En su primer discurso, el Presidente Piñera mencionó la palabra solidaridad en cinco ocasiones, y lo hizo para referirse a las mejoras en la calidad de vida que su gobierno esperaba entregar al país, pero también como un equivalente al tipo de desarrollo que nuestro país debía alcanzar. La misma idea (o sus variantes como solidario, solidarios) aparece mencionada 69 veces en su programa de gobierno, por lo que su uso no parece ser inocente.
En la hoja de ruta del actual gobierno, el Presidente Piñera decidió explícitamente ampliar la protección para la clase media como una política pública clara durante su mandato. Sin entrar en cesudas discusiones académicas ni intentar teorizar qué es ser de clase media hoy en Chile, resulta intuitivo creer que es ante todo diversa. Precisamente, porque el 70% de los chilenos hoy declara sentirse perteneciente a este segmento.No basta con hablar de clase media para entender quiénes tendrán acceso a ciertos beneficios. Menos si estos serán por la vía del subsidio, créditos o vouchers.
La solidaridad ha sido articulada como uno de los principales fundamentos de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho de postguerra, con la finalidad de establecer constitucionalmente la igualdad material y principios de justicia social, por la incapacidad del Estado Liberal de entregar soluciones más allá que la protección de la libertad y la propiedad de unos cuantos. De esta manera, se configuran derechos sociales destinados a enfrentar situaciones de desigualdad reales, como mecanismos de igualación y corrección para satisfacer las necesidades básicas y necesarias -mínimo existencial- de quienes no están en condiciones de cumplirlas directamente bajo las reglas del mercado, para asegurar su dignidad y desarrollo.
A su vez, la subsidiariedad consiste en el grado de autonomía que deben contar los grupos intermedios en su relación con el Estado. Este principio puede ser entendido de tres formas: (i) como una herramienta de descentralización de determinadas competencias públicas -por ejemplo, la Unión Europea con sus Estados Miembros y los ciudadanos de la unión-; (ii) según el Magisterio de la Iglesia Católica, como una serie de ordenaciones entre sociedades inferiores y el Estado, en que las primeras resuelvan los asuntos que puedan y el segundo interviene en materias de su exclusiva competencia o en casos de incapacidad por parte de las sociedades menores; y (iii) en su vertiente neoliberal, como la libertad de emprendimiento de los privados en diversas materias de interés económico -tales como educación, salud y seguridad social-, en la que se limita la actividad estatal a una posición de abstención y fiscalización, cuyo diseño se establece a partir de la Constitución de 1980 en nuestro caso.
Del entendimiento teórico de ambos principios, se configuran las bases de una determinada política social. Existirán así de manera genérica dos grandes modos de diseñarlas. Por un lado, aquellas que acentúan el principio de la subsidiariedad y que tienen un diseño focalizado (segmentado según ciertas condiciones de necesidad) en la elaboración de políticas públicas y de entrega de recursos. En la otra variante, aquellas de carácter universal que considera a las políticas sociales como el mecanismo a través del cuál los Estados reconocen derechos sociales y aseguran a sus ciudadanos el acceso a estos sin condiciones de entrada.
Ahora bien, independiente de si el diseño es focalizado o universal, el alcance o magnitud de una política social puede ser medida entre muchas formas, a través del gasto fiscal. Este puede ser discreto o robusto, dependiendo de los ciclos económicos, mayorías en el Congreso para aprobar reformas, la presión de movimientos sociales, pero también de las prioridades del programa.
En este último punto es donde evidenciamos cómo muchas veces la agenda de gobierno puede verse influenciada por organismos externos. Sin ir más lejos, recientemente la OCDE recomendó aumentar el gasto fiscal con foco en las pensiones, además de un alza de impuestos que generen ingresos permanentes. Todo esto, a pesar de la actual discusión sobre el déficit fiscal estructural, las políticas de austeridad impulsadas desde Hacienda y la búsqueda de un mayor crecimiento económico por medio de la baja de impuestos.
En este puzzle de la necesidad evidente de aumentar la cobertura de una serie de políticas sociales y, por ende, el gasto fiscal, es urgente preguntarse cómo habrá de operacionalizar realmente la solidaridad en el actual gobierno del Presidente Piñera. En la misma línea, qué estratos socioeconómicos y qué medida serán beneficiarios de tales políticas, ante una disminución de ingresos permanentes que asegure un adecuado gasto fiscal. Como ya antes mencionamos, no basta con hablar de clase media para entender quiénes tendrán acceso a ciertos beneficios. Menos si estos serán por la vía del subsidio, créditos o vouchers.
Por lo pronto, los anuncios desde el Ejecutivo dan señales de una ya vieja y conocida estrategia: la subsidiariedad. El camino hasta ahora señalado busca reducir de manera importante el gasto fiscal –como el caso del retirado decreto de modificación presupuestaria- y la carga impositiva a determinados grupos económicos, por razones ideológicas económicas que, a priori, carecen de un argumento más que la cercanía de las autoridades de gobierno y los grupos que se verían eventualmente beneficiados.
Queda pendiente entonces conocer el detalle de lo anunciado, pero el título de la canción parece ser más o menos conocido por todos.
Comentarios
26 de junio
A lo mejor Piñera habla de caridad. Porque la solidaridad del sistema público es que todos aportan y todos reciben. En cambio la caridad del sistema subsidiario es que los ricos aportan y los pobres reciben. Por eso los sistemas públicos son universales. Porque todos aportan también.
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