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Política Educativa y Estudiantes Migrantes: el Estado chileno al debe

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En los últimos años el sistema educacional chileno ha recibido un aumento significativo de estudiantes migrantes extranjeros, en términos porcentuales el año 2015 contábamos con un 0,9% de estudiantes migrantes, pasando a un 4,4% el año 2019[1], en relación con la distribución del alumnado extranjero por dependencia podemos decir que el año 2018[2] un 59% asistía a la educación municipal o en servicios locales de educación, un 33% a la educación particular subvencionada y un 6% a la educación particular pagada. Este aumento significativo, pero inferior aún al de los países desarrollados, ha permitido contar con aulas mucho más diversas que las que podíamos observar hace algunos años, pero también ha traído consigo una serie de desafíos frente a los cuales el Estado y el aparato gubernamental debe dar respuestas.

En las últimas décadas, diversas investigaciones internacionales han evidenciado que las y los estudiantes extranjeros demuestran una actitud más positiva hacia la escuela que sus compañeros nativos (PISA, 2006), pero a su vez evidencian cómo en un gran número de países son los nacionales los que obtienen los mejores resultados académicos (Carrasco & Pamies, 2011). Estos resultados han ido instalando en la población receptora de la migración un eje estigmatizador para con el alumnado extranjero, responsabilizándose de los malos resultados y culpando con ellos también a sus familias, posicionándose como un factor más bien negativo en cada una de las escuelas.

La obtención de peores resultados académicos es un hecho importante a trabajar, principalmente por el impacto que tendría en el futuro del alumnado más aún considerando que de acuerdo con un informe emitido por la OCDE el año 2015, existe una fuerte correlación entre el rendimiento que alcanzan los inmigrantes en el aula y su inserción laboral como adultos. 

Si observamos los resultados obtenidos a partir de una investigación realizada en el contexto chileno, podemos identificar en el profesorado, ciertos imaginarios en los que se atribuye a estudiantes migrantes diversas falencias, tanto académicas como en el comportamiento y situaciones que se vincularía con la dificultad que se produce para el proceso de inclusión y participación en las escuelas (Cerón et al., 2017), este tipo de imaginarios afectarían de manera directa a los estudiantes, considerando que el comportamiento de los estudiantes se va moldeando con las expectativas y visión que observan tienen de ellos las comunidades educativas. Frente a esto es importante destacar que las últimas investigaciones constatan que la responsabilidad de los malos resultados académicos no radica en el número de alumnos y alumnas extranjeros que asistan a cada escuela, sino que son un reflejo de las prácticas que cada escuela pone en marcha. Considerando lo anterior y los procesos naturales que cada familia inmigrante vive al desplazarse, son las escuelas y el sistema escolar del país receptor los que deben disponer de condiciones óptimas para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de manera exitosa.

En Chile, el aumento de alumnado extranjero en las escuelas ha dejado al descubierto la inexistencia de políticas robustas orientadas a su incorporación al sistema educacional nacional, lo que ha impactado de manera tal que se observan instituciones débiles a la hora de trabajar la inclusión y una desigualdad en la integración tanto en los estudiantes como en sus familias (Castillo et al., 2018). Gran parte de las acciones que se han desarrollado han sido de iniciativa del profesorado, directores y otras personas de la comunidad educativa o de sostenedores municipales donde hay mayor número de estudiantes extranjeros (Castillo et al., 2018). A nivel gubernamental, el año 2017, el Ministerio de Educación pública las “Orientaciones técnicas para la Inclusión educativa de estudiantes extranjeros” documento con elementos básicos y muy generales para el trabajo en la materia.

Las débiles respuestas que han tenido los últimos gobiernos y el Estado frente a una correcta incorporación del alumnado inmigrante podrían significar a futuro, el establecimiento y exacerbación de una serie de elementos constitutivos de mayores brechas no sólo en resultados de rendimiento académicos entre nacionales e inmigrantes, sino también un débil proceso de integración social.

Es urgente comenzar la discusión de una política real de integración a nivel escolar, que considere elementos del contexto educacional e historia de vida individual y colectiva. En el ámbito personal resultará clave considerar la manera en que estas familias se han incorporado al mundo del trabajo, a nivel territorial, la situación y condiciones en las que viven, redes de apoyo con las que cuentan en el país, incorporación al sistema de salud, entre otras. A nivel de escuela será relevante considerar elementos que faciliten su incorporación tales como; incorporación de mediadores culturales, identificación temprana de las necesidades de apoyo y de elementos que se hayan ido constituyendo como garantes de trayectorias escolares exitosas, herramientas que faciliten el acceso a la lengua del país receptor garantizando el mantenimiento y respeto a su identidad. A nivel Estatal y gubernamental será importante considerar un aumento de recursos que permitan tanto a las escuelas como sostenedores financiar las necesidades en torno a la población escolar migrante, como también el trabajar en establecer planes formación profesional docente para el trabajo con población diversa y una incorporación a nivel curricular en la formación inicial docente entregando conocimientos y herramientas que garanticen una educación con enfoque intercultural promoviendo altas expectativas en todas y todos los estudiantes que se incorporen al sistema reduciendo a través del conocimiento de otras culturas estereotipos y percepciones negativas que puedan terminan afectando en un proceso educacional de calidad.

Comprender las responsabilidades que corresponden a los Estados y gobiernos por disminuir los factores generadores de desigualdad y garantizar un acompañamiento adecuado a los colectivos vulnerables permitirá prevenir riesgos de exclusión social

Una adecuada política de integración es un elemento que no puede seguir siendo postergado, no sólo por el establecimiento de una garantía de derechos para los niños y niñas que se insertan en el sistema, sino por la posibilidad que esto nos entrega al desarrollo de una sociedad armónica, cohesionada y con una visión de respeto y valoración para con la diversidad. Comprender las responsabilidades que corresponden a los Estados y gobiernos por disminuir los factores generadores de desigualdad y garantizar un acompañamiento adecuado a los colectivos vulnerables permitirá prevenir riesgos de exclusión social, situación que ya debiese ser atendida ya que de acuerdo con un estudio desarrollado en escuelas chilenas el año 2018 se identificó que mientras mayor es la concentración de comunidades migrantes mayor es la tendencia de crecimiento de la distancia social entre los diversos colectivos  (Castillo et al., 2018).

No podemos obviar que el comportamiento de las escuelas y sus resultados educativos son y serán un gran predictor del futuro social del país.

[1] Ministerio de Educación año 2020.

[2] Ministerio de Educación año 2019.

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María Consuelo Rebolledo Rebolledo

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