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Cataluña, España y referéndum: La democracia en una encruicijada

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Ayer, 01 de octubre, parte de la comunidad de Cataluña, que se dice independentista, salió a las calles para intentar llevar a cabo la consulta sobre si se quiere o no la independencia de la Comunidad Autónoma como una República y Estado aparte de España. Mediáticamente y por las redes sociales se pudo apreciar que hubo un exceso de violencia por parte de la Guardia Civil y los antidisturbios que fueron enviados por el gobierno del Partido Popular para impedir la realización del referéndum. El cual, como se sabe, no estaba dentro del marco institucional, jurídico ni constitucional de España ni tampoco del estatuto autonómico de Cataluña y prohibido por el Tribunal Constitucional.


El gobierno puede y debe reunirse con todas las fuerzas políticas para llegar al consenso transversal de entrar en un diálogo conjunto con Cataluña sobre qué es lo más conveniente y sensato hacer

La imagen exterior e interior de lo que sucedió ayer quedará en los anales de la historia reciente de España. De acuerdo con los/as mismos/as españoles/as, este proceso solo se compara con la transición del año 1978, luego de la muerte de Franco y el retorno a la democracia. Lo cierto es que el gobierno presidido por el Partido Popular está contra la pared, puesto que el conflicto con Cataluña no cesará luego de lo que aconteció en la jornada de ayer, solo puede ir aumentando si no se toman medidas sensatas y razonables de inmediato.

A mí modo de entender, esta situación puede tener tres posibles soluciones. En primer lugar, el gobierno puede y debe reunirse con todas las fuerzas políticas para llegar al consenso transversal de entrar en un diálogo conjunto con Cataluña sobre qué es lo más conveniente y sensato hacer, tanto para España como para la Comunidad Autónoma, teniendo en absoluta consideración la opinión vinculante de la sociedad catalana.

En segundo lugar, el gobierno puede recurrir al artículo número 155 de la Constitución española, el cual dice, textual

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”

Como podemos ver, si en el caso que el Presidente de la Generalitat, en este caso, Carles Puigdemont, previo aviso del gobierno de obligarle a acatar las leyes, no lo hiciese, el gobierno recurre al Senado y si se aprueba por mayoría absoluta esta situación, el gobierno tiene la facultad o de forzar al cumplimiento del deber o a su dimisión y al resto de la directiva de la Generalitat

Y, finalmente tercera alternativa, el gobierno llama a elecciones generales anticipadas, previa dimisión del jefe de gobierno, Mariano Rajoy. Siendo así, el rey procede a disolver las cortes, llama a elecciones generales, luego los partidos políticos proceden a establecer sus posibles candidatos/as a investidura y el rey luego ratifica a quien considera es la mejor opción para ser investido/a.

Así la situación, lo cierto es que el gobierno del Partido Popular debe actuar rápido, pero de manera inteligente y con sensatez. El sistema democrático y territorial español está en una encrucijada que puede repercutir seriamente en su futuro social y político.

TAGS: #Cataluña España Independencia

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