El Estado puede optar por continuar con su política centralista, poniendo mayor esfuerzo en comprender las necesidades regionales, o puede aceptar que atender las demandas específicas de 15 regiones distintas es una tarea que lo sobrepasa. Lo primero demostró ser inviable y continuar en esa senda sería de una testarudez absoluta. Peor aún, al aparecer movimientos organizados en búsqueda de la satisfacción de sus peticiones, el Estado quedará atado de manos al no poder entregar respuestas simultáneas y surgirá el fantasma de la ingobernabilidad. Tomando la segunda opción, el Estado puede apelar a la sensatez y dividir su poder en sucursales gubernamentales regionales autónomas para que éstas atiendan las necesidades de cada región y así, no sólo elimina la burocrática relación entre Santiago y demás regiones, sino que aumenta la calidad de las respuestas que estos sub-gobiernos puedan entregar
El centralismo daña profundamente el desarrollo de las regiones de Chile. Esta frase no nace de un análisis valórico, sino pragmático: hoy Santiago es Chile y las regiones deben rogar para que este padre sobreprotector e incapaz de comprender lo que pasa en cada rincón de una faja de más de 4.000 kilómetrosde longitud, solucione – insatisfactoriamente – sus demandas locales.
Esta situación alcanzó recientemente un límite crítico en la provincia de Aysén y posiblemente sean más las localidades que busquen respuestas por medio de movilizaciones ciudadanas. “El que no llora, no mama”, deben pensar al ver el ejemplo victorioso de los aiseninos, liderados por Iván Fuentes. Y tristemente es así. Al no existir autonomía regional ni autoridades con atribuciones políticas “reales” de gestionar soluciones, el único camino es implorar para que el Leviatán capitalino resuelva, por medio de parches subsidiarios, demandas de carácter estructural. Evidentemente esta forma de resolución de conflictos se desgastó, poniendo de manifiesto todas sus falencias, y los ciudadanos, hoy más empoderados y conscientes de sus derechos, saldrán a exigir que sus peticiones se cumplan.
En este sentido, hay dos posibilidades. El Estado puede optar por continuar con su política centralista, poniendo mayor esfuerzo en comprender las necesidades regionales, o puede aceptar que atender las demandas específicas de 15 regiones distintas es una tarea que lo sobrepasa. Lo primero demostró ser inviable y continuar en esa senda sería de una testarudez absoluta. Peor aún, al aparecer movimientos organizados en búsqueda de la satisfacción de sus peticiones, el Estado quedará atado de manos al no poder entregar respuestas simultáneas y surgirá el fantasma de la ingobernabilidad. Tomando la segunda opción, el Estado puede apelar a la sensatez y dividir su poder en sucursales gubernamentales regionales autónomas para que éstas atiendan las necesidades de cada región y así, no sólo elimina la burocrática relación entre Santiago y demás regiones, sino que aumenta la calidad de las respuestas que estos sub-gobiernos puedan entregar. En la actualidad, las autoridades encargadas de estas tareas no están empoderadas realmente y, por lo tanto, son poco eficaces. Además, al ser nombradas a dedo por el Gobierno de turno, están deslegitimadas en términos de representación popular.
Pero, ¿Por qué es importante la autonomía política? Más de alguno podría pensar que con las actuales estructuras institucionales es suficiente y que apenas faltaría entregar más recursos para lograr exitosamente la tan anhelada reivindicación regional. Sin embargo, los levantamientos ciudadanos en Aysén, Calama, Pelequén y Punta Arenas revelan que los problemas no se solucionan mediante la inyección de recursos económicos. De hecho, bajo un análisis macroeconómico*, vemos que Aysén tiene un PIB per cápita regional superior al promedio nacional y cercano al de Santiago. Notamos, también, que Punta Arenas está a la par de Santiago en este mismo indicador y que Calama pertenece a Antofagasta, lugar con el más alto PIB regional de Chile, similar al de países desarrollados. Estas cifras indican con claridad que el problema que hoy sufre nuestro país es más que un simple conflicto económico y que debe solucionarse con la división horizontal del poder entre las regiones, esto es, concebirlas como unidades ciudadanas políticamente autónomas y capaces de autogobernarse.
El propósito de este cambio es la reivindicación regional mediante la descentralización, pero acarrea virtuosamente, además, otras importantísimas consecuencias: Incentiva la participación ciudadana mediante la elección de autoridades por voto popular, lo que involucra directamente a las personas en el desarrollo regional (es decir, mejora y profundiza nuestra democracia) y, conjuntamente, permite avanzar en un sistema de cooperación interregional, ya que se elimina el justificado malestar que provoca ver cómo los recursos generados por las regiones parten mayoritariamente a Santiago.
El cambio es grande y atenta en contra del histórico presidencialismo que ha reinado por décadas en Chile, pero los beneficios son tales, que bien vale la pena tomar esta alternativa como una opción válida para terminar de una vez por todas con el nocivo centralismo de nuestro país.
* Estimación del PIB regional en base a datos del Banco Central y el INE, realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo.
** Si compartes lo afirmado en esta entrada, te invitamos a adherir y difundir la acción «¡No al centralismo! Gobiernos regionales elegidos por voto popular.«
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