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Control de identidad: Un instrumento de política criminal autoritaria

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Durante 2009, en Chile hubo 2.121.696, controles de identidad efectuados por Carabineros de Chile y 508.388, controles de identidad llevados a cabo por PDI. Es decir, dos millones 630 mil 84 controles de personas por averiguación de su identidad en Chile durante 2009. Considerando la población estimada a 2009, de 16.928.873, de la cual podemos restar el grupo correspondiente a la población menor de 14 años, que corresponde a 3.862.622 personas, tenemos que al menos, de acuerdo a las cifras registradas y publicadas por la policía, en Chile se controla de identidad a un porcentaje que supera al 20% de la población mayor de 14 años.

Por otro lado, el año 2009, según datos del Ministerio Público, hubo 201.984 controles de detención. Es decir, audiencias donde un juez controla la legalidad de las detenciones practicadas por la policía, De esta forma, solo el 7,6% de los controles de identidad sería hipotéticamente objeto de un control jurisdiccional.

Hace 12 años, con la derogación de la detención por sospecha se nos prometió que el “control de identidad” sería un instrumento acorde con la democracia, de limitación del arbitrio policial y conforme a un estatuto de respeto a los derechos humanos. Sin embargo a lo largo de estos años, mediante sucesivas reformas, esta figura se ha transformado en un instrumento de control social preventivo, de carácter coercitivo sobre grupos determinados de la sociedad. Estamos hablando, mayoritariamente, de jóvenes pobres, de poblaciones determinadas. Esta medida busca la eficiencia en el  ejercicio del poder sobre el riesgo.

Hoy, mediante escuadrones especiales de la Policía, vemos a diario en la noticias que se llevan a cabo controles de identidad masivos, sin antecedentes serios. Y es que simplemente se trata de una vieja táctica de control e higienización del territorio y de las poblaciones “peligrosas”, que ocurre en plena democracia, a vista y paciencia de todo el mundo y sin que concite la atención del mundo académico.

El control de identidad, que es claramente una detención masiva sobre grupos de población precisos, es una inaceptable técnica preventiva de control social policial, incoherente con una democracia y el respeto a los DDHH y que debe ser revisada con urgencia.

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Foto: Banksy

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Comentarios

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09 de noviembre

Es cierto actualmente se le llama “control de identidad” a una antigua “redada”.

09 de noviembre

Gracias por la columna y los datos.

La excesiva entrega de facultades discrecionales a las policías, que no están sujetas a mecanismos de control efectivos ni sujetas a un régimen real de responsabilidad funcionaria ante abusos o arbitrariedades en su ejercicio, están provocando una profunda erosión de aquellos -por sí precarios, derechos que la Constitución reconoce y que constituyen la base de una democracia que se precia de tal.

10 de noviembre

Se puede tomar desde dos puntos de vista… uno, de los controladores y otro, de los controlados.

Los Controlados: En términos generales, con sus debidas excepciones, son sujetos de ciertos estratos sociales vulnerables, victimas de represión sin razón, que además de ser “controlados”, son innecesariamente maltratados y a quienes se les violan gravemente sus derechos.
Los Controladores: funcionarios contaminados con el antiguo sistema de detencion por sospecha, de detención arbitraria, sin fundamento y solo por criterios discriminadores, entiendase dentro de esto ciertas vestimentas, ciertas actitudes. Erradas politicas, dificilisimas de erradicar ante la falta de control jerarquico.

10 de noviembre

Solo quise entregar las cifras porque me tenían impactado y necesitaba darlas a conocer, sobre todo porque esta es la estadística oficial de la policía, lo que significa que existe una importante cifra negra. Ahora escribiré la interpretación más a fondo de lo que esto significa y que va más allá, a mi juicio, de un mero control policial por defecto instalado en el país, sino que obedece a una expresión nítida de gubernamentalidad.

17 de noviembre

Estimado,

Un par de precisiones sobre el manejo de las cifras. Primero, es un tanto precipitado concluir que más del 20% de la población mayor de 14 años ha sido controlada de identidad a partir de las cifras dadas por la PDI y Carabineros de Chile. Si es el mismo informe que manejo (está en la página web de carabineros), en él se habla de controles de identidad realizados y no de personas controladas. La diferencia es importante, toda vez que cabe la posibilidad que a una persona le hallan realizado varios controles de identidad (mi experiencia ha sido esa), por lo que no es posible llegar (con los datos que se manejan) a una conclusión tan alarmante. Perfectamente podría darse el caso que las personas objeto de control de identidad lo hayan sido en promedio 10 veces, por lo que el porcentaje en relación al total de la población inmediatamente se reduciría al 2%, en los términos que Ud. lo plantea.
Segundo, tampoco me parece apropiada su segundo conclusión a partir de los datos, en la cual sostiene que tan solo el 7% de los controles de identidad son sometidos a control judicial. Los controles de identidad la mayoría de las veces no importan una privación de libertad o detención, sino más bien un mero trámite de mostrar la cédula de identidad al carabinero, por lo que la concurrencia de un juez de garantía es innecesaria.

