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Censo 2012: De cuentas y de cuentos

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La pérdida para las estadísticas y el quiebre de la confianza pública son un daño que jamás podría celebrarse. Y no hablamos “sólo” del Censo y los más de 33 millones de dólares que el Estado perdió en los imprecisos recovecos de esta “medición”. Hablamos, también, de la pérdida de credibilidad de la CASEN; de las cifras de delincuencia, de las del fin de la lista de esperas en salud, de las de la reconstrucción. Hablamos de todas esas “metas cumplidas” que no han hecho otra cosa que rebajar el patrimonio estadístico de nuestra República a la calidad de propaganda política mal hecha.

El 21 de mayo pasado, durante su discurso, el Presidente Piñera prometió que se plantaría un árbol por cada habitante de Chile. Será esta otra promesa incumplida que tendrá un buen subterfugio en el hecho de que no tenemos la más reverenda idea de si deben ser 16, 17 o 18 millones de árboles. Pero no es esta la única “política pública” (ok, llamémosle así) que se verá sesgada por los deficientes datos del censo. Hay otras conclusiones, bastante más complejas, que no podremos sacar por falta de información.

Apenas entregados los resultados del censo 2012, los artículos de prensa alertaban sobre la alarmante baja en la tasa de natalidad. Mientras, los economicistas descorchaban sus botellas por el alza que la menor cantidad de chilenos(as) suponía en el PIB per cápita y los malabaristas de las encuestas laborales se desgañitaban gritando pleno empleo. Todas ilusiones que duraron, como diría Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

Desde luego que, tras de quedar al descubierto esta catástrofe estadística, el Gobierno ha buscado sus tradicionales explicaciones, a saber: (1) Es culpa del Gobierno anterior; (2) Queríamos hacerlo tan bien que nos salió pésimo; (3) Nos sacaron de contexto porque era un censo de población y vivienda y las viviendas están bien censadas (4) No me acuerdo, pero no es cierto; no es cierto, y si es cierto, no me acuerdo. Ninguna de ellas, sin embargo, ha resultado suficientemente contundente y, en ausencia del ministro Longueira, que defendió con dientes y uñas la medición de Labbé, el propio Presidente tuvo que salir a dar la cara. Porque no se trataba, como en los cuestionamientos del censo de Bolivia, por ejemplo, de 180 mil personas más o menos. De acuerdo con las conclusiones del informe de la comisión investigadora, el error sería de casi un 10 por ciento en las cifras. O sea, alrededor de un millón personas no contadas.

A pesar de las tentaciones, no se trata de festejar el nuevo descrédito en el que cae el Gobierno de Sebastián Piñera. La pérdida para las estadísticas y el quiebre de la confianza pública son un daño que jamás podría celebrarse. Y no hablamos “sólo” del Censo y los más de 33 millones de dólares que el Estado perdió en los imprecisos recovecos de esta “medición”. Hablamos, también, de la pérdida de credibilidad de la CASEN; de las cifras de delincuencia, de las del fin de las listas de esperas en salud, de las de la reconstrucción. Hablamos de todas esas “metas cumplidas” que no han hecho otra cosa que rebajar el patrimonio estadístico de nuestra República a la calidad de propaganda política mal hecha.

Pero no nos portemos como inútiles subversivos y atengámonos a la derechista premisa de pensar hacia adelante y no quedarnos en el pasado. Aun así, surgen unas cuantas preguntas para la comisión investigadora y para quienes tendrán que hacerse cargo de este y otros desastres.

La primera tiene que ver con la modalidad de contratación y pago de los censistas. La comisión estima que es un error pagar a los censistas un monto fijo en lugar de pagar por cuestionario realizado. Sin embargo, y aun entendiendo que debe haber metas a cumplir para asegurar la eficiencia del proceso, ¿no es esto un perverso incentivo para seguir llenando datos al achunte? Cuando el levantamiento primario de la información está condicionado por los incentivos económicos, ¿podemos confiar en que esa información será levantada en condiciones adecuadas en todos los casos? En la modalidad anterior de Censo, dos encuestadores estaban a cargo de censar cada casa y la clave del proceso era el monitoreo, no el estipendio.

Segundo, si la comisión propone un censo abreviado, ¿de qué modo se va a garantizar la corrección efectiva de las enormes e insospechadas falencias que este censo abrió? Si no se aplica todas las variables, ¿qué concluiremos sobre aquellas que no sean incluidas en el censo abreviado? Y sobre todo, ¿cómo se hará para comparar variables entre un censo y otro, aspecto esencial para observar y evaluar tendencias y resultados de políticas públicas o cambios culturales en el tiempo?

Tercero, ya que el gobierno próximo tendrá que asumir el costo de un nuevo censo, ¿se incluirá una glosa específica para este efecto en la ley de presupuesto? ¿Se sumará el monto al de libre disposición que se acostumbra cuando hay cambio de gobierno? ¿O es muy rasca mi pregunta y es mala educación hablar de plata?

Y mientras la prensa oficial (o digámoslo con todas sus letras: El Mercurio) sigue citando con total impunidad los datos de la Casen para hablar del progreso en este Gobierno, una gran lección amenaza con pasar desapercibida: ha sido únicamente gracias a los esfuerzos ciudadanos en sitios como este, que denunciaron en su momento, gracias a los profesionales probos del INE y sobre todo, gracias a la prensa que actúa de modo independiente, que esta información ha salido a la luz. Tarea para quienes creen que basta con el enunciado de libertad de prensa (en un contexto de medios masivos aplastantemente favorables al oficialismo) para que la información circule. Porque lo que la denuncia hace, en este caso, es ejercer el control ciudadano. No en beneficio de unos pocos, como busca el oficialismo, sino en defensa de los… eh… caleta de millones de chilenos. Y claro, sus respectivos árboles.

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Comentarios

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Oscar Encina

15 de agosto

Pablo Longueira tiene que responder por el fracasado Censo está escondido tras una supuesta «depresión».
Este fue otro negociado ideado por los herxselentes UdiRn para saquear al Estado. La «capacitación» de los que iban a censar, dbe ocultar triangulaciones millonarias a los empresarios amigos que dieron esas capacitaciones, lucraron con la «educación»
otra vez.
El otro fracaso de longueira es el Sello SERNAC, nadie lo pescó.

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