinto: que “los mejores” son bastante “reguleques”, y que las irregularidades han corrido como ríos de hidromiel por su particular y extraño Olimpo. Un Olimpo que, para los más necesitados en el Chile de la reconstrucción, tiene bastante más de infernal que de otra cosa. 

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Foto: Globovisión / Licencia CC