Fuera de todas las tensiones internas propias de un partido político, donde las querellas que una y otra corriente de opinión tienen sobre cómo se gestiona la dirección del mismo, sintetizadas en las coyunturas internas (elecciones de todo tipo, entre otras) y externas en cuanto partícipe de una oposición política a un gobierno de derechas sin complejos, asumiendo el simbolismo práctico de haber sido el articulador de una centro izquierda transicional, que busca proyectarse también como eje articulador, ahora del mismo segmento político (más complejo) bajo un nuevo esquema institucional/político, con nueva geografía política/electoral (Frente Amplio, que lo desafía regularmente), tiene que, indefectiblemente, hacerse cargo de los efectos de la aplicación de la nueva ley de partidos políticos y electoral.
La tensa dinámica interna del Partido Socialista, siempre reconocida en el sistema de partidos, en esta oportunidad permitió develar una serie de situaciones atentatorias contra la democracia interna y externa del mismo, las cuales se explicarían en parte por una institucionalidad binominalista y un modelo de desarrollo neoliberal que ineludiblemente, atravesó y atraviesa todo el sistema político, económico y social chileno.
Ya lo indicó el informe de la Auditoría de la Democracia del PNUD 2014, describiendo el ciclo binominalizado del sistema político general y el de partidos en particular, como Individualización de la Política. Lo anterior, traduciéndose entre varias dimensiones, en la condición de partidos políticos prisioneros de sus mandatarios locales (concejales y alcaldes), regionales (consejeros regionales) y nacionales (diputados y senadores), generando los mismos un chantaje sobre sus tiendas partidarias, obligándoles no sólo a ser protagonistas monopólicos en la toma de decisión propia de la institución partidaria, sino que también para determinar sus propias reelecciones u otras candidaturas funcionales a sus intereses políticos – electorales (¡yo concejal, alcalde, consejero regional, diputado o senador, soy dueño de los votos!).
Desde ahí, un clientelismo multisistémico se instalaría, sea territorial o institucional orgánico, practicado regularmente por los mismos mandatarios (¿una mayoría de ellos?), que, buscando sus reelecciones o para avanzar en posiciones de poder territorial e institucional partidario, crean redes de favores, muchas veces ajenas a las ética y moral ‘política – ideológica’ que les singularizaría partidariamente.
Este fenómeno, se asociaría muy linealmente con el financiamiento ilegal de la política (casos PENTA, CAVAL y SOQUIMICH… antes caso MOP-GATE), horadando sistemáticamente estas instituciones políticas, dado el clientelismo circular que lograría tal acción. El militante ficha y el financiamiento ilegal de la política, si bien se explicarían desde la individualización de la política, la acción del narcotráfico, en este marco de análisis, no tendría por qué no involucrarse, más cuando la regla moral y ética, proveniente desde este fenómeno, dificultaría que los principios declarados de éste o cualquier otro partido, sean el eje de acción política.
A propósito de lo que experimenta el PS chileno en esta coyuntura, clasificaría con lo indicado, teniendo como chivo expiatorio a la estigmatizada comuna y municipio de San Ramón, junto con su alcalde y comunal socialista. En esta perspectiva, se entendería el abultado padrón del comunal de San Ramón, el cual implicaría casi el 10% de padrón total del partido socialista, hecho que da cuenta de la eficiencia y eficacia del comunal para reclutar militantes-fichas, según indicarían las voces disidentes del partido y múltiples analistas, encontrándose algunos que tienen (o tuvieron) problemas con la ley asociado con las prácticas del narcotráfico, es decir, no todos son narcotraficantes como se deja ver en sendos reportajes periodísticos y en alguna opinión de la disidencia socialista y otros. En este sentido, la individualización de la política y sus reglas éticas, más allá de los estatutos orgánicos e ideológicos siempre tan coherentes, han operado sin mayores dificultades, haciéndose incombustibles ante las evidentes crisis partidarias mejorándose y operando en la más pasmosa impunidad.
Posteriormente, tras los escándalos del año 2014 – 2015, la comisión Engels, proyectó recomendaciones que buscaron fortalecer la democracia por medio de: a.- mejoramiento del financiamiento público de la política, b.- ajuste de la ley de partidos políticos, c.- democratización del sistema electoral (de uno binominal a otro proporcional) d.- aumentando, además, el número de congresistas en la cámara baja y alta, siendo, otra medida urgentemente necesaria de asumir, e.- el polémico re-fichaje de militantes, situación que permitiría depurar el padrón de todos los partidos, sincerándolos, ya que los existentes (a aquella época) presentarían distorsiones que atentarían contra la democracia interna de los partidos.
En la coyuntura de estos días, se indica que ese acto, no sólo desafilió a militantes clásicos o ideológicos que no se volvieron a re-fichar, sino que con el apuro de lograr legalidad y asegurar financiamiento público/legal de la política partidaria, se habría acarreado a ciudadanas y ciudadanos que no tendrían ninguna adscripción hacia el partido por el cual firmaron, siendo sólo fichas funcionales a un sector o actor de un partido (cacique). Desde ahí, se entendería la oportunidad de ingreso de redes de narcotráfico siendo otra vez San Ramón el territorio símbolo de tal situación.
