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Estado policía o la agenda corta anti delincuencia

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La comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento del Senado, nos ha sorprendido una vez más a través de su fecundo trabajo legislativo, ya el día miércoles los senadores Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), Pedro Araya (IND), Felipe Harboe (PPD), y con el voto en contra de Alfonso de Urresti (PS), aprobaron dos polémicos puntos en el contexto de la discusión de la denominada “agenda corta anti delincuencia”. El primero dice relación con el control preventivo de identidad, y el segundo con la posibilidad de penas de cárcel en caso de supuestas agresiones a carabineros que no dejen señales visibles


Hoy en Chile se ha instaurado una política del miedo, donde aquellos que aspiran a ser representantes se postulan a cargos de elección popular traficando con la inseguridad, vistiéndose a sí mismos como súper policías que ofrecen solucionar los problemas que la televisión y demás medios de comunicación nos dicen que tenemos.

Con respecto al control preventivo de identidad,  son obvias las aprehensiones que genera en la sociedad luego de las nefastas consecuencias que se originaron a través de la aplicación de la detención por sospecha durante la época de dictadura y los primeros años de retorno a la democracia. Más aún, si consideramos que gran parte de los funcionarios que abusaron de esta institución se encuentran en servicio activo dentro del cuerpo de carabineros.

En esto hay que ser claro, no estamos tratando de justificar la impunidad, pero debemos tener mucho cuidado cuando abrimos una puerta de entrada a la arbitrariedad policial, ya que hoy, existen poco menos de 2 millones de detenciones por sospecha al año, donde solo un porcentaje residual es judicializado y por tanto revisada la legalidad de la detención. Hoy, nuestros senadores buscan justificar que, un policía de forma arbitraria, considerando los factores de discriminación a ciertos grupos de riesgo o la posibilidad de represión a manifestaciones ciudadanas, detengan por cuatro horas a cualquier persona que por descuido u olvido no porta un documento de identificación.

Quizás en este punto usted todavía no considera especialmente grave este asunto, y crea que más vale cien pájaros presos que alguno volando, pero no olvidemos el contexto y relacionémoslo con la segunda indicación, es decir, con penas de cárcel en caso de supuestas agresiones a carabineros que no dejen señales visibles.

Fuera de las consideraciones individuales sobre esta idea, que permite no solo arbitrariedad policial, sino que los exime de la carga de la prueba e introduce un terrible elemento de extorsión a toda la actividad policial, los invito a imaginar el siguiente escenario: un día, usted se levanta a pasear por las apacibles calles de su ciudad, la policía, ya sea en persecución de un delito, presionada por sus jefes o la opinión pública, lo detiene con la necesidad de resolver un delito. Usted ha olvidado su cédula de identidad y es llevado a la comisaría más cercana. Aquí en el interrogatorio usted es amenazado con penas de cárcel por el delito de agresiones no visibles, si no aporta elementos que ayuden a la investigación, ¿y si nada sabe? ¿Llegaría al punto de inmolarse, o peor aún, sería alguien capaz de incriminar a un tercero y fabricar evidencia?

Las posibilidad de extorsión policial y la fabricación u obtención de prueba ilícita a través de estas dos figuras ofrece combinaciones infinitas que parecen sacadas del guión de “En el nombre del Padre” (1993) de Jim Sheridan. Lo triste es que el caso de «Los cuatro de Gilford”, en que se basa a película, efectivamente sucedió en el Reino Unido en 1975, y solo es un caso más dentro de tantos otros, donde la actividad de la policía ha sido liberada de sus controles y regulación por parte de la sociedad civil.

Hoy en Chile se ha instaurado una política del miedo, donde aquellos que aspiran a ser representantes, se postulan a cargos de elección popular traficando con la inseguridad, vistiéndose a sí mismos como súper policías y ofrecen solucionar los problemas que la televisión y demás medios de comunicación nos dicen que tenemos. Esto siempre a través de más presencia de carabineros y militares en las calles, y asegurándonos que mientras les demos la libertad y atribuciones suficientes para que paguen justos por pecadores, nuestras almas y posesiones serán salvadas.

En esto, lamentablemente senadores como Felipe Harboe y Alberto Espina se han vuelto expertos. Incluso el mismo nombre de la iniciativa, “agenda corta anti delincuencia” parece un sin sentido, como si existiesen soluciones rápidas y sencillas a problemas tan profundos como la pobreza y la desigualdad, madre y padre respectivamente de la delincuencia. No me extraña que esta iniciativa provenga de estos representantes que, no dudo, estarían de parte del Gran Hermano en las novelas de George Orwell o de la Corporación OCP en las películas de Verhoeven. Lo que si me extraña, es que existiendo tanta gente consciente de nuestros problemas y el errado criterio de nuestros legisladores, siga absteniéndose o votando por ellos en las elecciones. Manifestémonos, el futuro es nuestro.

