40 años financiando El Mercurio

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A 40 años del Golpe, surge la necesidad moral de que la responsabilidad por el terrorismo de Estado atribuible a personas e instituciones – públicas y privadas- deje de ser un mero ejercicio retórico, y se traduzca en señales concretas y perdurables que clausuren la repetición de la historia.

No dio nombres, ni lo hará. Para sorpresa y molestia de su base política, el presidente Sebastián Piñera incluyó a la prensa entre los “complices pasivos” de la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque indeterminada, la declaración  pone en el centro del debate -junto al accionar de los civiles y el Poder Judicial- la revisión del papel de los medios de comunicación afines a la dictadura cívico-militar.

El diario El Mercurio, en particular, ha escapado a la formulación de un juicio público respecto de su participación en el Golpe, su función como soporte de relaciones públicas del régimen y, desde luego,  el compromiso directo en operaciones de encubrimiento de crímenes perpetrados por éste. Con prepotencia, el medio y sus propietarios impiden, hasta ahora con éxito, la difusión en televisión abierta del documental El Diario de Agustín. El reciente episodio de censura de ese trabajo en TVN e incluso en el canal de cable ARTV, revelan el poder del periódico de Agustín Edwards. Y claro, del temor a la divulgación masiva de una verdad incontestable.

Frente a la presión pública, el Decano respondió el domingo 8 de septiembre, calificando como una injusticia “imputar a los medios responsabilidades por omisión que son fáciles de proclamar cuando se ha gozado de casi un cuarto de siglo de democracia”. Lejos del reconocimiento que esperaban algunos, la desafiante editorial niega de plano su responsabilidad – por acción y no por omisión-, desconociendo sin más los abundantes antecedentes que la acreditan.

De otro lado, el diario El Mercurio rentabilizó  su condición de medio paraestatal del pinochetismo.   Tal como consigna el Informe Rettig, “a partir del 11 de septiembre desaparecieron medios de comunicación escritos tales como El Siglo, Clarín, Ultima Hora, Puro Chile….”. La eliminación física de la competencia –que también benefició a La Tercera- tiene un valor económico difícilmente cuantificable,  en tanto configuró una posición dominante que conserva por décadas, operando como una sui generis subvención.

Y, como si nada hubiera pasado, por 40 años las instituciones públicas han vertido generosamente en las arcas del diario los recursos del avisaje estatal.

Más que arrancar un  mea culpa mercurial, improbable como ya se demostró, es pertinente reflexionar sobre la proyección que tiene, en esta materia, el compromiso del Estado con los derechos humanos.

Resulta  dudoso que el Estado democrático deba ser neutro respecto de un medio de comunicación que, de manera activa, desinformó con el objeto de encubrir y validar la ejecución, tortura y desaparición de miles de personas.  En otro ámbito, el Estado chileno adoptó, por ejemplo, la definición de no contratar con empresas que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores o que ejecutan practicas antisindicales.

Es este un buen momento para pensar seriamente en una revisión de la política de contratación de publicidad estatal, que considere la complicidad con las violaciones a los derechos humanos.

A 40 años del Golpe, surge la necesidad moral de que la responsabilidad por el terrorismo de Estado atribuible a   personas e instituciones – públicas y privadas- deje de ser un mero ejercicio retórico, y se traduzca en señales concretas y perdurables que clausuren la repetición de la historia.