No son aceptables las presunciones de delitos que no especifican detalles y casos concretos. Estas sólo contribuyen a la estigmatización y criminalización de un sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El pasado 26 de agosto el diario La Segunda, publicó una vaga nota señalando que existirían Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en particular Organizaciones Sin Fines de Lucro, corporaciones, fundaciones y asociaciones, que no tendrían control y que tienen a la Policía de Investigaciones iniciando un proceso de fiscalización. Esto, sin entregar antecedentes ni nombres (se cita solamente al Inspector Rodrigo Alfaro de la PDI), e insinuando que ellas serían proclives a actividades ilícitas como lavado de dinero y terrorismo internacional.
Se trata de insinuaciones graves. En particular el campo de las ONG, vinculadas a la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, junto con tener una historia conocida por la opinión pública en la defensa de derechos, bienes públicos y bienes comunes, cuenta con su propio Código de Ética desde abril de 2006, al cual todos sus miembros suscribieron. Junto a ello, se aprobó una Carta de Principios Políticos por la cual nos regimos. Este esquema de transparencia obedece al principio de la autorregulación, principio internacionalmente defendido por un amplio sector de las OSC, lo cual tampoco evita que organismos públicos puedan fiscalizar las cuentas de estas organizaciones.
Desde ACCIÓN, fomentamos la formulación de propuestas que aporten un marco de transparencia claro y establecido. Es por esto que participamos en el proyecto “Trasparentemos”, impulsado por el BID y la Fundación Avina, donde fuimos integrantes de su “grupo de trabajo ejecutivo”. En esta instancia, se entregaron instrumentos para ampliar la transparencia de las OSC, los cuales fueron presentados y discutidos con autoridades de gobierno.
Este proceso es coherente con la percepción ciudadana respecto de estos organismos: de acuerdo al Barómetro Global de Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, las ONG son percibidas como las instituciones menos corruptas, muy por debajo de los medios de comunicación y de las instituciones políticas.
Por otro lado, existen mecanismos de control por parte del gobierno, como son las exigidas por los ministerios correspondientes, la publicación de memorias, balances, y también las obligaciones que cada organización tiene con diversos órganos del Estado, así como con los donantes internacionales. Toda esta información es pública. Las organizaciones que forman ACCIÓN tienen las mismas obligaciones ante el Servicio de Impuestos Internos que cualquier otro ente jurídico; y cuando reciben fondos públicos son controladas por los servicios pertinentes. De hecho, la Contraloría General de la Republica ha efectuado revisiones aleatorias de ONG, durante varios años.
Si bien comparto la idea de perfeccionar y sistematizar el control estatal de las organizaciones sin fines de lucro (en particular las que incurren en delitos), creo que estas medidas deben ser tomadas en diálogo y con la participación de las OSC. No son aceptables las presunciones de delitos que no especifican detalles y casos concretos. Estas sólo contribuyen a la estigmatización y criminalización de un sector de las OSC. Es de suyo que si hay antecedentes de delitos estos deben ser investigados, pero es injusto y errado que se caiga en generalizaciones. Ello, puede llevar a un ambiente hostil con las OSC, similar al que se está viviendo en otras latitudes, donde las ONG son perseguidas y limitadas en su accionar, sin comprender su autonomía y el aporte sustancial al desarrollo de la sociedad civil.
Las OSC constituyen un acervo que como ciudadanía institucionalizada, enriquece la democracia y el desarrollo y debemos promover un entorno propicio para su ejercicio y fortalecimiento. Lo anterior es coherente con lo establecido en instancias y acuerdos internacionales, acuerdos también suscritos por el mismo gobierno de Chile.
* Entrada escrita por Miguel Santibañez, Presidente de Acción Ag.
Comentarios