Cabe indicar, que desde la recuperación de la democracia, todos los partidos, unos más que otros, no generaban el apresto de pre-militancia o filtro que asegurase impedir los vicios clientelares (narcotráficos u otros), o bien, la instrumentalización de la cobertura partidaria para fines sólo laborales o de otra naturaleza… muy raramente se avanzó en la formación política sistemática de sus cuadros o militantes. Cabe indicar que la ley vigente obliga la ejecución de formación política, que gracias al ajuste de la misma, ahora sí habrían recursos para implementar estas acciones internas, que claramente no fueron asumidas debidamente desde el año 2015 – 2016 cuando entraron en vigencia las nuevas disposiciones. Hay que conceder que ello, debe entenderse en un marco de proceso. Desde 1990 en adelante la práctica, ha sido la ficha.
Desde la recuperación de la democracia, todos los partidos, unos más que otros, no generaban el apresto de pre-militancia o filtro que asegurase impedir los vicios clientelares
En este cuadro, se entendería el reclamo en el PS (¡otro más!): los proyectos políticos de desarrollo societal, estarían orientados inercialmente en el fortalecimiento de una democracia transicional con toda una institucionalidad que generó incentivos para ello, pasando por el sistema electoral binominal, ley de sistema de partidos políticos ad hoc, entre otros, inhibiendo la exploración tradicional de los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, cual es, por medio de la crítica de lo establecido, avanzar hacia modelos de sociedad transformadora, sobre todo para las clases sociales menos favorecidas.
En este sentido, la tensión interna y externa del PS de Chile, tan publicitada y que seguramente lo seguirá siendo en alguna cobertura, permitirá conocer muy pronto sus efectos, sea para los protagonistas disidentes de la misma, o bien, para los que asumieron la victoria de la elección.
Esta tensión podría entendérsele como otro ajuste del sistema de partido y político general, a propósito del nuevo esquema institucional en el cual opera. Un primer ajuste significativo, estuvo el año 2016, cuando se enfrentaron las elecciones subnacionales locales, donde se flexibilizaron los criterios de formación de partidos (sin perjuicio de su posterior rigidez), permitiendo la plataforma de lo que se vendría a conocer como la nueva coalición de partidos denominada Frente Amplio, integrada por partidos y movimientos sociales de izquierda, que a su vez activó el nuevo sistema electoral congresal proporcional, irrumpiendo con una bancada de veinte diputados y un senador, que sin perjuicio de la eficiencia en la ingeniería electoral de la coalición para enfrentar la justa, fue posible gracias a este ajuste legal/institucional.
En lo particular, una tarea autoimpuesta del PS de Chile (dirección, corrientes de opinión y otros organismos asociados al partido), muy institucional y cohesiva, debiese estar en calibrar los efectos de la nueva ley de partidos políticos y sistema electoral, más sus sistemas de financiamiento. Ayer, hubo fragmentaciones en el PS que devinieron en el MAS (referente del actual senador Alejandro Navarro), como también en el PRO (referente de MEO), teniendo una institucionalidad y un financiamiento más restrictivo, que el que hoy se encuentra vigente y con un efecto bien reconocido en estos días en el sistema político. Esta situación de análisis, debiese estar muy en consonancia con el efecto denunciado por la Auditoría a la Democracia, ya comentado, esto es, la Individualización de la Política… ¿la nueva institucionalidad y financiamiento asociado impedirán en el mediano y largo plazo este efecto? En términos de financiamiento, vía capitalización financiera, como por financiamiento público de la política (ingresos por votos vía elecciones para candidatos y partidos políticos), obligará avanzar en transparencia permanente, ya que el mote de un partido de izquierda con alta solvencia económica, será siempre una relación, que en nuestra idiosincrasia será legítima o ilegítimamente observada.
Paralelamente, y con sentido estratégico, quedará ver cómo se asume la idea de proyecto político transformador para la sociedad proveniente desde el PS de Chile. Los momentos de tensión, siempre evocan tales presupuestos, los cuales regularmente se les califica por expresiones internas y diversas del partido, como carentes de sentidos transformadoras, evocando el emblemático programa ideado en 1947 por Eugenio González. Hoy, el cemento político – ideológico que permitió la reunificación para enfrentar la transición, exigiría un nuevo eje convocante para abordar otro ciclo, no sólo por las cuestiones propias de la nueva institucionalidad antes comentadas, sino que por el nuevo y vertiginoso entorno global, donde la clásica relación capital – trabajo (automatización del trabajo), tiene que convivir con la de capital – medio ambiente (calentamiento global y conflictividad socioambiental) como también con las posiciones feministas, pueblos originarios, migraciones y otras consideraciones, situaciones todas que vienen a tensionar la identidad partidaria, muy necesaria de re calibrar hoy por hoy.
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