¿De qué serían capaces las comunidades si recibiesen confianza de parte de los municipios?
Junto con la pandemia y nuevas variantes que estas enfermedades están demostrando, nuestra geografía comienza a percibir cada vez con más fuerza el impacto de alzas de calor en nuestra superficie. Con este cambio en las condiciones de afectación del sol y sequías prolongadas, la infraestructura pública juega un rol fundamental para mantener y promover espacios de encuentro y colaboración comunitaria.
En los estudios de académicos como Klinenberg, por ejemplo, existen elementos estadísticos que nos indican que no necesariamente la afectación de las crisis ambientales o sociales golpean a los barrios más vulnerables con más fuerza que barrios en mejor situación económica, pero donde sí golpean las crisis ecológicas y sociales es en barrios donde la resiliencia, a través de un estrecho sistema de colaboración social (infraestructura social), eran más fuertes que muchas de las áreas más prósperas de las ciudades.Ante la amenaza que supone la crisis de las ciudades, los municipios deberían estar facilitando el desarrollo de su «infraestructura social», de forma que la gente aumente sus conocimientos, habilidades y capacidades para intervenir sobre su propia ciudad
Esta infraestructura social, es decir, los equipamientos públicos y espacios físicos gestionados por organizaciones comunitarias que permiten a la gente mantener relaciones recurrentes y hacer conjuntamente cosas que disfrutan, haciendo que las relaciones sociales se vuelvan más robustas. Espacios donde las personas pueden quedarse un rato sin tener que consumir para hacerlo. Estos espacios actúan, sobre todo, en situaciones excepcionales y de emergencia, cuando los grandes dispositivos fallan, y resultará determinante para la supervivencia de las ciudades. Durante las crisis sociales, políticas y de salud, los vínculos familiares o comunitarios extensos, el volumen de interacciones cotidianas que incitan a preguntar y preocuparse por la situación de personas vulnerables conocidas, la existencia de comercio de proximidad de uso diario, la pertenencia a redes informales o a experiencias asociativas (clubes de adulto mayor, clubes deportivos) se relacionan con menores tasas de mortalidad.
En nuestras comunas del norte grande, la visibilización de las redes vecinales de ayuda mutua y cuidados durante la pandemia nos demuestran la importancia de la acción comunitaria a la hora de gestionar situaciones excepcionales. Estos dispositivos de ayuda surgen espontáneamente, pero sabiendo muy bien cómo operar, cómo lograr organizarse y se efectivas y pertinentes. Junto a ello hay una dimensión educativa de los procesos o la capacidad de innovación de la ciudadanía.
Y es que ante la amenaza que supone la crisis de las ciudades, los municipios deberían estar facilitando el desarrollo de su «infraestructura social», de forma que la gente aumente sus conocimientos, habilidades y capacidades para intervenir sobre su propia ciudad. Muchos de estos dispositivos son capaces de transformar la experiencia vivida de las personas y proyectarlos en construcción o adaptación del territorio y el mobiliario urbano. En muchos casos, además, lo hacen enfrentándose a leyes y normativas, obstáculos e inercias institucionales. Por lo que cabe preguntarse: ¿Qué potencialidades de cambio estamos desperdiciando por las desconfianzas entre la institucionalidad municipal y la sociedad?
Fenómenos, por ejemplo, como el sombreado de plazas y parques en zonas áridas como las que vivimos, podrían ser mejoradas y adaptadas desde el inicio de los proyectos si solo se facilitara una acción colaborativa vecinal, desde abajo hacia arriba, no dependiente de las empresas de construcción o espacios municipales sino desde la inorgánica que se acerca ante la detección de problemáticas sociales. Poner en valor el problema antes que el proyecto es clave para co-organizar con las comunidades formas de solución de sus problemáticas a nivel micro barrio) o macro (comuna).
La evidencia indica que fenómenos climáticos extremos se van a volver más recurrentes e intensos, y cuya expresión cotidiana será la crisis. Para ello resulta forzoso legitimar y fortalecer la autonomía de los colectivos sociales, institucionalizados o no, así como solventar el desarrollo de un ámbito de acción y decisión pública no estatal a nivel local. Esto significa construir fórmulas de cooperación público-comunitaria, dejando atrás el clivaje público-privado que mantiene hoy el nexo de dependencia y de tutela sobre la comunidad por parte del binomio gobierno+empresa. Esto es posible mientras se logre rescatar aprendizajes de las distintas formas de organización de soluciones de supervivencia y cooperación desde las comunidades (ollas comunes, primeras líneas, entre otras) como nuevas formas de diseñar y evaluar las políticas públicas.
Hasta hoy, buena parte de los gobiernos locales han iterado la labor estatal de destrucción sistemática de la infraestructura social: desalojo de espacios vecinales y ataque a las redes de ayuda mutua, desmantelamiento de canales de participación o el desarme de proyectos de creación ciudadana.
Cuando el escenario ecológico y sistémico es adverso para los seres humanos, en el que ninguna institución pública va a poder enfrentar los retos ecológicos, sociales por sí solos y; donde tampoco es realista que los movimientos y organizaciones comunitarias puedan lograr mayores niveles de resiliencia, o de éxito (que no lo han tenido sobre todo en cuestiones ecológicas); la cooperación público-comunitaria se vuelve imprescindible. La reorganización de la manera cómo vivirán nuestras comunidades y de su expresión socioeconómica será más viable cuando se rescate la creatividad social, a la vez que se produzca una compleja y más abierta relación entre instituciones y sociedad.
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