En todo cambio estructural socioeconómico en un país los dueños del dinero, es decir, del mercado, tienen un rol esencial, ya sea cooperando o abortando las transformaciones. Sucedió con el gobierno de Michelle Bachelet 2, con un rechazo visceral que rozó la sedición con un tan agresivo como soterrado lockout empresarial. El cambio estructural tranquilo bacheletista, sin duda, habría evitado el estallido social.
Nada indica que los dueños del dinero ―una élite que no supera el 1,01% de la población y que se lleva más de las terceras partes de las ganancias totales del país―, tengan ahora otra posición, además, con una propuesta mucho más reformista. Es más, la derecha chilena, que defiende intereses corporativistas en detrimento de las grandes mayorías, llegaron al fondo de su búnker ideológico ―la ultraderecha― clausurando toda posibilidad de modernizar su propuesta política con una derecha más ciudadana y liberal, modelo europeo, que sintonice con las grandes mayorías que apoyan un cambio de ciclo político y socioeconómico. Posesionarse en este último espacio ideológico extremo, es abolir toda posibilidad de sobrevivir al estallido social incorporándose a la última alternativa depredadora del ultraneoliberalismo global para subsistir: un sistema autoritario ultraderechista.
Esta arrogante élite empresarial-financiera ni quiere el modelo norteamericano ―sin cobertura social pero con sueldos altos para los que tienen trabajo y pueden pagársela―, ni el estado social modelo europeo que garantiza la protección social, y sólo proponen la ley del embudo para perpetuar unos privilegios privados impropios del nivel de desarrollo socioeconómico chileno. Sólo proponen sueldos-miseria y un Estado anoréxico que, sin recursos, no puede garantizar la repartición equitativa del poder, del ingreso y de la riqueza.La cooperación del mercado para implementar las reformas estructurales que apuntan a la construcción de la Sociedad del bienestar, no se ve por ningún lado
La cooperación del mercado para implementar las reformas estructurales que apuntan a la construcción de la Sociedad del bienestar, no se ve por ningún lado. Históricamente, durante más de un siglo todas las tentativas políticas para consolidar un Estado solidario en Chile han fracasado por la oposición tenaz de esta poderosa élite, en especial en estos 32 años de posdictadura.
Por otra parte, el mercado chileno debe asimilarse al estándar de los países de la Unión Europea que pertenecen, como Chile, a la OCDE. En Chile no existe un mercado postmoderno sino un oligopolio que se presta, por ello, a colusiones y corrupciones como su modus operandi natural; en Chile no existe la sana competencia del auténtico libre mercado. Un ejemplo: en Alemania, cuyo Estado tiene un 45% del PIB para financiar la Sociedad del bienestar, la regulación política del mercado permite que el dueño de farmacia sea farmacéutico y tener como máximo tres farmacias. Nadie puede afirmar que Alemania sea un país pobre y que esta regulación político-legal del mercado, afecte al empleo y al crecimiento económico.
Teniendo muy en cuenta que la propuesta de “Crecimiento con equidad” ha ganado casi ininterrumpidamente las elecciones en la larguísima Transición Chilena a la Democracia ―desde 1990 hasta 2026 la derecha habrá gobernado sólo 8 de 36 años―, y ante su brutal oposición corporativista sin respetar la voluntad popular, no veo otra posibilidad que consensuar un contrato socioeconómico con los dueños del capital, invitándolos a una negociación de cara a todo el país. Los dueños del capital y sus partidos políticos no pueden continuar conspirando contra la voluntad y la soberanía democrática.
Además, Chile debe institucionalizar el diálogo social entre las organizaciones de trabajadores-asalariados y la de los empresarios, pero deben llegar a la mesa negociadora con un poder simétrico. Para ello, se debe aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores donde la negociación colectiva tenga titularidad de los sindicatos de asalariados-trabajadores, los convenios se apliquen por sector productivo y no por lugar de trabajo (como ahora) y para todos los trabajadores-asalariados, estén o no sindicalizados. En el diálogo social institucional no participa el Estado sino sólo como árbitro en caso de graves desacuerdos; su exclusión premeditada evita que el diálogo social se politice y dependa del color del partido que ocupa el poder ejecutivo y legislativo. Si no se institucionaliza el diálogo social, Chile estaría perdiendo ser parte de la postmodernidad técnicocientífica al no poder garantizar la movilidad social por culpa de esta élite bimillonaria que controla una economía de última generación, pero que está encapsulada ideológica y socialmente en el siglo XIX.
Po lo demás, nuevos parámetros económicos deben adaptarse a la amenaza de la destrucción del ecosistema sí o sí, y esta es una oportunidad, en Chile y en el mundo, de conciliación económica, política y social para acabar con la depredación del medio ambiente y, al mismo tiempo, terminar con las obscenas desigualdades socioeconómicas que han cementado el terreno a la ultraderecha global negacionista del cambio climático, convirtiendo la devastación del medio ambiente y esta corriente ideológica en la amenaza más grave no sólo contra el sistema democrático liberal, sino contra la sobrevivencia de la vida en el planeta.
Éste es el mayor problema del gobierno de Gabriel Boric que, para solucionarlo, debe propiciar un contrato socioeconómico con la derecha corporativista y, principalmente, con el mercado; de lo contrario, el cambio lo abortarán. Nuevamente.
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