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Ley corta de Isapres: un chantaje a la ciudadanía

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Las alzas de los precios de los planes de las Isapres, que ocurrirán en julio, se enmarcan en un cuestionamiento de fondo al sistema de Isapres. 

El Tribunal Constitucional en agosto del 2010 declaró inconstitucional cuatro artículos de la ley de Isapres, que estructuraban la “tabla de factores de riesgo”, que es la herramienta mediante la cual se calcula la prima a cancelar a los afiliados del sistema. Fue cuestionada dado que atentaba contra la igualdad de derechos  y a los principios de la seguridad social (algo inédito dado que estas empresas no se encontraban bajo este principio).
 
La tabla de factores de riesgos
 
Las isapres son en primer lugar empresas privadas y como tales buscan extraer una ganancia a partir de asegurar a sus afiliados a un conjunto de prestaciones médicas. El sistema establece una tabla, la cual sirve para calcular los riesgos asociados a los diferentes tramos etarios y de género.  El supuesto que subyace en la tabla es que los diferentes grupos tienen diferentes necesidades de acceso a las prestaciones médicas y por esta razón se modifican las primas. Este último aspecto es el que genera un castigo a los afiliados que están en los tramos de edad de riesgo (niños y adultos mayores sobre todo) y a las mujeres en edad fértil. Esta discriminación es lo que constituye un atentado a la igualdad de derechos.
 
Frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno tomó la decisión de llamar a la conformación de una comisión de salud, con el fin de que entregue propuesta para reformar el sistema. Y por otro lado, presenta en el Congreso un proyecto de ley corta de Isapres, para disminuir la incertidumbre de las empresas aseguradoras, que vieron cuestionado el principal mecanismo de cálculo de las primas a sus usuarios.
 
Este proyecto contempla un “aplanamiento” de la tabla de factores, en la cual se eliminan dos tramos de edad, el que va de los 0 a 5 años y a los mayores de 65 años. Pero esto no significa que deje de haber discriminación por edad. Se atenúa pero no se elimina la diferencia de género: las mujeres en edad fértil tendrán que pagar igualmente más por sus planes de salud.
 
Otro aspecto que el gobierno ha hecho gala, es que con este proyecto las alzas van a ser menores. Para esto el gobierno propuso crear un IPC de salud, es decir un índice de precios especifico para la salud. En el proyecto no da indicaciones de cómo se va a estructurar este índice. Tampoco indica si va a contemplar a todo el sistema de salud o solamente al privado. El objetivo es generar legitimidad al sistema, que podrá realizar las alzas amparado en este IPC. La evidencia frente a estos mecanismos apunta a que el IPC de salud siempre es más alto que el IPC general, por lo costoso de los sistemas de salud (tecnología, prestaciones, infraestructura). Además esto no va a significar que las Isapres tengan obligatoriamente que modificar sus precios por este IPC: ellas van a seguir conservando la potestad de cambiar los valores a su antojo.
 
Alzas de precios y presión de la industria
 
Las Isapres han dicho que las alzas responden principalmente como dijo Claudio Santander, presidente de Masvida, por “un cambio en las reglas del juego”. De esta forma, las Isapres están realmente confabulando (todas suben sus precios), en una operación para chantajear a la ciudadanía y al país completo para que se les de la estabilidad para seguir lucrando con la salud de todos nosotros. Esto en un momento donde las utilidades aumentaron en 92% en relación al 2009, que hace a esta alza algo aún más injusto.
 
Hoy es necesario que la ciudadanía se manifieste contra estas alzas y contra esta propuesta de ley corta de Isapres, porque finalmente la salud debe ser entendida como un derecho de todos y no como un negocio frente al cual se pueda lucrar sin límites como estas empresas han venido haciendo desde los años ochentas.
 
Si estás afiliado/a a una Isapre y estás indignado con sus mentiras, pan de cada día, firma acá y ayúdanos difundiendo la carta para frenar el alza entre tus redes y contactos.
 
En estos momentos, ya son más de 1.000 las personas que la han suscrito.Cuando hayamos reunido un número mayor de firmas, se la iremos entregar al Superintendente de Salud.

 

(*) Matías Goyenechea es integrante del movimiento Salud Un Derecho

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