Las últimas declaraciones de Sebastián Piñera, con respecto a la crisis chilena de 2019, fue causal de polémica, ya que emitió una tesis anticomunista y carente de sustentabilidad jurídica- social.
«Un golpe de Estado innovador», fue la alusión directa e incluso, imputación arbitrarias a una congregación masiva ciudadana que manifestó su legítima indignación y protesta ante demandas del pueblo chileno.
Un golpe de estado: Es un acto que vulnera sistema democrático y derechos humanos fundamentales. Protesta: Es un derecho legítimo ciudadano de rebeldía, ante cualquier clase de injusticia social o conflicto social.
Recordemos que una de las primeras palabras de Piñera, en el inicio del estallido social, fue: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso». Sin embargo, nunca logró identificarlo, ni presentación jurídica de estadía de ese «supuesto enemigo».
Típica aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (EE.UU) y utilizada desde fase de Guerra Fría. En la mayoría colectiva, está el hecho que Piñera respaldó a la dictadura chilena y dictador. En 1998, durante el proceso judicial de Pinochet, Sebastián Piñera, exigió el «retorno del General y por razones humanitarias». Ese discurso, está documentado en material dialéctico. Por ende, no es creíble, su «supuesta oposición » a la dictadura chilena. Incluso, traspasó límites éticos, justificando el golpe como » Salvador Allende instalarla una dictadura marxista», eco reiterativo de la teoría conspirativa del » Plan Zeta».
Se requiere medios masivos comunicaciones que desmienta tanta mentira y desinformación. Este similar situación, ocurrió con estallido social de 2019. Ha transcurrido casi 4 años de ese evento y existe cero autocrítica de Piñera.
La asociación arbitraria de violencia a movimientos sociales, carece de un fundamento sólido, en cualquier sistema político democrático, la organización política-ciudadana, es el eje de un Estado social de derecho
Un mínimo código ético de un Jefe de Estado, no debe declarar «guerra al pueblo», sino generar de condiciones sociales de derechos sociales y fomentar de participación ciudadana.
Si cada crisis social fuese resuelta con una política criminalizadora, ( tal como ha sucedido en múltiples procesos sociales y a nivel global), habría muerte, dolor y sufrimiento. También, la asociación arbitraria de violencia a movimientos sociales, carece de un fundamento sólido, en cualquier sistema político democrático, la organización política-ciudadana , es el eje de un Estado social de derecho y la gran marcha del 25 de octubre de 2019, fue ejemplo notable de la gran capacidad humana y social ciudadana.
Un real pacto social, es logrado con voluntad y conciencia social. No nos equivoquemos, el 18 octubre de 2019, fue una crisis social y no un «golpe de Estado».
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abechtold
Sobre todo viendo lo que ha pasado después, se tendrán que analizar dos temas asociados:
1) Redes sociales
2) Criminales venezolanos
Las cosas nunca son tan claras. Cuando algo es demasiado evidente no hay disputa; en general las cosas tienen verdades a medias, por lo que se produce el conflicto.
Lo que pasó el 18 de Octubre no fue algo normal; fue algo que tuvo ingredientes que todavía no descubrimos. Pero SI canalizó cosas que estaban guardadas, por lo que la clase política no debe olvidar esa nefasta fecha
Sld