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Huelgas magisteriales y el destino de la educación pública

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El Colegio de Profesores y en general los profesores contratados por las municipalidades se encuentran ante el desafío de defender sus conquistas sin despretigiar a la educación pública. Durante cerca de tres décadas, los apologistas del mercado lograron establecer que la educación particular es mejor que la municipal, publicitando los resultados del SIMCE sin considerar lo que hubiesen mostrado indicadores del valor agregado. Técnicamente mostrar valor agregado y dejar de publicitar puntajes SIMCE es perfectamente factible, pero no hubo ni hay la voluntad política de cambiar esta pieza del sistema.

En una sociedad en donde disminuye la velocidad de crecimiento de la población y, por ende, la demanda, la matrícula de educación particular subvencionado ha crecido a expensas de la municipal. Con la subvención preferencial, que otorga un 50% más por niño vulnerable, el negocio de instalar escuelas en las comunas más pobres se ha hecho más atractivo, profundizando la tendencia.

En el modelo educativo chileno, lo que está en juego es el prestigio. Hoy las madres disponen de ofertas suficientes para mover a sus hijos a la escuela vecina, si ella muestra mejores condiciones de atención. Es lo que ocurrió con la huelga por la deuda histórica en noviembre del 2009. Es lo que ocurrirá si las "batallas que se avecinan" como las llama el Presidente del Colegio de Profesores, terminan en suspensiones de clase que alteran la vida de las familias.

La dirigencia del Colegio deberá conducir creativamente un movimiento que, si bien posibilite negociaciones desde posiciones de fuerza, evite la suspensión de clases. Deberá negociar, ceder en algunas dimensiones para mantener lo fundamental del Estatuto, el hecho de que las remuneraciones docentes son asunto del Estado y no del mercado. Incluso tal vez sea el momento de plantear el fin de la municipalización y discutir todo el tema docente en el marco de la discusión y aprobación de una ley de fortalecimiento de la educación pública, incluyendo la carrera profesional de los docentes.

No está de más recordar a los lectores que los parlamentarios de la Concertación acordaron aprobar la LGE y sancionar constitucionalmente el orden educativo surgido del régimen militar, a cambio de discutir y aprobar el fortalecimiento de la educación pública. Lo primero ya ocurrió, entre lágrimas y abrazos de altos funcionarios del Ministerio de Educación del gobierno de Bachelet y parlamentarios de derecha, mientras que lo segundo continúa pendiente.

Posiblemente para quienes ven en el mercado y la competencia la única manera de proveer los bienes y servicios, la discusión y derogación del estatuto docente debería poner fin a lo que queda de la educación pública. Para quienes consideran que el mercado no lo es todo, y que hay instituciones y prácticas sociales que dan lugar a valores solidarios, laicos, democráticos y una cultura republicana, y que esos valores son tan trascendentes como los valores que proclama la educación que imparten las instituciones religiosas, ha llegado la hora de cerrar filas detrás del Colegio de Profesores; ello siempre y cuando su dirigencia vea lo que realmente está en juego: la sobrevivencia de esos valores y esa cultura, y no solamente los derechos adquiridos de los docentes.

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Foto: Liceo Óscar Castro – Chile Ayuda a Chile / Licencia CC

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