A mediados del siglo XX, nuestro país registraba un pobre 53,5% de cobertura de agua potable, y un 25,4% en cobertura del alcantarillado. Hablar de Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas era solo una quimera, por lo que el concepto de alcantarillado se refería a la recolección de aguas servidas y disposición final de éstas, en fosas sépticas colectivas o letrinas particulares.
Cincuenta años después, la realidad es otra. Con una alta concentración demográfica instalada en sectores urbanos, Chile presenta una cobertura prácticamente completa de agua potable y de Saneamiento Sanitario. ¿Qué fue lo que pasó durante estos cincuenta años? Principalmente el gran incremento de la población urbana, transformó el tema del saneamiento sanitario, en una necesidad de primer orden para los habitantes de las ciudades. En los últimos 30 años, se amplió la red de recolección de alcantarillado y se incorporaron tecnologías de depuración de aguas servidas, lo que nos permite señalar con orgullo, que en los sectores urbanos de nuestro país, el acceso al agua potable y saneamiento sanitario es tema prácticamente resuelto; tanto en cobertura, como en la calidad de éstos.Urge una nueva institucionalidad, dedicada a mejorar el déficit de cobertura y calidad del Saneamiento Sanitario Rural.
Junto a esto, en la década del ´90, se debió instalar una nueva institucionalidad, destinada al uso sanitario de las aguas, que fue plasmada con la creación de una Superintendencia de Servicios Sanitarios, con un fuerte rol fiscalizador, el cual definiría áreas concesionadas urbanas, donde operan las grandes empresas sanitarias.
¿Qué ocurre con los sectores rurales? Desde el año 1961, en aquella “Carta de Punta del Este”, firmada por todos los ministros de Salud latinoamericanos de la época, donde se fijaba el compromiso de abastecer de agua potable al 50% de la población rural para finales de la década, que este país ha efectuado un trabajo sostenido de dotación de agua potable a su comunidad rural, principalmente a través del modelo de Cooperativas. Datos del año 2012 entregados por INE, indican que el 13,2% de la población chilena, reside en sectores rurales de nuestro país, lo que supone un poco más de 2 millones de personas. La gestión del Agua destinada a consumo humano, es efectuada por Asociaciones de Agua Potable Rural (llamadas por sus siglas A.P.R.), constituidas como Comités o Cooperativas. Los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, tienen múltiples tipos de propietarios: Municipios, APR y algunas Organizaciones Territoriales.
Bajo este sistema de saneamiento rural, la cobertura nacional rural de Agua Potable, es de un 80% aproximadamente, y solo un 33% cuenta con algún sistema de saneamiento de Aguas Servidas.
La normativa que regulan el funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado rurales, son las que se derivan del Código Sanitario; siendo éste, instrumento exclusivo de la Autoridad Sanitaria. Dentro de estas competencias, podemos separar dos ámbitos de acción: calidad del agua potable y tratamiento de aguas servidas.
La calidad del agua potable, que se encuentra regulada mediante el DFL 735/69, presentan buenos estándares de calidad, en términos generales, constituyendo a las “Cooperativas de APR” como empresas sociales, gestoras del agua potable, con gran capacidad operativa y administrativa.
No obstante, el saneamiento sanitario rural presenta grandes deficiencias: En primer lugar, la normativa que regula los sistemas de alcantarillado rurales, ¡data del año 1926! Lo cual impide que pueda haber una fiscalización efectiva, porque los actuales procesos de depuración sanitaria no se encuentran normados, y por tanto no son exigibles en dichos términos.
Lo mismo ocurre con los sistemas de tratamiento de aguas servidas cuya complejidad de operación demanda con mayor urgencia una normativa que pueda estar a la altura de las circunstancias.
Es por lo anterior, queridos lectores, que urge una nueva institucionalidad, dedicada a mejorar el déficit de cobertura y calidad del Saneamiento Sanitario Rural.
Es de esperar que la normativa que se está discutiendo actualmente en el Congreso sobre Saneamiento Sanitario Rural, pueda ver pronto la luz. Las personas que viven en los sectores rurales no pueden seguir esperando. Es un asunto de dignidad para quienes cada día que pasa ven cómo se agranda la brecha de felicidad y dignidad entre sectores urbanos y rurales. Urge una normativa que ataque el drama del saneamiento sanitario rural, para que las letrinas sean parte de un recuerdo bucólico, y no la realidad que viven, actualmente, más de dos millones de nuestros compatriotas.
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