Nadie de la comunidad de ciudadanos en situación de discapacidad de Chile puede celebrar con un país que firma un tratado de discapacidad y derechos humanos durante el año 2008, y que los cinco años siguientes se hayan profundizado e institucionalizado las violaciones a este tratado.
«Entonces realmente, ¿la inclusión existe?
No, no existe.
¿Pues dónde nacemos?
¿En otro planeta?
¿Fuera de la sociedad en la cual estamos “insertos”?
No, porque nacemos dentro de la sociedad, y no fuera de ésta, pero ahora, insisten en incluirnos
¿Esto significa que nos ven como seres pensantes?
¿O como bestias y enfermos antisociales?
¿Cómo mercancía de la innovación?
¿Como motivo de rebaja de impuestos a la nación (Ley de donaciones sociales)?
¿Cómo nos ven a todos nosotros?
¿Estos “expertos” a quién le preguntaron si queremos ser “incluidos” en esta realidad social?
¿Acaso nos preguntaron si queremos ser parte de una sociedad fascista, capitalista, neoliberal, social demócrata, conservadora, humanista, comunista o de cualquier otra índole?,
¿Nos preguntaron si queremos ser parte de una sociedad competitiva en la cual el hombre se siente solo? Pues lo único que importa a algunos es el progreso económico, invalidando todo desarrollo posible de la diversidad, para así seguir con la industria de la innovación de la discapacidad.
Se habla de inclusión social y de igualdad de oportunidades, pues acaso ¿Es una oportunidad una oferta u demanda de la industria, de las agencias del Estado, ser personas dignas y sujetos de derechos universales como cualquier ciudadano o residente de una nación?»
Esta conversación la estamos manteniendo en forma desigual, ya que la relación social y la mirada de la diverso funcionalidad en Chile, es más bien una relación de poder, basada en el paternalismo tanto a nivel legal como social de la situación de discapacidad de más de tres millones de habitantes de la nación.
Como será la soberbia en el Estado chileno de que creer saber lo que necesitamos que creyeron que con hacer una sola pregunta durante el Censo 2012 bastaba, un censo que dicho sea de paso, es un fiasco hasta para nuestra comunidad diverso funcional, tanto por el margen de error como por los datos mal medidos en esta y se negaron en forma rotunda a realizar la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) el año recién pasado.
No conocen lo que realmente pensamos, incluso se avala la esterilización forzada y la interdicción sólo por diagnostico médico, sin considerar que a futuro para el Estado de Chile le saldrá más caro tener a nuestra comunidad de carga permanente, conjugando discapacidad, abandono y pobreza , antes que emanciparnos y dejar que usemos nuestra autonomía para el progreso de la nación.
Sin ir más lejos, hoy una joven con dos diagnósticos neuro psiquiátricos que vive como ciudadana plena, que tiene un pequeño pero exitoso negocio, dos hijos, es separada y cuenta con la red familiar y social de apoyo en la XI Región, tiene muchas más posibilidades de no ser carga para el Estado a través de la institucionalización y la internación permanente en distintos recintos de larga estadía y sólo haciendo uso de la red de salud pública en caso de una descompensación por su condición. Es una opción mucho más viable para el progreso de la diversidad del país, que una joven de la misma edad, con los mismos diagnósticos, residente en la Región Metropolitana, que fue esterilizada durante la adolescencia, que vive en una residencia protegida o en hogares psiquiátricos de larga estadía durante toda su vida y que para el futuro sólo deberá esperar malos tratos, el abandono de sus redes familiares y depender de una mísera pensión asistencial de $80.000 pesos chilenos, gracias a la institucionalización de la lástima y el asistencialismo tanto a nivel estatal como a nivel socio-cultural.
La inclusión social de la discapacidad en Chile es inexistente, tan ineficiente que celebran que el 1% de las personas en situación de discapacidad tengan contrato de trabajo mientras un 29% trabaja de forma informal y el 70% restante es cesante, aunque estén en condiciones de trabajar según la ENDISC 2004. Y si hablamos de su formación educacional, sólo el 56% termina enseñanza básica y el 42% restante ni siquiera adquiere las habilidades para aprender a leer y escribir. Las cifras de educación media y superior son lapidarias al respecto de la formación educacional formal. En cuanto a la afiliación del sistema de salud, el 56% está en la categoría FONASA A (Indigente). Respecto de la Seguridad Social, el 81% vive con la pensión básica solidaria de $80.000 y el 19% restante no califica para la pensión básica solidaria ni tiene empleo. El 94% de las personas en situación de discapacidad residentes en Chile nunca ha tenido una rehabilitación integral de su situación. Todas estas cifras provienen de un estudio de integración social de la Universidad Católica Silva Henríquez, obtenidas en una medición conjunta con el INE.
Nadie de la comunidad de ciudadanos en situación de discapacidad de Chile puede celebrar con un país que firma un tratado de discapacidad y derechos humanos durante el año 2008, y que los cinco años siguientes se hayan profundizado e institucionalizado las violaciones a este tratado.
Nadie puede celebrar la inclusión habiendo tantas muertes por la ignorancia de las instituciones públicas que sin ir más lejos dejan morir a un joven con retardo mental severo y epilepsia en la ex penitenciaría de Santiago durante febrero de este año por estar descompensado, cuando nunca debió haber estado en la cárcel y debió haber sido hospitalizado en forma inmediata a través de la red de salud pública.
Mucho menos podemos celebrar cinco años de la firma del tratado cuando un padre adulto mayor que era cuidador de un hijo en situación de discapacidad severa murió junto a él en estado de abandono en la comuna de Pudahuel.
Quien con dos dedos de frente no va a avalar la movilización social de ciudadanos y ciudadanas en situación de discapacidad que están exigiendo que se les devuelva algo tan básico como su derecho a vivir con dignidad en Chile.
No se necesita ya del asistencialismo, se necesitan grandes políticas públicas que avalen la integración plena en todos los ámbitos y que se reconozca la existencia de la diversidad a través de la Constitución Política de Chile, ya que sólo así podremos tener las bases para reconocer una sociedad diversa que en conjunto si progresa. Y entonces, el título de esta nota sólo será una simple frase que quedará en el pasado, algo que a nuestra comunidad le hace mucha falta.
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