Da la impresión que los llamados delincuentes han logrado imponerse a todos los ciudadanos honrados de este país. Me propongo cuestionar brevemente esta idea, puesto que esta visión se vincula con un diseño político cuidadosamente pensado para afinar el control social, privatizar lugares públicos y establecer nuevos mercados muy lucrativos.
Las elecciones generan suspicacias en algunos, pero en la mayoría de los ciudadanos lo que hacen es crear desconfianzas e impotencias. Para un gran grupo de chilenos, en la arena política nadie parece tener un móvil de interés común. Por lo tanto, la participación electoral se limita a elegir lo menos pernicioso o a aquella alternativa que garantice el mayor beneficio particular posible. De esta manera, la abstención aparece con un nivel de prestigio social elevado, puesto que los réditos de sufragar son pocos e imperceptibles.
Sobre lo que sí parece existir un mayor consenso es respecto a uno de los temas centrales de la actual elección (y que también lo fue en las anteriores): la delincuencia. Da la impresión que los llamados delincuentes han logrado imponerse a todos los ciudadanos honrados de este país. Sin querer desmentir que en algunas zonas geográficas de Chile la delincuencia vinculada al narcotráfico representa un problema mayor, me propongo cuestionar la idea sobre la delincuencia como un problema endémico, global y corrosivo de todo el país. Esta visión generalizada de una sociedad dominada por delincuentes es sin duda una elaboración política que tiene como objeto bajar la guardia de los ciudadanos para facilitar el control de las poblaciones, al tiempo que decrece la magnitud de la inversión en espacios comunes y se crea la oportunidad para explotar los mercados vinculados a la seguridad, el aparato judicial y las policías. Con este objeto, se emplean distintas técnicas o métodos que quieren crear un escenario de peligro que haga ineludible una intervención profunda del Estado.
Tenemos en la cabeza la imagen habitual del delincuente. Con la cara cubierta por un polerón con capucha, las manos atrás, juntas y esposadas, y periodistas y policías como actores claves de la constitución de la escena. Esta secuencia diaria de la televisión chilena no es en absoluto casual, ni responde a lo que podría denominarse como «la realidad». Menos se relaciona únicamente con el bienestar económico del canal de televisión de turno. Lo que refleja la recurrencia inagotable de estas imágenes es el interés político por establecer una casuística general de la delincuencia, encadenando casos aislados a través de la plataforma de los medios de comunicación hasta formar un panorama general coherente. Porque, seamos honestos: vivimos en uno de los países más seguros de Latinoamérica y del mundo en desarrollo. La recurrencia de crímenes por habitante es una de las menores de este grupo de países. Así, se hace necesario igualar el caso ocurrido al vecino de Vitacura con el del ciudadano de Puente Alto, para así diagramar un diagnóstico general de inseguridad que quiere ser certero con independencia al lugar donde se viva.
Al mismo tiempo, esta persona esposada y con actitud de derrota no viste ropas al azar ni vive en una comuna cualquiera. El delincuente tipo no viste con ropa de oficina ni usa pantalones Dockers. Este se representa con una prenda superior que sea capaz de cubrir su rostro (buscando la anonimidad del criminal exitoso), con pantalones anchos y calzado deportivo (eficiencia para la perpetuación del delito). Este sujeto que delinque está tipificado, por lo que es fundamental estar en guardia contra ellos. Así se logra la criminalización de un grupo de la sociedad (los llamados «flaites»), que tiene por objeto tener a los chilenos atentos y prestos para aceptar la intervención policial ante la menor amenaza.
Finalmente, la puesta en escena revela la importancia y centralidad del tema. La captura de tal o cual delincuente se constituye como un acontecimiento verdaderamente importante, ya que se moviliza una extraordinaria cantidad de recursos, incluyendo elementos policiales, judiciales, municipales y comunicacionales. Esto hace ver al público que no se está ante un hecho ordinario, puesto que la autoridad ha invertido recursos especiales y generosos en ello.
El objetivo central de esta verdadera tecnología de generación de delincuentes se ubica en aumentar la eficacia en el gobierno de la población. El argumento de los peligros que provienen del otro no pierde la efectividad que históricamente ha tenido. Las personas asustadas de los demás despoblan los espacios comunes y son menos reacias a aceptar la intervención policial de estos (ya sea con patrullaje constante u otras tecnologías). Igualmente, están más llanas a estar de acuerdo con que sus propios espacios privados se vuelvan sujeto de técnicas de policía, permitiendo mayor intromisión de los efectivos policiales así como poblar sus casas con dispositivos de control como cámaras, rejas electrificadas, sensores infrarrojos y guardias privados.
Asimismo, las personas con miedo a los delincuentes, tal como se los ha identificado, dejan los espacios comunes tradicionales para el disfrute de estos supuestos criminales. Plazas, parques, paseos y centros urbanos se transforman en el escenario privilegiado de la delincuencia, por lo que los ciudadanos honrados y trabajadores van a limitar sus contactos con estos lugares a lo estrictamente necesario. La autoridad tiene ahora pase libre para disminuir la inversión en espacios de encuentro colectivo, para reorientarla en elementos que entreguen garantías al comercio y los servicios públicos. Incluso es preferible eliminar lugares públicos ofertándolos para su privatización, suprimiendo un foco de crimen probable.
Por último, esta operación facilita el establecimiento de mercados altamente lucrativos, los cuales tienen grandes perspectivas de crecimiento en virtud de esta constante criminalización de la sociedad chilena. Los mercados vinculados a todas las tecnologías de la seguridad, tales como las armas, alarmas, circuitos cerrados y vehículos, así como los productos y servicios relacionados con encarcelar y aislar a los delincuentes, son fomentados y permitidos por el uso de estas políticas de delincuencia.
En resumen, la delincuencia como tema clave en la agenda no es un fenómeno eventual, ni responde a un levantamiento de la realidad, sino que se vincula con un diseño político cuidadosamente pensado, transversal a los gobiernos y de eficacia probada en todo el mundo. Esta planificación refuerza la segregación social y urbana, agudiza la profunda desconexión entre las personas y ubica cada día más a los ciudadanos en una relación uno a uno con el Estado, sin organizaciones intermedias que moderen la gran asimetría de poder entre uno y otro. Así, el Estado chileno parece cada vez más un régimen policial, cuyos ciudadanos deben trabajar con dedicación, consumir en lugares securitizados para aquello, acondicionar sus hogares para las operaciones de vigilancia y policía, y mantener al mínimo su circulación por lugares públicos tradicionales.
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