En estos días se ha informado, por diversos medios de prensa, la existencia de redes de explotación que operan al exterior de las Residencias del Servicio Mejor Niñez. Estos dispositivos son los encargados de cumplir con la más gravosa de las medidas de protección a favor de la infancia y adolescencia en Chile, el ingreso de niños, niñas y adolescentes para que en definitiva puedan superar las vulneraciones graves de las cuales han sido víctimas.
De hecho, se ha interpuesto 32 denuncias por delito de connotación sexual en contra de menores al cuidado del Estado. Esto, sólo en la Región de Valparaíso. El mismo Servicio Mejor Niñez, ha cifrado en más de 170 las denuncias criminales por delitos que afectan la indemnidad sexual, libertad, integridad física y psíquica y otros bienes jurídicos de niños, niñas y adolescentes.Esta educación en Derechos Humanos aumenta la protección de la infancia y adolescencia; mejora la calidad de los cuidados; actualiza los protocolos y crea mejores condiciones de reparación y rehabilitación en caso de ser víctimas de delitos sexuales
La manera de operar de estos adultos criminales, que se organizan para delinquir, consiste en rondar el exterior de las residencias, aprovechando salidas de los niños, niñas y adolescentes, para luego ofrecer drogas, dinero o trabajo.
El Ministerio de Justicia, ha definido este delito, en el marco del Plan de Acción de Prevención de estos ilícitos como una violación a los derechos humanos que ocurre cuando una persona o un grupo de personas involucran a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales, para la satisfacción de los intereses y deseos de otras personas, o de sí mismo, a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneficio o regalía.
Es decir, es un tipo penal que se caracteriza por un “intercambio” utilizando a la infancia y adolescencia vulnerable y vulnerada, como mercancía, estableciendo intercambio en dinero, especies, droga, protección o no lesión, a cambio de favores sexuales.
El Derecho Internacional y el Derecho doméstico, castigan este tipo de conductas criminales. Instrumentos que obligan al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para la prevención, la generación de garantes que puedan denunciar estas prácticas y proteger a las víctimas.
Mientras ejercemos docencia en estas materias, precisamente a profesionales, operadores del sistema, organismos colaboradores y fundaciones, las noticias golpean con más fuerza e interpelan a mejorar nuestras prácticas, protocolos, roles e incidencia, en estos graves delitos en contra de la infancia y adolescencia vulnerable.
Por ello, es urgente ampliar las miradas y actuar, a razón de los Enfoques de Derecho e Interseccional, instalando mecanismos, principios y planes de acción para la intervención psico socio jurídica, desde los propios sujetos de derecho. Lo que incluye los Derechos Humanos y la aplicación eficaz de estos en todos los asuntos que afecten a la infancia.
Dar relevancia a la participación, las necesidades, la historia de vida y las trayectorias desiguales que han padecido niños, niñas y adolescentes. Inequidades estructurales, discriminación, machismo, cosificación y marginación, que a ratos, y con las noticias en los medios de comunicación, parecieran ser irrelevantes al momento de intervenir.
Esta educación en Derechos Humanos, con los enfoques mencionados, aumenta la protección de la infancia y adolescencia; mejora la calidad de los cuidados; actualiza los protocolos y crea mejores condiciones de reparación y rehabilitación en caso de ser víctimas de delitos sexuales. Haciendo una pedagogía viva, que pone en el centro al sujeto vulnerable.
Y esto, porque parece, que lo realizado hasta ahora, en la educación clásica, no llega a transformar estos espacios, no alcanza a ser un espacio de disputa y confrontación de las realidades que padecen los niños.
Entonces la alternativa, de instalar al sujeto en el centro de lo que se enseña y que pueda participar en su propia reparación, nace como una salida a estos problemas de largo aliento. Una verdadera justicia restaurativa, que permita ser el canal, el conducto y el estadio en que el mundo adulto sirva realmente de garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya sea educando, denunciando o interviniendo en los distintos dispositivos de superación de crisis.
Gran parte de la cristalización de los derechos de los niños; la denuncia en sedes de Familia y Penal; la investigación criminal de los hechos punibles y la reparación del daño causado, requiere de comunidades comprometidas con las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
Pero, ¿Bastará con la sentencia de protección de un Juzgado de Familia o con la condena en sede penal? ¿Qué expectativas podemos gestionar a esas familias? Porque el contexto en que se producen las denuncias, es la de infancia en residencias, lo que supone una medida de protección por parte del Estado.
La respuesta no es pacífica. Tiene complejidades sociojurídicas, primero porque lo jurídico no basta. La política pública ha realizado esfuerzos por entregar representación jurídica especializada; universalizar el derecho a ser oído y dar mayor cobertura en programas reparatorios. Incluso, escudriñando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, se han dictado fallos que vienen a confirmar la eficacia de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Otro camino, es entender el fenómeno de la ocurrencia de estos graves delitos, como la consecuencia inmediata de la cosificación y utilización de los niños, niñas y adolescentes como verdaderos objetos, mimetizándose con el sujeto de consumo, utilizando patrones de un sistema neoliberal individualista y egoísta. Sistema que lejos de brindar opciones de cambio social; de participación activa de los niños o de aspirar a un mejor vivir, ha dado herramientas de impunidad a estos criminales, depredadores sexuales, que esperan al exterior de las propias residencias, para cumplir sus propósitos, manteniendo y perpetuando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
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