Nueva Constitución: Un proceso donde niños y niñas deben participar

“La constitución es para todos y por ello todos deben participar en su diseño y aprobación” dijo la presidenta el 21 de Mayo, en su discurso al interior del Congreso Nacional en Valparaíso. Michelle Bachelet invitó a todos, lo que comprende adultos y niños, a participar e incidir en la creación de nuestra nueva carta fundamental.

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El observar a niños y niñas como actores sociales con derechos, independientes, autónomos y capaces de tomar sus propias decisiones sobre los asuntos que los afectan directamente es parte de un cambio cultural.

Durante su discurso la presidenta se refirió a una serie de medidas que se dirigen a mejorar las condiciones de la infancia en el país, aquel período de tiempo que vive el ser humano desde su nacimiento hasta lograr los 18 años de edad. Educación gratuita y de calidad entendida como un derecho social universal garantizado por el Estado, desde la sala cuna hasta la educación superior. La ampliación de la red de Oficinas de Protección de Derechos de Infancia, de 125 a 206 repartidas en todo el país. La creación de nuevas áreas verdes donde niños y niñas puedan jugar, más acceso al deporte y a la cultura. Aunque estas son sólo algunas de las medidas mencionadas, con todo, estos esfuerzos son insuficientes, así lo ha señalado incluso la propia presidenta.

Hasta el gobierno actual, en lo que respecta a la infancia, el Estado había continuado a grandes rasgos con el modelo subsidiario instaurado durante la dictadura cívico-militar. Si bien la focalización de las políticas sociales ayudó a disminuir la pobreza, aumentar la cobertura en educación y en salud, no hubo cambios sustantivos en la concepción del modelo. Algunos programas reconocieron los derechos ciudadanos (Plan Auge en salud, Chile Solidario), pero estos fueron las excepciones a la regla y en general el modelo subsidiario subsiste.

En el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, la infancia se ubica en el centro de las políticas públicas. El primer año fue creado el Consejo Nacional de la Infancia, que tiene como objetivo principal instaurar la protección integral de los derechos de niños y niñas, sin discriminación de ningún tipo, en todo el territorio nacional. De este modo, el gobierno busca establecer como base fundamental la igualdad de derechos y de oportunidades desde el comienzo de la vida. Esto es coherente con la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas que Chile firmó y ratificó el año 1990.

Desde su creación el año 2014, el Consejo Nacional de la Infancia, a cargo de su secretaria ejecutiva Estela Ortiz, está desarrollando la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Actualmente está trabajando en la elaboración del Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En este contexto, durante los meses de Marzo y Abril recién pasados, la campaña nacional “Yo Opino, es mi Derecho” permitió recoger, en un hecho inédito, la opinión de cerca de 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 4 y 18 años), respecto a asuntos que los afectan directamente. Esta altísima participación, que representa el 92% de las comunas del país, refleja el interés de niños y niñas en incidir en los temas que los afectan. Niños y niñas pudieron expresar sus opiniones respecto a temas tales como participación, buen trato y autonomía. A través del análisis de la información recolectada, el Consejo Nacional de la Infancia podrá desarrollar políticas que estén a la altura de las necesidades de niños y niñas del país. Más aún, al escuchar a niños y niñas, el Consejo está reconociéndolos como sujetos, como actores capaces de incidir en el diseño de políticas públicas.

El gobierno actual marca de este modo un hito al crear el Consejo Nacional de la Infancia, y al promover a niños y niñas como sujetos de derechos. El observar a niños y niñas como actores sociales con derechos, independientes, autónomos y capaces de tomar sus propias decisiones sobre los asuntos que los afectan directamente es parte de un cambio cultural. La promoción que pueda llegar a hacer efectiva este organismo estatal, estará relacionada con la capacidad de la sociedad, de cada uno de nosotros, de llevar adelante este cambio. Esto debe traducirse en un cambio de actitud de todos aquellos adultos que se relacionan con niños y niñas en las más diversas áreas. Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser escuchados. Este es un cambio que debe darse en el día a día, en actuar cotidiano. Hoy en día es imprescindible incluir a niños y niñas en todos aquellos procesos de decisiones que los afectan, especialmente, si quieren participar. Para garantizar la realización de los derechos de los niños y niñas, es necesario contar con adultos lo suficientemente maduros que puedan estar a su altura para escucharlos.

Las Ciencias Sociales, especialmente la especialidad multidisciplinaria Estudios de la Infancia (Childhood Studies), vienen señalando desde la década de los setenta de la necesidad de escuchar seriamente a niños y niñas. Múltiples investigaciones dan cuenta que ellos son sujetos capaces de señalar sus experiencias a través de sus “mil lenguas” e indicar sus preferencias, ellos son expertos en su vida. Es más, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo Nr. 12 que “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”.

La Constitución, que es básicamente la serie de principios fundamental a través de los cuales se rige un país, es el lugar donde debe garantizarse la protección integral de los derechos de niños y  niñas. Es en la Constitución donde debe plasmarse la igualdad de oportunidades desde la cuna, sin ningún tipo de distinción alguna. Por ello, como ha dicho la presidenta, es fundamental que la elaboración de la Nueva Constitución sea en forma abierta y transparente, en forma democrática y con la mayor participación posible de ciudadanos y ciudadanas. Chile necesita, para convertirse en una verdadera democracia, de la participación de todos. La realidad entrega constantemente nuevos desafíos y en este sentido, la participación de niños y niñas en el proceso constituyente puede ser un gran ejercicio democrático que está en concordancia con el regreso de la educación cívica al currículum escolar.

Considerando la participación de niños y niñas, puede impactar profunda, definitiva y positivamente en el desarrollo democrático de nuestro país. Los ejemplos sobre el impacto positivo que tiene la participación de niños en la sociedad son múltiples a nivel mundial. Mejoramiento urbano, mejor diseño de jardines infantiles y escuelas, clases más interesantes, hospitales más amigables, etc., en definitiva, mejor calidad de vida. Un ejemplo pionero en Chile está sucediendo en la ciudad de Perquenco, donde se estableció el año pasado el primer Consejo Juvenil a nivel comunal. Allí los jóvenes cuentan con “voz y voto”, coordinando y gestionando proyectos que permiten un mejor desarrollo comunal donde todos cuentan. Un ejemplo que es de esperar muy pronto otras comunas del país comiencen a imitar.

Finalmente, la presidenta ha sido clara, «en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos». Michelle Bachelet ha invitado reiteradamente a todo el país a participar y el procedimiento debe surgir de los propios ciudadanos y ciudadanas. Ya sea a través de las clases de educación cívica en las escuelas, en los centros de alumnos, en los barrios, en las organizaciones sociales y comunales u otras instancias. Es de esperar que niños y niñas no queden fuera de este proceso, ellos son expertos de su propia realidad y  nadie debe quitarles el derecho a ser protagonistas del Proceso Constituyente, si es que ellos lo estiman conveniente.