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Entre las reformas señaladas por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, se anuncia para el 2016 la gratuidad en educación superior para el 60% más vulnerable que asista a universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), excluyendo así a las universidades privadas, incluso las adscritas al sistemas de admisión del mismo.
[texto_destacado]Surge con esto una duda sobre lo que comprometió el Gobierno en su propio programa, donde se señala que “esta gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con: estar acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el MINEDUC”.
Además de la notable diferencia entre lo que se comprometió en campaña con lo que se anunció una vez instalado el Gobierno, llama la atención el hecho de que es en los planteles privados donde se concentra la mayor parte de los estudiantes vulnerables, que finalmente son los más afectados pues se endeudan por grandes cantidades de dinero y por muchos años, lo que hoy no estarían siendo considerados por este anuncio.
Tanto las federaciones de estudiantes de universidades privadas como sus mismos rectores han manifestado su molestia respecto a estos anuncios, pues se han sentido discriminados y excluidos de esta parte de la reforma. Lo propuesto se contradice con las demandas que la misma CONFECH ha defendido, la cual aspira a la gratuidad universal, sin considerar los ingresos de los hogares de los estudiantes que accedan a cualquier institución que cumpla con los requisitos básicos de calidad, inclusión, democracia y no tener fines de lucro .
Es discutible esta forma de afrontarlo, pues las cifras reafirman que en las universidades tradicionales (con mayor fuerza en las de Santiago) ingresan en su mayoría egresado de colegios pagados, lo que da a entender que este anuncio solo viene a profundizar este gran problema de desigualdad que comienza desde los colegios hasta el proceso de admisión a la educación superior.
Específicamente en nuestra universidad Finis Terrae, según datos del SIES del MINEDUC, un 46,2% de los estudiantes provienen de colegios municipales y subvencionados, una cifra importante que deja entrever el problema de gran parte de los estudiantes con el financiamiento de su educación y por qué debemos ser parte de este debate nacional que se dará por la próxima reforma.
Se logra entender aquello que ha defendido el MINEDUC, con respecto a la gradualidad del proceso, pero se está iniciando la reforma y existe hoy un vacío con lo que sucederá en un futuro con los planteles privados y la regulación de aquellos que hoy ni siquiera cuentan con acreditación.
Lo que pedimos desde las universidades privadas es que se comience a hablar no solo de financiamiento, sino que también se avance en regulación y fiscalización, democracia y triestamentalidad, fin al lucro y transparencia, y especialmente, en que las instituciones tengan un rol público fundamental para nuestra sociedad, para que sean los estudiantes de estas casas de estudios, sin importar si pertenecen o no al CRUCH, quienes accedan a la gratuidad.
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¿Cuándo empezamos a hablar de Universidades Privadas?
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Eduardo
Que las universidades privadas se conviertan en educacion publica sin fines de lucro es una falacia del ‘porte de un buque» como decia mi padre, sencillamente pq nacieron y existen para generar dinero y obviamente no van a renunciar los que inviertieron en estos negocios, usaran el chantaje, que si no reciben el aporte del estado se veran obligados a cerrar y dejar a todos esos alumnos que estudian con CAE botados o algun otro cuento. Obligando finalmente a flexibilizar la entrega de recursos a estas universidades, pq la presion ya comenzo y este articulo claramente tiene este objetivo.