Estoy de acuerdo con Ud. en que la práctica policial relativa al control de identidad está hoy por hoy llena de vicios. En realidad, este procedimiento preventivo se debería llevar a cabo, tal como sostiene el art 85 del Código Procesal Penal, tan sólo “en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella hubiera cometido o intentado cometer un delito”, dentro de otras causales. Sin embargo, parece ser que las fuerzas de orden público han hecho caso omiso a la necesidad de contar con fundamentos para su actuación. Sin embargo -y a esto quería llegar- no considero que el control de identidad como fue pensado constituya una vulneración a la libertad, sino que constituye un mecanismo necesario para la investigación y prevención de eventuales delitos.

Concluyo que en vez de eliminar este mecanismo que, nos guste o no, es necesario para la seguridad pública, lo que se debe hacer es fiscalizar más fuertemente el estricto cumplimiento de la ley por parte de los Carabineros, y reforzar, en caso que ello no ocurre, el sistema de responsabilidad administrativa, penal y civil destinado a sancionar los excesos que se cometan.

Ahora, tampoco puedo negar lo preocupante de que estas malas prácticas estén arraigadas en el ethos policial. Es hora de promover en los Carabineros una cultura de respeto a los derechos fundamentales, y dejar patente que ello en ningún caso impide una sistema punitivo efectivo.

18 de noviembre

Estimado:

Primero que todo agradezco el comentario. Sobre tus precisiones, quiero decir que comparto lo complejo de la cifra en tanto dato duro, que obviamente no lo es, justamente porque como tú dices pueden aplicarse a una misma persona varios controles de identidad como suele ocurrir, en segundo lugar esta cifra también contempla controles rutinarios como los que se llevan a cabo en discotecas, etc., y por la obvia cifra negra que lleva aparejada cualquier estadística oficial sobre todo policíaca. El punto que quería relevar con la cifra es que, sin extrapolarla a un porcentaje, es un número importante de procedimientos sea que se hagan a más de dos millones de personas o que se efectúen a doscientas personas, ambas situaciones son anómalas y representarían problemas de los que hay que hacerse cargo; y ahí es donde entra este artículo. Veo que existe una indiferencia casi unánime respecto de esta figura que yo interpreto en la segunda parte del artículo como un dispositivo propio del gobierno neoliberal del delito. Se entiende que es una disposición que expresa una facultad inherente a la labor policial, lo que evidentemente no es tan así y veo que tú también lo compartes al coincidir en la necesidad de mayor control de la actividad policíaca en este punto y en la sujeción del instrumento a la normativa procesal que ha requerido desde siempre un indicio.

Lo que no comparto es tu apreciación de que el control de identidad no es una detención. Hoy, con la actual redacción del artículo 85 del Código Procesal Penal esta figura tiene una triple funcionalidad: averiguación de identidad, pesquisa de antecedentes y registro de vestimentas y vehículo. Pues, bien de acuerdo al sentido ontológico de detención en tanto privación de libertad física por parte de terceros funcionarios del Estado, en el sentido que la persona no puede decidir desplazarse a donde quiere y que es recogida por los instrumentos internacionales de derechos humanos, cualquier privación de la libertad por un policía, bien dure ésta cinco minutos u ocho horas, es una detención y colegir lo contrario puede acarrear una serie de arbitrariedades y atropellos complejos. Por eso hago hincapié en el casi nulo control judicial de estos procedimientos y más aún en el desconocimiento de éstos por los fiscales. Entregar un espacio de ocho horas a la policía para averiguación de datos de una persona me parece excesivo y no ajustado al Estado de Derecho democrático que cautela la libertad como principio fundamental en el artículo 19 N° 7 de la Constitución.

Respecto de las responsabilidades del funcionario policial, éstas desde luego existen pero no olvidemos que también existe hasta hoy la justicia militar.

Por último, es sumamente ilustrativo acceder al derrotero de esta figura legal desde 2000 a la fecha, donde las sucesivas reformas y las discusiones legislativas en torno a ella, dejan en evidencia el propósito de flexibilizar el dispositivo, aumentando las acciones que se pueden llevar a cabo con el controlado y el tiempo de disposición de éste ante la policía, por lo cual no es cierto que “no constituya una vulneración de la libertad el control de identidad como fue pensado”, según tú señalas, porque la figura original ha sido redibujada severamente, pasando de un control preventivo de delitos frente a la existencia de un indicio en casos fundados, a una técnica de prevención de riesgos de grupos seleccionados.

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