Si bien las primarias tienen vicios que es preciso anticipar y subsanar, son un mejor mecanismo para la selección de candidatos que aquellos que se realizan a través de comisiones electorales al interior de los partidos, que muchas veces carecen de legitimidad y representación no sólo a nivel de la ciudadanía, sino que al interior de los propios partidos.
Las primarias se han convertido en un hecho irreversible para nuestra democracia, al punto que hoy sería altamente inexplicable que un partido o conjunto de partidos buscara legitimar una candidatura por otra vía que no sea este mecanismo de selección abierto y transparente de cara a la ciudadanía. Esto, por cierto, vale tanto para la elección presidencial como para las parlamentarias del próximo año.
Las elecciones primarias tienen un conjunto de virtudes para el sistema político; entre ellos: son un mecanismo de democratización del sistema y de fortalecimiento de la democracia interna de los partidos porque da a la gente y/o a los militantes el derecho a escoger. Ante la desconfianza en las instituciones propias de la política (los partidos, el parlamento, el gobierno), la celebración de elecciones primarias puede contribuir a favorecer la imagen de los partidos frente a la opinión pública, abriendo la competencia. Posibilita la generación de un proceso previo a la elección misma de renovación de las agendas y de los programas. Esta es una cuestión relevante porque podría ser una oportunidad para que, en la lógica de las coaliciones políticas, se resuelva las disputas internas en torno a proyectos y programas.
No obstante, es importante advertir que las primarias tienen ciertos riegos y vicios que es preciso evitar. En primer lugar, la posibilidad de que participe un número reducido de personas que constituyen una minoría extremadamente ideologizada; los datos en este sentido no son alentadores si se considera los bajos niveles de participación en la primaria de la Concertación de 2011 y en la elección municipal de 2012. La movilización del electorado es clave en ese sentido, pero evitando la posibilidad del afamado “acarreo” o clientelismo político, cuestión que no está debidamente sancionada en nuestra legislación (aunque hay normas estatutarias en los partidos que la sancionan, pero cuya efectividad está en duda).
En segundo lugar, las primarias en general debilitan el rol del partido como intermediario entre la sociedad civil y el espacio de la toma de decisiones, porque le resta importancia en la selección de candidatos; ello es muy relevante si se considera los bajos grados de simpatía que expresan los chilenos por los partidos políticos (uno de los peores de América Latina, de acuerdo a la encuesta LAPOP).
En tercer lugar, en un escenario político donde las mujeres tienen enormes dificultades para acceder a posiciones de poder, la primaria se puede convertir en un mecanismo que genere aún más restricciones a su participación. De hecho, en la primaria de la Concertación apenas el 16% de las candidaturas eran mujeres y en la reciente elección municipal hubo menos candidatas mujeres que el 2008 (de 17,5% a 14,4%). En esta perspectiva, resulta increíble considerar que ninguna de las indicaciones para favorecer la participación de las mujeres en las elecciones primarias haya sido aprobada por el Congreso en el proceso de discusión del la iniciativa que dio lugar a esta ley bajo el argumento de la “meritocracia”. El mérito puede ser una realidad donde las condiciones para la participación y competencia aseguran la igualdad en la partida, cuestión que para las mujeres en política está lejos de suceder.
En suma, parto de la base que si bien las primarias tienen vicios que es preciso anticipar y subsanar, son un mejor mecanismo para la selección de candidatos que aquellos que se realizan a través de comisiones electorales al interior de los partidos, que muchas veces carecen de legitimidad y representación no sólo a nivel de la ciudadanía, sino que al interior de los propios partidos. En tal sentido, es claro que la primaria es una realidad y un proceso irreversible en Chile, que requiere ser observada a la luz de la construcción de una democracia de mayor calidad.
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