El cambio climático es quizás el más complejo desafío que la humanidad debe enfrentar durante el siglo XXI y quizás el mayor en su historia. El último informe del IPCC es tajante al concluir que la gravedad de la crisis climática es innegablemente producto de la actividad humana, la que ha provocado alteraciones de tal envergadura que en su gran mayoría ya son irreversibles. Sin embargo, aún estamos a tiempo de hacer transformaciones profundas que nos permitan ofrecer un futuro diferente a las nuevas generaciones. Para ello, la lucha por la justicia climática debe, entre otras cosas, incorporar un posicionamiento feminista interseccional que busque disminuir las brechas que afectan a mujeres, niñas y diversidades, proponiendo una visión más amplia respecto de las múltiples dimensiones que se intersectan cuando hablamos de desigualdad.
La justicia climática no puede seguir siendo un slogan, debe ser intergeneracional, interseccional e irrestrictamente comprometida con estrategias de gestión y políticas públicas que ponga al centro los conocimientos y experiencias de las mujeres en el uso de los bienes naturales
Los daños que provoca la economía extractiva que caracteriza a Chile, basada en la extracción desmesurada de bienes comunes, no afectan a todas las personas por igual: los países ricos, responsables de las mayores tasas de emisiones, están menos expuestos a los impactos que los países empobrecidos; y las mujeres y disidencias, niños/as/es, personas mayores, personas en situación de discapacidad, comunidades pertenecientes a las primeras naciones y afrodescendientes, son los grupos que sufrirán con mayor intensidad los efectos de esta crisis.
Las mujeres, tradicionalmente relegadas al espacio doméstico debido a la clásica distribución sexual del trabajo y los roles de género, son quienes cargan con las consecuencias de la crisis climática sobre el desarrollo de las tareas del hogar y el cuidado de sus comunidades. Una de estas consecuencias es la falta de acceso equitativo a servicios básicos generados a partir de bienes naturales tales como el agua, la energía y los alimentos, impidiendo que los hogares puedan satisfacer necesidades fundamentales y colocando sobre sus hombros la responsabilidad de resolver y enfrentar las barreras de acceso, suministro y gestión: son ellas quienes recolectan el agua en los territorios donde se han secado las fuentes vitales y deben buscar fuentes alternativas para asegurar el acceso, son ellas quienes siembran y cosechan los alimentos en la ruralidad para asegurar la soberanía alimentaria y quienes deben lidiar con el alza en los precios de los alimentos y los impactos de los agrotóxicos, y son ellas, también, quienes gestionan las actividades relacionadas con el uso de la energía, como la climatización, la cocción de alimentos y la utilización de distintos dispositivos para la satisfacción de sus necesidades domésticas, exponiéndose directamente a la contaminación intradomiciliaria generada por estos artefactos.
Las lógicas extractivistas que agudizan la crisis climática han primado por sobre la vida desde la escala doméstica en adelante, por lo que es importante observar y enfrentar sus consecuencias considerando la experiencia de las mujeres y cuerpos feminizados, evitando estereotipos y teniendo en cuenta su rol social, político y territorial. De esta manera, podremos transitar hacia estrategias y políticas públicas “de abajo hacia arriba”, eficaces, eficientes, contingentes y situadas.
En este año, la conmemoración del 8M en Chile vive un escenario promisorio. Se discute una nueva Constitución y asume una nueva administración, con un Ministerio de Medio Ambiente encabezado por la Dra. Maisa Rojas, una de las mayores expertas en cambio climático del país y Latinoamérica. Es el minuto para alzar la voz con fuerza y exigir una institucionalidad pública que ponga todos sus esfuerzos al servicio y resguardo de una vida digna. La justicia climática no puede seguir siendo un slogan, debe ser intergeneracional, interseccional e irrestrictamente comprometida con estrategias de gestión y políticas públicas que ponga al centro los conocimientos y experiencias de las mujeres en el uso de los bienes naturales, así como también los saberes de las organizaciones comunitarias. Esto permitirá crear estrategias más robustas para la implementación de acciones de mitigación, adaptación y resiliencia ante los impactos de la crisis climática.
Apostamos por una justicia climática interseccional que ofrezca un presente y un futuro que valga la pena ser vivido. Por ello, esperamos que el nuevo gobierno y los/as/es constituyentes sepan cimentar un porvenir esperanzador para construir “un mundo donde quepan todos los mundos”.
Durante este marzo feminista y todos los días, ¡vamos por la vida que nos deben!
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