TAGS: #Delincuencia #SeguridadCiudadana Control de Identidad

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Comentarios

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Daniel Rojas

29 de enero

¿ Cual será el justo camino por el cual todos deberíamos transitar?

Lucho

30 de enero

El artículo muestra sólo una cara de la moneda, Sin estar de acuerdo con el control, creo que todos los sectores de la sociedad tienen derecho a manifestarse y mediante sus representantes en el congreso buscar proteger sus intereses. Como bien lo dice el artículo el problema de fondo es la desigualdad social, sin embargo hay que tener en cuenta que la reforma procesal penal protege exesivamente a los delincuentes y esta creando una generación que pretende vivir de la delincuencia, no para sobrevivir como en antaño, sino que para tener una vida de lujos a expensas del esfuerzo de los demas, Total pueden deambular libremente por la calle sin que se les pregunte ni el nombre para comprobar antecedentes. Hay que vivir la delincuencia en carne propia y luego sentir la impunidad, para entender a un sector de chile, que si bien es acomodado, tiene derecho a buscar seguridad a través de sus representantes.

31 de enero

¡SÍ SE PUEDE TERMINAR CON LA DELINCUENCIA!
Pero hay algunas premisas que obligadamente debemos considerar:
– La solución es de país, debe ser una política integral de estado, si existe algo similar en marcha, este es local. Si el problema es nacional, la propuesta debe ser nacional. No hay que andar con futilidad.
– Chile es un país policíaco. Todos estamos detectados, los delincuentes hasta sus preferencias y número de calzado.
– Sabido es que medidas restrictivas de fuerza daña nuestra imagen país, colisionamos con los derechos humanos, la comunidad internacional y con todo, al parecer no soluciona el problema.
– Un artesano: Albañil, pintor, mueblista etc. Por alguna eventualidad es encarcelado, corre el riesgo con altas probabilidades, de perder interés en sus habilidades, desorientado es fácil presa de tentaciones aprendidas en su reclusión.
– Estándares internacionales son un gendarme por 5 reclusos. En Chile tenemos un gendarme por 180 reclusos.
– A que nuestra sociedad, por una parte y el modelo por otra, es parte del problema, donde la desigualdad con segregación se comportan como semillero infinito dónde emerge el flagelo. Consecuentemente estamos en deuda.
Ahora bien, creo que ha llegado el momento de generar un programa integral que centralice la solución al problema.

31 de enero

Mientras el flagelo avanza, la discusión es continua y siempre girando en torno a las mismas propuestas:
*Hay que endurecer las penas – No porque hay estudios comparativos que no demuestran su efectividad.
*Meterlos a la cárcel – No porque están llenitas.
*Licitar cárceles a privados (construcción y mantención) – Huele a negocio.
*Volver a estudiar la pena de muerte – Delicado, hay compromisos internacionales.
*Que la puerta giratoria – Lo dicho, cárceles saturadas.
*Educación – Hoy es un bien de mercado, financiamiento aporte familiar Chile 80%, EE.UU. 41%, Japón 50%. Es chutar el problema para 20 años más.
*Desocupación juvenil – Autoexplicativo.
*Modificar la ley de control de armas – Controlar y requisar las buenas armas que están en manos de gente honesta, misma gente que queda expuesta al delincuente con armas hechizas y peligrosamente efectivas.
*Responsabilizar a padres por hijos que porten armas – Uno delinque eventualmente van dos a la cárcel, que ya están saturadas.
*Segregación social – Falta hacer de Chile un país más igualitario.
*La culpa es de los carabineros.- Han demostrado ser eficiente.
*Que son los tribunales – En parte si, en parte no porque son las leyes.
*Es el Congreso – Es más de lo mismo de la enumeración expuesta.
*Son los Fiscales – No porque no. Alegan tener demasiada carga de trabajo.
*Que es la TV – Esto es echarle la culpa al empedrado.
*Que las medidas de prevención son insuficientes – Solo pensarlo es algo inocente
Responder al autor de este

Servallas

02 de febrero

He visto tanto, tanto, este tipo de comentario, de postura de cierta corriente política que dibuja un temor literario ante un potencial estado policial  que parece patológico, se usa mucho a Foucault ( por supuesto sin leerlo)  para desacreditar la lucha contra la delincuencia. Quizás haya que recordar que estamos en un estado de derecho, que nuestra policía  es una de las mejores evaluadas por nosotros mismos, que la delincuencia no esta compuesta por luchadores sociales, y quizás lo más importante, que hay que hacer lo humanamente posible porque un acto de delincuencia no se cometa, y no se llegue a la victimización con su carga de dolor, sufrimiento e impotencia.

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