Es un gran avance y se agradece que exista un proyecto de ley, pero a todas luces representa un esfuerzo insuficiente, sin voluntad de encarar el problema real del aborto con seriedad y con el objetivo de dar una solución de salud pública a las más de sesenta mil mujeres que abortan en Chile cada año, según las estimaciones de la OMS.
La luz de las estadísticas es clara. En el año 2012 murieron 54 mujeres por complicaciones con el embarazo. En el mismo año, hubo 500 abortos causados por inviabilidad fetal. Lo que en lenguaje técnico se expresa como “alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina” ni siquiera debería ser un motor para regular sobre el tema, debido a que muchas de estas madres quieren de igual forma continuar con el embarazo, como se apreciaba en una emocionada entrevista a una futura madre cuyo feto tenía una de esas alteraciones.Estoy en contra del aborto, pero estoy mucho más a favor de que una mujer que busque abortar, pueda hacerlo con todas las garantías que puede ofrecer un Estado moderno. Prohibir la posibilidad de optar es un abuso de poder, uno más de la elite que tiene cautivo al Estado chileno.
El último caso, el del aborto en caso de embarazo por violación no permite una estimación confiable debido a que la prohibición no nos deja mirar a la cara este problema real. Es probable que no sea un porcentaje significativo entre los 250 mil nacimientos al año. Con estos datos duros, incluidos en el proyecto de ley, se entiende que el enfoque permite solucionar el problema de una minoría pero que no servirá para detener el drama y la humillación de la gran mayoría de las mujeres que optan por abortar. Decisión inalienable de esas mujeres.
Veamos la experiencia internacional, la tasa de aborto se mantiene baja y controlada cuando existe acceso total a los anticonceptivos, pero nunca es cero. Este es el caso de Holanda, donde se realizan 14 abortos cada 100 nacimientos. En países como Rusia, donde falla la disponibilidad de anticonceptivos, hay un aborto por cada nacimiento. En ambos países el aborto es legal por lo que tomando en cuenta el resto de la experiencia internacional se puede afirmar que la legalidad o ilegalidad del aborto no afecta mayormente al número de procedimientos. Pero con ilegalidad surgen abortos bajo condiciones de alto riesgo sanitario, algo inaceptables para mujeres soberanas de su cuerpo en una sociedad democrática e individualista. Y ese es el problema en Chile, se está legislando para esos 554 abortos en un universo de entre 20 mil y 100 mil abortos que se realizan en el país, según distintos estudios. Nótese que la amplitud de las distintas estimaciones es un claro signo de que no tenemos idea del tamaño del problema.
Pero creo que el tema es el siguiente, la mayoría de los abortos que se practican en Chile no se producen por las tres razones “humanitarias”, sino que se realizan por otras causas, al parecer económicas y sociales de la familia. Acéptenlo y regulémoslo. Hagan toda la propaganda que quieran para que nadie aborte, pero mantenerlo en la ilegalidad condena a la mujer soberana a una salida con muy malas condiciones. La posibilidad de que cualquier mujer pueda abortar minimizando los riesgos dados los estándares sanitarios formales no se puede enajenar.
Una cosa es ser pro vida y otra cosa es tener los pies en la tierra. Una cosa es que tengamos convicciones y otra es que tengamos que hacer leyes en base a eso. Eso ya no se puede con la diversidad de posturas, ideas, tendencias, puntos de vista y personas que hay hoy. No podemos regirnos según lo que piense una minoría y esa opinión no puede tomarse al Estado. El estado debe entregar las condiciones y los ciudadanos son los que deben decidir. Estoy en contra del aborto, pero estoy mucho más a favor de que una mujer que busque abortar, pueda hacerlo con todas las garantías que puede ofrecer un Estado moderno. Prohibir la posibilidad de optar es un abuso de poder, uno más de la elite que tiene cautivo al Estado chileno.
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