Las decisiones políticas comienzan a revelarse como intentos de control absoluto.
Durante mucho tiempo las sociedades occidentales creyeron a pies juntillas en la prevalencia absoluta de sus valores democráticos, bien establecidos en sus textos constitucionales y, mejor aún, fuertemente impresos en el inconsciente colectivo. Sus derechos, sus espacios de libertad y sus responsabilidades sociales han sostenido -durante generaciones- un ideal sobre el cual se erigen proyectos de nación y se alimenta la ilusión de lograr sus aspiraciones colectivas. Dentro de ese marco ha tenido cabida la creación de instituciones confiables para la defensa de los valores cívicos, gracias a innumerables batallas en función de esos objetivos.
Hoy ya nadie está tan seguro de esa realidad. Poco a poco, y gracias a un estado de emergencia consecuencia directa de un sospechoso brote viral, ciudadanos de cualquier punto del planeta han visto cómo sus entornos vitales se han transformado, así como cuántas de sus libertades y derechos han pasado a ser objeto de medidas restrictivas; pero no desde las autoridades científicas y sanitarias, sino desde las plataformas políticas y los centros de poder económico, que han visto en esta catástrofe la oportunidad para ejercer un control absoluto.La nueva realidad de hoy constituye una amenaza real a los sistemas de gobernanza fundados sobre el equilibrio de poderes.
La nueva realidad de hoy constituye una amenaza real a los sistemas de gobernanza fundados sobre el equilibrio de poderes. La imposición de medidas, en el contexto actual, se ha convertido en la nueva normalidad, dejando prácticamente sin recursos de oposición a millones de personas alrededor del mundo. Estas, sometidas a decisiones que muchas veces atentan contra los sagrados derechos establecidos en normas y tratados, en textos constitucionales y tradiciones, se ven atrapadas en una red de la cual les resulta difícil escapar.
En la actualidad, se observa con estupor a gobernantes carentes de autoridad científica alguna, establecer prohibiciones para el uso de medicinas o tratamientos, basándose en criterios de interés económico y en sus vínculos con grandes consorcios farmacéuticos. Se observa, también, la manera cómo con la mano derecha restringen la movilidad de la ciudadanía en áreas públicas y en horarios determinados, mientras con la mano izquierda se permiten favorecer a sus aliados del sector empresarial y ejercen una férrea represión contra cualquier intento de protesta ciudadana.
El tema de las vacunas, por otro lado, un elemento objeto de innumerables discusiones en el campo académico científico y sobre el cual, después de más de dos años, aún no existe consenso ni un flujo de información totalmente confiable para la población, es hoy una piedra de toque capaz de provocar una grave escisión entre gobernantes y gobernados. Por un lado, porque los primeros poseen el mecanismo de la obligatoriedad y, por el otro, debido al criterio de libertad individual para decidir, cada quién, sobre lo que mejor le convenga en lo referente a su salud, de acuerdo con los valores democráticos.
La crisis está servida. El pulso entre los gobiernos administrados desde una visión incompatible con los valores democráticos y ciudadanías conscientes de cómo esos valores se evaporan bajo la amenaza de restricciones orientadas hacia el control absoluto, es el germen de un peligroso giro hacia sistemas dictatoriales ajenos a sus principios democráticos y, por supuesto, alejados de la búsqueda de diálogos y consensos. Lo que hoy espera a la ciudadanía es un verdadero enigma, dado el escaso espacio permitido a su participación en algo que le compete de manera tan directa. En esta delicada coyuntura se esperaría un mejor manejo de la crisis, pero desde las instancias científicas y no desde los intereses espurios de gobernantes cegados por su ambición de poder. Un objetivo nada fácil, pero indispensable para garantizar, a tantos habitantes de este planeta, que su vida vale.
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