Piñera disoció su discurso ambiental y su acción particular con el diseño de un nuevo marco institucional para las inversiones, debilitando así los derechos de los ciudadanos y desprotegiendo el medioambiente; poniendo el acelerador en procedimientos del tipo fast tracks para la aprobación de grandes inversiones en energía y minería justificándolo con la urgencia de llegar a una meta de 6% promedio de crecimiento, incrementar la tasa de inversión al 28% del PIB y alcanzar el estatus de país desarrollado a fines de la década.
Estamos a menos de 60 días del fin del gobierno de Sebastián Piñera y es tiempo de balances. Recordemos cómo el Presidente abría su primera cuenta pública en materia medio ambiental, el 21 de mayo de 2010: “El cuidado de la naturaleza y la protección del medio ambiente se han instalado en nuestras conciencias como un tema ético y prioritario. No podemos seguir irresponsablemente contaminando nuestro país y nuestro planeta. (…) La naturaleza y madre tierra están dando gritos desesperados de alerta. No podemos seguir ignorándolos”. El texto sembrado de la palabra sustentabilidad y frases como: “ser respetuosos con la gente y las comunidades”; “amigables con la naturaleza” o crear riqueza de la mano de “la protección del ambiente”, suponía buenos augurios en materia ambiental.
La gestión presidencial para impedir la construcción de la central termoeléctrica a carbón Barrancones en agosto de 2010 -pese a que había sido aprobada por la autoridad ambiental competente- sentó para bien o para mal un precedente, sobre la importancia que el gobierno daría a la protección de la biodiversidad y también sobre la debilidad de la institucionalidad ambiental dado que la intervención presidencial “resolvió” la calificación ambiental. Todo ello en el contexto de la inexistencia de una política energética.
El caso Barrancones, sin duda fue un triunfo de la presión ciudadana, pero mostró una dura realidad de discrecionalidad en la aplicación de la legislación ambiental en Chile. En los años siguientes, si bien el gobierno Piñera no aprobó la cantidad exorbitante de centrales termoeléctricas (matriz sucia) como si lo hizo el de Bachelet (42), ha dilatado desde 2011 el pronunciamiento del Consejo de Ministros sobre el proyecto HidroAysén.
Disoció su discurso ambiental y su acción particular con el diseño de un nuevo marco institucional para las inversiones, debilitando así los derechos de los ciudadanos y desprotegiendo el medioambiente; poniendo el acelerador en procedimientos del tipo fast tracks para la aprobación de grandes inversiones en energía y minería justificándolo con la urgencia de llegar a una meta de 6% promedio de crecimiento, incrementar la tasa de inversión al 28% del PIB y alcanzar el estatus de país desarrollado a fines de la década.
Un ejemplo de aquello es la Agenda Pro Inversión y Competitividad y sus dos líneas de acción: el Proyecto de Ley Pro Inversión (con ajustes puntuales a diferentes cuerpos legales para dar mayor certeza jurídica y simplificar trámites) y, un paquete de 20 medidas de gestión y reglamentos en las áreas de agua, minería, energía, evaluación ambiental, bienes fiscales y urbanismo.
De esta Agenda se desprendió la Ley Nº 20.701 que simplifica y acelera los procedimientos de las concesiones eléctricas, cuya aprobación otorgó privilegios a las empresas eléctricas y debilitó la protección de las comunidades afectadas y de los emprendimientos agrícolas y turísticos. En cuya tramitación, además, el gobierno se negó a excluir las áreas protegidas de los territorios a concesionar y se negó a aplicar la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de otorgar concesiones en territorios indígenas.
Todo esto pese a que en noviembre, Piñera había firmado el reglamento que establece la consulta indígena, como obligación del Estado para llegar a acuerdo sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectarlos directamente, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. El texto de este reglamento tampoco fue adecuadamente consultado, ni dado a conocer antes de su firma a los propios pueblos indígenas, por lo cual fue deslegitimado por las principales organizaciones y comunidades de pueblos originarios y, criticados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En el ámbito eléctrico el gobierno de Piñera formuló e intentó que el Congreso aprobara una ley para establecer una carretera eléctrica, donde el Estado le entregaba un trazado público de interés nacional, el estudio al sector privado y les otorgaba una concesión a perpetuidad para construir, operar líneas de transmisión y obviamente lucrar con dicho trazado público, lo que constituiría una franca discriminación con respecto a otros sectores productivos.
La misma agenda incluyó el llamado Proyecto Pro Inversión Minera (fast track minero) que hoy tramita el Congreso para simplificar y acelerar los procedimientos de otorgamiento de concesiones mineras, excluir a servicios como la DGA de la evaluación de los proyectos, disminuir garantías financieras y reducir las medidas precautorias para evitar la judicialización.
