Para los lectores que no conocen el vocablo “la calle”, informamos que es la expresión peyorativa que utilizan los que ejercen el poder económico en Chile para aludir a la ciudadanía, la que, en esta oportunidad, ha sido escuchada por la mayoría de los parlamentarios.
A continuación, vamos al grano:
Ya nos hemos referido al proyecto de ley que busca solucionarles transitoriamente la vida a los 11 millones de afiliados a las AFP, ello mediante un retiro parcial de sus propios fondos acumulados en dicho sistema privado de ahorro forzoso, por el cual las AFP les cobran a sus clientes cautivos unas ciertas comisiones por cada cotización mensual. Estamos hablando solo de los retiros programados, pues los pensionados con las compañías de seguros, llamadas rentas vitalicias, han suscrito contratos irrevocables por sumas fijas mensuales en UF.Nos hubiera gustado que esta ley de emergencia estuviera orientada exclusivamente a quienes han visto mermados sus ingresos monetarios, pero ello no será así por decisión de la clase política
El ministro Briones, portavoz en los hechos de la élite que se opone a esta disposición, haciendo malabares con las cifras, ha asegurado que no se debe hablar del 10% sino del 44%, por una serie de sutiles razones que sus asesores de Hacienda le pasaron en un sobre lacrado. En síntesis, para justificar su obstrucción al proyecto que se vota en el Senado este miércoles, tal como se resolvió en la Cámara de Diputados, manifiesta que está dirigido mayoritariamente al 2% de los más ricos que hay en el país, quienes retirarán los $ 4.3 millones (UF 150) acumulados en sus cartolas sin pagar ningún impuesto a la renta.
Está claro que, del total del fondo invertido por las AFP en diversos papeles nacionales y extranjeros, US$ 200 mil millones, se sacarán probablemente una suma del orden de los US$ 20 mil millones, y por ello se habla del 10%, no estando dilucidado todavía si los afiliados ya pensionados podrán retirar ese porcentaje de sus saldos. La prensa dice que el retiro no es para los pensionados, pero el Partido Comunista (PC) aseveró que la reforma constitucional que autoriza el retiro excepcional de parte de los fondos de las AFP no excluye a los actuales jubilados.
Para justificar su posición, que este columnista comparte, tal como ha quedado refrendado en sus anteriores columnas de opinión, ese partido político invoca el artículo 2 del DL 3.500 que dice “la afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización”. De esta forma el PC llega a la conclusión que la vinculación al sistema de AFP subsiste durante toda la vida del afiliado, asunto que debe ser revisado antes de la votación.
Otra fórmula que han empleado los guardianes del sistema para oponerse a la ley, se asocia al quórum necesario para su aprobación y en tal sentido alegan que debe ser con los 2/3 de los votos, en circunstancias que para esta materia específica se requieren solo los 3/5 de los votos. Todos los senadores de la oposición, a quienes se les sindica como populistas irresponsables, están cuadrados con el proyecto y hasta ahora, 4 senadores del gobierno, 2 UDI y 2 RN, también han resuelto apoyar esta ayuda solidaria y humanitaria a los afiliados.
Según una tabla que anda circulando por ahí, unos 3 millones de cotizantes que tienen hasta $ 1 millón en sus cuentas individuales, podrán retirar todos sus fondos, los 4 y fracción millones de cotizantes que tengan en sus cartolas hasta $ 10 millones, sin importar el saldo que tengan, podrán retirar el equivalente a UF 35, los 2 y fracción millones de cotizantes que disponen de hasta $ 40 millones, estarán en condiciones de retirar el 10% de sus fondos y las casi 700 mil personas que tengan montos superiores a los $ 40 millones podrán retirar solo el equivalente a UF 150 que son los $ 4,3 millones.
Nos hubiera gustado que esta ley de emergencia estuviera orientada exclusivamente a quienes han visto mermados sus ingresos monetarios, pero ello no será así por decisión de la clase política. En todo caso entendemos que las más altas autoridades del país, incluyendo al presidente Piñera y al propio Briones, quienes deben tener altísimos saldos en sus cuentas de capitalización individual, por razones más que obvias, no retirarán las UF 150 que la futura ley les permitirá extraer del sistema que tanto aman. Ahora la tarea urgente para los políticos de ambos bandos es definir un moderno sistema de previsión social que asegure pensiones dignas para todos.
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