En el presupuesto 2013 se comienza a pagar el “subsidio permanente a la construcción” al concesionario “San Jose”, que construyó los hospitales de La Florida y Maipú. Este subsidio se debe pagar por un plazo de 15 años, a un valor anual de 54 millones de dólares. El Estado pagará un total de US$ 810 millones mediante este mecanismo por un proyecto avaluado en 298 millones de dólares. O sea, tendremos que pagar un sobreprecio de 512 millones de dólares.
Hoy enfrentamos una nueva discusión de presupuesto, en este contexto, debemos tener claridad de las enormes cantidades de recursos que son transferidos año tras años por el Estado hacia el sector privado. Estas cuantiosas transferencias son justificadas desde la lógica del Estado subsidiario y el paradigma mercantil en la salud, que sostienen que la provisión privada resulta más eficiente que la pública y aseguran la libertad de elección. Estas son aseveraciones de ideológicas, desmentidas repetidas veces por la realidad. Al impulsar este tipo de políticas se ha generado mayor desigualdad y segregación en nuestro sistema de salud.
¿Aumento de presupuesto?
El presupuesto para salud aumentará en un 5,6% (el menor incremento presupuestario de esta administración para la cartera). Son los aportes de los usuarios, a través de los copagos y cotizaciones, los que explican en un 64% el l aumento de 5,6% de presupuesto para el sector. Esto no es casual. En esta administración se ha perseguido agresivamente que el financiamiento del seguro público recaiga en los hombros de sus afiliados. Esto implica que se profundiza la lógica de entender la salud como un “bien privado”, en tanto que los recursos que financian la salud provienen de los bolsillos de las personas.
El gasto en Salud
El gasto público en salud alcanzará en el presupuesto 2013 a representar un 3,5% del producto interno bruto (PIB). Este gasto está financiado por dos fuentes de ingresos principales: el aporte fiscal (2,05% PIB) y los aportes en cotizaciones de salud y copagos de los usuarios de Fonasa. En contraste, el gasto privado alcanza a los 4,4% del PIB, los cuales se componen del gasto de bolsillo (2,7% del PIB), es decir los pagos directos que debe efectuar la población en consultas, exámenes y medicamentos. Este es un tipo degasto sumamente regresivo y que en Chile es el componente de financiamiento más grande de la salud (34% sobre el 100% de gasto total de Chile).Por otro lado, la tajada que se llevan las Isapres es de1,7% PIB, y que pueden direccionar a las clínicas privadas que pertenecen a sus holdings de empresas (así todo queda en familia). En síntesis, el gasto per cápita de sector público es de 326 mil pesos (para 13 millones de personas) mientras que el gasto de los usuarios de Isapres llega a los 730 mil (2,8millones de personas). Así se materializa una desigualdad brutal en la distribución del financiamiento en la salud.
Subsidios y transferencias
A pesar de que los fondos de gasto público en salud son insuficientes,12,5% del total de los recursos terminan siendo utilizados en compras y subsidios a la demanda, específicamente en las clínicas privadas. No es menor, así, que la suma de las transferencias para la próxima ley de presupuesto, aumenta nuevamente, llegando a los 1.187 millones de dólares. Los mecanismos de traspasos a privados, son tres: 1) la modalidad libre elección (MLE), 2) “convenios de prestaciones médicas”, que son las compras que realizan los hospitales y servicios de salud a las clínicas privadas, 3) el Bono AUGE. Estos mecanismos son ineficientes desde el punto de vista del gasto que generan versus los resultados. En promedio, por cada bono auge efectuado se podrían haber realizado tres intervenciones en la red pública. El principal problema de transferir recursos al sector privado, es que se terminan pagando sobreprecios respecto a los costos reales de la atenciones de salud. Estos sobreprecios tienen su justificación en el hecho de que las clínicas privadas son instituciones con fines de lucro, por lo que el Estado debe terminar pagando con recursos fiscales sus utilidades.
El costo oportunidad de los recursos que se destinan al sector privado es gigantesco; los US$ 1.187 millones destinados a las clínicas privadas, podrían haber financiado la totalidad del proyecto de 3 hospitales de alta complejidad, o dejar financiado la construcción de 593 consultorios (en un solo año). Con esa cantidad de recursos, se podría financiar anualmente una ampliación de la dotación del personal de salud en un 39,5% o sea financiar aproximadamente 32 mil nuevos cargos.
Un nuevo elemento que debemos considerar, es que en este presupuesto 2013 se comienza a pagar el “subsidio permanente a la construcción” al concesionario “San Jose”, que construyó los hospitales de La Florida y Maipú. Este subsidio se debe pagar por un plazo de 15 años, a un valor anual de 54 millones de dólares. Esto quiere decir que el Estado pagará un total de US$ 810 millones mediante este mecanismo. El problema surge cuando consideramos que el proyecto para los dos hospitales está avaluado en 298 millones de dólares, o sea que tendremos que pagar un sobreprecio de 512 millones de dólares o, visto de otra forma, se podrían haber construido por la modalidad pública 5 hospitales en vez de los 2 que se construyeron mediante la modalidad de concesiones.
Es imprescindible que superemos la concepción del Estado subsidiario, profundamente ineficiente e inequitativa, y que ha mantenido a la salud pública en una situación de estrangulamiento financiero y de desmantelamiento de su capacidad, generando un sinnúmero de problemas que bien conocen los usuarios de la red pública.
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