El Colegio de Periodistas lanzó la campaña por el #DerechoalaComunicacion. La ofensiva se inició con un video viral donde diversas personalidades públicas, junto a la presidenta de la orden Javiera Olivares, se sacan una mordaza para exigir derechos como libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información.
Es probable que para muchos esta demanda suene extraña. Lejana. De países exóticos, donde un equipo censor revisa los diarios en las etapas previas a su impresión, escudriña las películas antes que lleguen a las salas de cine o se arrodilla con reverencia ante el caudillo de turno.Seguramente esta campaña por el #Derechoalacomunicación tendrá su propia campaña del terror, acusando de radicales a quienes aspiramos a instituir el derecho a la comunicación en la Carta Fundamental.
Es lógico que así sea. El sistema social y económico vigente que existe hoy en Chile ha instalado un especial sentido común. El del mercado. Ya lo hemos visto con el agua, la educación, la salud, la previsión social. Hoy la comunicación es vista como un bien de consumo y no como un derecho. Donde el que más dinero posee, más acceso tiene. En el fondo, un privilegio supeditado al capital.
En Chile hemos llegado a tal nivel de concentración de medios que se ha limitado el ejercicio de las libertades asociadas. Y esto atenta contra la democracia. En el libro “Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América latina del Siglo XXI” (2009), que fuera patrocinado por el Instituto Prensa y Sociedad, los investigadores Martín Becerra y Guillermo Mastrini dan cuenta de ello.
Considerando los cuatro primeros operadores y sus audiencias, nuestra televisión abierta presentaba a la fecha del estudio un 92,6 % de concentración en términos de telespectadores, la radiodifusión un 23,9 % de radioescuchas y la prensa escrita un 92,51 % de la circulación.
Preocupante. Y más aún si revisamos los datos entregados por el Colegio de Periodistas en la campaña recientemente lanzada: “Un 80% de los diarios impresos son controlados por dos grupos, una sola cadena radial concentra veinte señales y el 50% de la torta publicitaria, mientras que se observa una creciente llegada del sector financiero a la televisión”.
Hablar de derechos no es hacerlo de bienes o servicios como cualquier otro. Son los que consideramos esenciales para el desarrollo integral del ser humano. La libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa lo son. Así lo estableció la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 cuando en su artículo 13 estableció que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Son precisamente estas garantías las que son conculcadas con la abismante concentración de medios en Chile. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 estableció que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
Más aún, estos medios no son inocuos. Están anclados a diversos y poderosos grupos económicos. Copesa (Saieh), que posee La Tercera, La Cuarta, Qué Pasa y El Pulso, está vinculada al retail, inmobiliarias, banca y seguros; Canal 13 (Grupo Luksic) tiene intereses en minería, industria, finanzas y alimentos; Mega (Solari) inversiones en el retail, hípica, sector inmobiliario, agrícola, viñas, trasportes, sanitarias; El Diario Financiero y Revista Capital (Grupo Claro) en metalurgia, cristalerías, vitivinícolas.
El informe “Política, dinero y poder: Un dilema para las democracias de las Américas” publicado en 2011 al alero de la Secretaría General de la OEA determinó que “esta situación de interpenetración de la prensa con intereses industriales plantea desafíos importantes, sobre todo para el resguardo de la independencia periodística. En particular, debe considerarse el problema de intereses cruzados que condicionan la cobertura de temas vitales que afectan a las empresas, desde políticas económicas hasta problemas laborales. Estas dificultades son especialmente sensibles en América Latina, donde, a diferencia de otros países, no hay una fuerte tradición de separación entre redacciones e intereses propietarios y gerenciales que ponga distancia entre intereses corporativos, líneas editoriales y notas informativas”.
Es esta realidad la que como Colegio de Periodistas, junto a múltiples otros actores, estamos dispuestos a enfrentar con la campaña por el #DerechoalaComunicacion. Es probable que la resistencia sea fuerte, a través de una alianza entre los grupos económico/comunicacionales con una parte de la ciudadanía acostumbrada a un sentido común que se trasviste de libertad económica individual, cuando no es más que la mercantilización de todos los espacios de la sociedad. Lo hemos visto claramente en el proceso de reforma educacional.
Y tendrá su propia campaña del terror, acusando de radicales a quienes aspiramos a instituir el derecho a la comunicación en la Carta Fundamental. Lo que no se ha comprendido es que este sistema es el radical. El que todo lo mercantiliza. Lo que intentamos muchos, entre ellos el Colegio de Periodista, es simplemente volverlo a su centro. Y eso es lo que nos esforzaremos en comunicar.
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