En la misma línea resultó el Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, Vds. N°40). Su entrada en vigencia, el 24 de diciembre de 2013, era de especial interés para la ciudadanía y los pueblos indígenas, ya que esta norma transparentaría la forma de consultarlos. El texto, además de las deficiencias en la consulta ciudadana desconoce los derechos indígenas, restringiendo su participación a un simple proceso de «participación ambiental ciudadana», ignorando el sentido y obligación que establece el Convenio 169. Tampoco el nuevo reglamento del SEIA fue resultado de un acuerdo de consulta válido con los indígenas.
Otro hito que fue en detrimento de la protección ambiental anunciada, fue la modificación de la norma de calidad de aire PM10. En secreto y sin consulta pública, se derogó la norma anterior y se promulgó una nueva que permite mayores emisiones de material particulado grueso. La nueva norma, relaja las exigencias para las empresas contaminantes y permite instalar más industrias sucias en zonas que hoy están saturadas, lo cual constituye una forma más de beneficiar a las industrias contaminantes a costa de la salud de la población y en contradicción del derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
En el ámbito de la contaminación atmosférica, el gobierno postergó la declaración de Santiago como zona saturada de material particulado fino (PM 2,5). La Ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, argumentó que la norma que declaraba a Santiago como una zona saturada de contaminación quedaría pendiente dada la prioridad de trabajar primero con las regiones del sur que tienen concentraciones más altas de polución. ¡Como si no supiéramos que su equipo puede trabajar simultáneamente en ambos frentes! Este hecho constituye un retroceso de los planes de descontaminación de la capital y perpetúa los impactos a la salud de seis millones de habitantes.
En el mismo ámbito, el gobierno de Piñera permitió mayores emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para la norma de emisión para centrales termoeléctricas promulgada en 2011, en relación al anteproyecto publicado en el Diario Oficial en diciembre de 2009 por el gobierno Bachelet. El actual gobierno eliminó la medición de metales pesados, vanadio y níquel, lo cual es un retraso normativo con respecto a la norma de incineración y coincineración, que desde 2007 norma la emisión de estos contaminantes tóxicos y cancerígenos.
Finalmente, si bien el gobierno de Piñera dio inicio al proceso de implementación de la nueva Ley ambiental 20.417 (promulgada por la Presidenta Bachelet en enero de 2010), con la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales y la Superintendencia de Medio Ambiente, quedó pendiente el proyecto que crearía el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Esta iniciativa -que quedó en fase de primer trámite constitucional en el Senado- completaba la instalación de la institucionalidad ambiental y Chile, por fin, iba a poder cumplir el compromiso adquirido en 1992 con el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, donde comprometió esfuerzos para proteger el 10% de sus ecosistemas para 2010.
Aunque los avances del gobierno de Piñera en materia ambiental son escuálidos, sí cabe destacar la aprobación de la ley que establece una meta obligatoria de 20% de energías renovables no convencionales (limpias) en la matriz eléctrica al año 2025. Si bien es cierto este proyecto estaba incluido en el programa presidencial de Piñera, su gobierno nunca lo envió al Congreso, y debieron ser los parlamentarios, encabezados por el senador Horvath, quienes redactaron y tramitaron esta ley, la cual sólo fue patrocinada por el gobierno cuando los senadores condicionaron la aprobación de la Ley de Concesiones Eléctricas, al patrocinio de la Ley de energías renovables.
También ha sido iniciativa parlamentaria la Ley de generadores residenciales (conocida como net metering), las iniciativas de reforma al Código de Aguas, las iniciativas para la protección de glaciares y la iniciativa sobre derecho real de conservación ambiental, lo cual revela mayor voluntad política del Parlamento para avanzar en la agenda ambiental que del Presidente.
Con todo hay que reconocer a Piñera una sensibilidad personal favorable a las Áreas Protegidas, lo que llevó a su gobierno a establecer nuevas áreas de conservación, como el recién anunciado Yendegaia, al sur de Tierra del Fuego, en Magallanes, de 150 mil hectáreas; el parque marino Sala y Gómez a 400 Km. de Rapa Nui, la mayor área oceánica marina protegida de 150 mil km2 o los Géiseres del Tatio.
Sin embargo, los avances en medio ambiente en estos cuatro años de gobierno estuvieron lejos del discurso ambientalista del Presidente Piñera en el inicio de su periodo y, en la práctica, su mandato no fue reflejo de la creación de riqueza de la mano de “la protección del ambiente.”, como tan enfáticamente lo anunció.
——-
Comentarios