Poder Constituyente y Redes Sociales: ¿Hacia una Primavera Constitucional?

Cuando el periódico alemán Die Zeit presentó su pasada edición con la imagen de Camila Vallejo en portada consolidó la atención global sobre el movimiento estudiantil que ya The New York Times había bautizado como “the Chilean winter” . El conservador periódico alemán indicaba que la educación chilena fue privatizada hasta el exceso. Ahora el no menos conservador The Economist señala en su actual edición que “Unless the politicians enact some sensible reforms quickly—of education, the electoral system and taxes—it is not clear what might happen next“.

Estas observaciones concuerdan con muchas de las demandas del movimiento estudiantil y que han sido refrendadas en este paro de dos días, en los cuales se ha ampliado una vez más su base de apoyo (trabajadores, ecologistas, agrupaciones de DD.HH., pequeños empresarios, gremios, etc.), en cuanto a que no son necesarias algunas mejoras al sistema sino más bien un cambio mucho más radical. 

Más allá de la discusión sobre la verdadera extensión del paro – y dejando de lado el ya aburridor script de los medios hegemónicos sobre desmanes y encapuchados – nadie puede soslayar que el movimiento social avanzó otra vez para extender su semántica desde lo importante a lo esencial, desde la cuestión social de la desigualdad en la educación hacia la cuestión política del cambio constitucional, para convertir a la Constitución en la puerta de entrada para cualquier avance significativo (Acuerdo Nacional para Democracia Social Ahora) . Y de paso comienza a arrastrar a la Concertación en esa deriva, la que percibe de a poco que debe hacer el Camino a Damasco en cuanto al modelo de sociedad para no condenarse a la insignificancia. 

El mayor obstáculo que puede frustrar las esperanzas de cambios son aquellas concepciones sobre la necesidad de guardar la Constitución como un orden de poderes legales, en el cual debería decidirse sobre los cambios legítimos en la sociedad. Para esa concepción la racionalidad y la legitimidad son exclusivamente lo que producen los poderes constituidos del Presidente y el Congreso, y la Constitución sólo puede cambiarse dentro de sus propias reglas del juego. Lo demás son emociones, deseos y sueños, o al menos desorden o anarquía. 

Esta concepción legalista tiene por base un orden de justificación social donde la legitimidad política se produce a partir de organizar y limitar la sociedad para que no se destruya a sí misma. Esta concepción estaría arraigada en la historia de Chile, el que sería un país que habría valorado siempre el orden y la estabilidad. Pretender sacarlo de ese cauce sería un riesgo que los guardianes de la Constitución no están dispuestos a correr. 

En cuanto a su veracidad histórica, esa concepción legalista no constituye más que un mito en un país que ha tenido severos quiebres y conflictos, y en el cual las prácticas de justificación social nunca se contentaron con los límites normativos, sino que podían apacentar dentro de sus prados sólo debido a otros acuerdos de convivencia o inclusión mucho más dinámicos que las reglas legales. Esos acuerdos constituyeron los verdaderos entendimientos de los poderes sociales de la época y consiguieron que las instituciones legales funcionaran en 1833, 1861, 1891, 1938 y 1990. 

Los consensos de la transición en 1990 ahora están completamente agotados y eso hace muy problemático que siga operando por inercia un sistema constitucional carente de un orden de justificación que la sustente. Y en medio de la incertidumbre que produce este vacío es que cabe la posibilidad de que se esté gestando un nuevo poder constituyente originario – aunque muchos sospechamos que no tenga éxito tan pronto. 

El poder constituyente – según Shukaitis y Graever (Constituent Imagination) – es lo que emerge cuando las estructuras institucionales que fragmentan lo social son resquebrajadas generando ocasiones para la reconfiguración colectiva de la vida social. Estas ocasiones surgen cuando los archipiélagos en que se fragmenta la sociedad se reúnen a través de túneles subterráneos o narrativas a partir de las cuales se pueden diseñar conceptos y mecanismos que nos pueden orientar hoy día, donde quiera que nosotros nos situemos en la sociedad. Esto es precisamente lo que empieza a ocurrir en Chile: El agotamiento de un consenso que limitaba a la sociedad y la reconfiguración del orden social a partir de discursos que empiezan a reunir a tal sociedad, que crean racionalidades y emotividades colectivas pero en otra dirección que la lógica de las instituciones constituidas. 

Esto nos hace pensar inevitablemente en el gran activo del movimiento social: Las redes sociales, las nuevas plataformas de la libertad de expresión, que han posibilitado que se conecten los fragmentos que el conjunto de los poderes constituidos y los medios hegemónicos separaban. 

Aunque muchos de la escena mediática creen que las redes sociales son dispositivos técnicos que por sí mismos pueden producir cambios, ellos olvidan que las redes sociales son creaciones de la sociedad por los cuales ésta se observa a sí misma. Las redes sociales no son una herramienta de la sociedad, sino una extensión de ella, donde a menudo se puede fracasar porque allí están presentes las mismas desigualdades y exclusiones que residen en dicha sociedad. 

Las redes sociales están siendo el vehículo del movimiento social, no porque estén muy difundidas en Chile (la brecha digital es todavía profunda) o tengan efectos mágicos, sino porque constituyen el único medio relativamente eficaz que no estaba realmente en manos de las élites que portaban el consenso, y porque en sucesivos episodios – recordemos Barrancones entre otros – dichas élites mostraron su debilidad frente al nuevo poder de estas redes. Además está la fuerza del ejemplo, del movimiento social en Islandia, los Indignados, Túnez y Egipto. Frente al uso que los movimientos sociales dan a las redes, las élites chilenas parecen ser ingenuamente análogas – aunque no lo serán por siempre. 

El nuevo poder de las redes sociales – con la resonancia de los caceroleos que los líderes estudiantiles convocan por Twitter – se ha convertido en el medio privilegiado de nuestra imaginación constituyente. De ser así, porque no avanzar aún otro paso y convertir a las redes sociales en el canal principal de la generación de un nuevo acuerdo constitucional. 

Quizás, como hasta ahora sólo tímidamente lo están planteando algunos (www.asambleaconstituyente.cl), podríamos intentar – si confluyen los animadores de la esfera virtual y las corrientes de opinión del movimiento social – proponernos seguir sorprendiendo al mundo e incorporarnos a las tendencias del Crowd (/Wiki) Constitutionalism, en el cual los proyectos constitucionales son elaborados y debatidos en procesos de deliberación on line mediante medios sociales. Los procesos de Islandia, Túnez y ahora Egipto nos muestran que países con diferentes realidades en cuanto a usos tecnológicos pueden intentar crear nuevos ordenes de legitimidad política y generar una nueva institucionalidad en un mismo proceso mediante las redes sociales, las cuales pueden funcionar como una verdadera asamblea constituyente virtual o al menos como un complemento indispensable, y con la colaboración de los poderes constituidos. 

Si eso fuera posible – dentro de las tantas imposibilidades que se han superado en estos meses de efervescencia – y los movimientos sociales efectivamente lo impulsaran, entonces Chile sí podría entrar muy pronto en una verdadera primavera constitucional.