Un modelo emblemático de una política nacional y concreta de aplicación de las propuestas del proyecto social del buen vivir, en este caso en Ecuador, a fines de la primera década de este siglo XXI, y que ha quedado para un análisis latinoamericano de especificidad y factibilidad de este proyecto para nuestros países, lo constituyó la iniciativa llamada Yasuni ITT. Se trató de un proyecto de moratoria para la explotación petrolera en la reserva amazónica de la biosfera en los territorios del Yasunì de ese país.
El Yasunì es una región parque nacional de aproximadamente un millón de hectáreas. Geográficamente está cubierto por un bosque tropical de carácter amazónico y de altísima biodiversidad. Se encuentra muy poco penetrado por la tecnología de la civilización moderno-occidental, y prácticamente intocado por la ideología del desarrollo. Desde el punto de vista humano, lo habitan pueblos indígenas, algunos de los cuales viven en lo que se llama el “aislamiento voluntario” –o sea, comunidades que tienen un mínimo contacto con la civilización occidental dominante en la sociedad general.El balance de este esfuerzo por llevar a la práctica el proyecto social de un buen vivir demuestra las complejidades que implica, y expone las fuerzas sociales opuestas que enfrenta.
El buen vivir se presenta aquí como: 1) la decisión de respetar la vida en aislamiento de esos pueblos (el elemento de protección de las comunidades); 2) el respeto en general por las formas de vida humana en las selvas (el elemento de multiculturalidad); 3) la conservación de esos territorios en su calidad de selvas prístinas (el elemento de ecología); 4) el dejar sin explotación las reservas petroleras del subsuelo como opción por no desarrollar proyectos socioeconómicos de carácter primario exportador o extractivista (el elemento de cambio en las prioridades económicas de la sociedad contemporánea, postdesarrollo); 5) el aportar a la mitigación de los efectos contaminantes de la quema de combustibles fósiles (políticas respecto del fenómeno del calentamiento planetario); y 6) el continuar con el financiamiento de las políticas nacionales de reducción de la pobreza social (el elemento de democracia con equidad social).
El esquema de realización de esta política del buen vivir suponía la cooperación de la sociedad internacional. En las condiciones actuales de aumento global de las emisiones de gases de efecto invernadero, Ecuador se proponía llevar a cabo una iniciativa que favorecía la acción planetaria por la reducción de esas emisiones.
Aquí entró a jugar una compleja ecuación económica de raíz cultural moderna. Se calculó el valor monetario de los llamados “servicios ecosistémicos” que ofrecía la conservación de estas selvas y la no quema de esos millones de barriles de petróleo extraído –cuantificando el precio de los diferentes beneficios para la sociedad humana que se estimaban de esa conservación–. Luego, se estimó las pérdidas en ingresos económicos que había de enfrentar el Ecuador –considerando que el Estado nacional no contaría con los recursos petroleros para las políticas de redistribución de ingresos y erradicación de la pobreza–. La relevancia de este punto se entiende cuando se sabe este país como uno de mucha desigualdad socioeconómica, y con amplios segmentos de la población humana viviendo en condiciones declaradas de extrema pobreza.
La ecuación propuesta estimaba, pues, el valor monetario de los beneficios ecológicos y comunitarios de la moratoria petrolera y las necesidades de ingresos del Estado ecuatoriano para sus políticas sociales. De esta manera, el buen vivir llegaba a una consideración internacional. Su propuesta se orientaba hacia una estrategia de “todos ganan”, donde la comunidad internacional recibía un aporte sustantivo de prevención del calentamiento global, mientras el país latinoamericano podía contar con los ingresos económicos necesarios para la erradicación de la pobreza social.
La condición crítica del proyecto demandaba de la comunidad internacional ese aporte económico. Esto es, como participación de los países que llamamos desarrollados en una política de buen vivir –como una decisión de solidaridad con poblaciones empobrecidas de las regiones del llamado Sur global–. Buen vivir significó aquí, al mismo tiempo, beneficios internacionales y beneficios nacionales.
La iniciativa Yasunì ITT se lanzó hacia el 2010, y se detuvo en 2013. Falló la cooperación internacional. El fondo fiduciario que debía acompañar la moratoria petrolera no se cumplió. Entre las causas de este fracaso sin duda podemos nombrar el lobby internacional de las transnacionales petroleras que consideraron amenazados sus intereses de explotación: el ejemplo de Yasuni podía significar el comienzo de un cambio mundial del signo de las políticas petroleras.
La ecuación se vació en uno de sus términos. El gobierno del Ecuador decidió terminar con esta política del buen vivir. La entrada petrolera en el Yasuni se justificó en cuanto modo de financiamiento de sus políticas sociales. Se dio todavía un movimiento ciudadano que luchó en contra de esta decisión. Se intentó el llamado a un plebiscito nacional para una decisión con el Yasuni. Sin embargo, el gobierno de esos días cambió también sus orientaciones generales respecto del buen vivir –y, entre ellas, se comenzó a favorecer las políticas socioeconómicas proclives al extractivismo.
El balance de este esfuerzo por llevar a la práctica el proyecto social de un buen vivir demuestra las complejidades que implica, y expone las fuerzas sociales opuestas que enfrenta. Pero también pone a consideración que políticas públicas acordes con él son posibles, y señala la lógica que ellas pueden tener. Sin duda, como toda iniciativa política nueva habrá de resolver como enfrentar las fuerzas sociopolíticas que se le oponen. Habrá de madurar las estrategias que son más acordes con sus valores y su modo utópico.
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