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Justicia transicional sin mano dura en Araucanía: la solución política

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Una idea de sentido común se repite con matices en diversas propuestas.
En la propuesta de candidatura a Senador de Aucán Huilcamán, proclamada hace pocos días, figura este punto 8:
«Promoveré la creación de una “Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Araucanía” para disponer de un estándar de la verdad y cuya verdad debe representar el esclarecimiento de los hechos, disponer de medidas reparatorias e indemnizatorias a las víctimas y establecer instituciones aceptables para una relación firme y duradera en la Araucanía. Mi lema será “Verdad, Justicia y Paz en la Araucanía”.»

En las Bases Programáticas del candidato presidencial Alejandro Guillier (p 7-8), por su parte, aparece esta idea:
«Creemos que el diálogo intercultural sin exclusiones es necesario para construir una convivencia en la diversidad, orientada al buen vivir y exenta de violencia. El conflicto debe transformarse en diálogo, encuentro, debate institucional, construcción de nuevas instituciones y cooperación para superar juntos las causas que lo originan. Una comisión mixta y multicultural propondrá las medidas operacionales necesarias para abordar los desafíos de la restauración de confianzas y reducir la probabilidad de controversias o conflicto.»
Estas ideas recuerdan la que aparecía en el Programa presidencial de Michelle Bachelet de 2013, donde aparecía esta propuesta (p 176-177):
«Una comisión de personalidades representativas de la sociedad chilena e indígena estudiará los casos judiciales que se han producido como resultado de la aplicación de ésta ley, investigará las denuncias de violencia y abuso policial contra comunidades indígenas, particularmente mapuche y rapa nui y sobre todo respecto de los niños y niñas mapuches; y dará especial atención a las familias indígenas y a los pequeños parceleros afectados por las situaciones de tensión vividas en la Región de la Araucanía. Esta Comisión propondrá, en el plazo de 6 meses desde constituido el nuevo Gobierno, las medidas y recomendaciones necesarias para atender todas estas situaciones de manera adecuada y con respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.» 


La propuesta de un mecanismo de justicia transicional es la genuina alternativa a la propuesta de «Paz para la Araucanía» que recoge el Plan Araucanía del gobierno, la cual reitera las propuestas gastadas del pasado, revalida la política de mano dura y propone reparaciones unilaterales sólo para las víctimas de violencia mapuche.


Como es sabido, la medida del programa de Bachelet nunca se llevó a la práctica, dentro de tantos otros errores y horrores en materia de pueblos indigenas desarrollados por el gobierno en curso. Quiero destacar, sin embargo, que la idea está ahí, referido a la creación de un mecanismo de justicia transicional, que esclarezca verdades y proponga reparaciones, que restaure confianzas y ayude a generar bases para un entendimiento que resuelva el conflicto.

La justicia transicional busca restaurar el Estado de Derecho democrático y el imperio de los derechos humanos, y con ello, la legitimidad de la sociedad y el Estado, en contextos donde la violencia estatal y/o de la sociedad han destruido o alterado la convivencia social, de una manera en que la intervención de las instituciones jurídicas normales no es eficaz o promueve respuestas que agravan o escalan el conflicto en lugar de resolverlo.

Precisamente, en Chile, la aplicación del derecho penal para el conflicto del sur, en lugar de revalidar el Estado de Derecho, ha contribuido a incrementar el conflicto y a deslegitimar las instituciones de la justicia. Los hechos violentos no han disminuido; la aplicación incorrecta de la legislación antiterrorista, a situaciones de simple violencia política, condenada por la Corte Interamericana de DD.HH. en el caso Lonkos; así como en general la intervención del derecho penal en el sur orientado por la visión del «enemigo interno», ponen en tela en juicio el rol de la justicia ordinaria en conflictos como el referido. La amplificación de los recursos de represión policial y las formas agresivas de control, han generado situaciones de vulneraciones a los DD.HH. de los ciudadanos mapuches que han sido reportadas constante por organismos internacionales de DD.HH., generando mayores daños.

En cambio, hemos visto como mecanismos de justicia transicional, como la Comisión Rettig y la Comisión Valech, han servido en el país han contribuido a que avanzaremos efectivamente mucho más de lo que se creía para resolver los casos de violaciones a los derechos humanos por la dictadura militar.

Las propuestas de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato fueron prometedoras en su tiempo, pero la falta de implementación de ellas ha sido un factor determinante en que llegáramos a la situación actual el abismo de desconfianza en los Pueblos Indígenas y el Estad chileno.

En otras latitudes, como Guatemala, Canadá y países africanos, las comisiones para la verdad y mecanismos similares han debido tratar con diversos conflictos de índole étnico-nacional, y han propuesto medidas para contribuir a restaurar las confianzas perdidas en conflictividad es que pueden sus raíces en procesos históricos de dominación y violaciones de DD.HH. de larga data.

La propuesta de un mecanismo de justicia transicional es la genuina alternativa a la propuesta de «Paz para la Araucanía» que recoge el Plan Araucanía del gobierno, la cual reitera las propuestas gastadas del pasado, revalida la política de mano dura y propone reparaciones unilaterales sólo para las víctimas de violencia mapuche. Esta es la vía para que las partes, de manera bilateral, apoyados por un mecanismo de justicia procedimental, converjan en verdades, superen desconfianzas, reconozcan vulneraciones a los DD.HH. y sienten bases de acuerdos que pongan fin a la violencia.

Este mecanismo junto a un reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad, autodeterminación, autonomía, los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, junto con la reformulación participativa de las políticas indígenas y de recursos naturales, constituye la vía política y racional para terminar con la demencia de la solución de «seguridad pública» para los conflictos del sur, del mal llamado conflicto mapuche.

TAGS: #ComunidadesIndígenas #DDHH #Mapuche #PazParaLaAraucanía

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20 de agosto

Pienso que el planteamiento de Aucán Huilcamán es adecuado y necesario. Mi postura de fondo en torno al tema mapuche es que deben abrirse paso a postulaciones de mapuches a cargos del Estado, particularmente en la Araucanía, porque eso le daría un cierto sesgo hacia el asunto mapuche que le brindaría la oportunidad de tomar medidas correctivas en torno a la violencia que se dice que sufren algunas familias o comunidades mapuches. Igualmente podría canalizar por vías institucionales, aunque camine lento, las aspiraciones mapuches. Las pondría en la mesa con una prioridad y vitrina de mayor importancia y espectro y así se tendería a que los problemas se analicen con mayor profundidad, tiempo y participación de toda clase de entidad.

Para tal caso, insisto en que se hace necesaria una Cámara Ciudadana Digital, página web que incluso el pueblo mapuche podría proponer de forma independiente para simular su operación, de manera que en ella se viertan los antecedentes del tema y el resto de la población se eduque un poco más en torno a él. De esa manera se genera un consenso colectivo, analizado lo que sucede, y se puede discutir sobre las posibles formas de solución, desmenuzando lo que significan para atender al cómo se pueden implementar.

Esa misma Cámara serviría para organizar una serie de discusiones en torno a otros temas de los que poco o no mucho se dice, pero, que es necesario tratar. Entre ellos, nuestra democracia, economía, Presupuesto, desarrollo local, etc..

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