Recién se aprobó la idea de legislar sobre el aborto, raro, muy raro para un país que levanta la bandera de la libertad y orgullosamente se declara laico; raro para un país que se vanagloria del fin de la dictadura mientras carga con sus ideales impresos en su constitución, permitiéndole seguir al mando.
Los privilegios de la iglesia católica, y su cercanía con las fuerzas políticas conservadoras, impusieron sus dogmas en un catecismo jurídico que hasta hoy nos rige (ley N°18.826; 1989); y en el Chile actual, pretende seguir controlando a uno de los poderes del Estado, a través de la manipulación de los parlamentarios de la DC, publicando mensajes como «Será nuestra obligación de Pastores advertir a nuestros fieles que, independientemente de las legítimas opciones políticas que cada uno pueda tener, a ellos también les cabrá la prohibición moral de dar el voto a favor de un candidato que haya apoyado el proyecto de aborto» (carta de la Conferencia Episcopal divulgada por: Acción Familia). Las decisiones políticas tienen consecuencias en la vida de los ciudadanos, y el congreso no puede adoptar a una religión de guionista.La sociedad chilena evolucionó, y la legislación de Chile debe ponerse a la altura, superar la herencia de la dictadura, y restituir los derechos de la mujer sobre su propia vida, su cuerpo, y todo lo que ello involucra.
Legislar sobre el aborto es hacerse cargo de una realidad, es dar dignidad y seguridad a quienes la necesitan, a aquellos que no tienen un “tío médico”; es asumir que los milagros no hacen viable la continuidad de todo embarazo, no impiden las violaciones, y están lejos de asegurar la igualdad para la atención de salud.
Dichos viscerales como los de @soledadalvear: «Quienes aplaudirán la aprobación aborto serán violadores. No será necesaria la denuncia»; o los del diputado DC, P. Lorenzini: «Hay miles de casos de mujeres que tienen violaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más o estaban apenadas»; o la arbitraria sugerencia: “Permitir el aborto por violación es dejar la puerta abierta”; no solo son declaraciones denigrantes e insultantes, sino que además no contribuyen al sólido análisis de los deberes de nuestros representantes en el parlamento, quienes deben reconocer que un mayoritario 69% de los chilenos, aprueba el #aborto3causales (P.P Cadem; Junio 2015).
A través de organizaciones como Miles, la sociedad civil organizada, las mujeres realmente afectadas, han apoyado la realización de diversas campañas que permiten visibilizar la vulneración de la dignidad y los derechos de la mujer, y la realidad nacional respecto a la operatividad del aborto.
La sociedad chilena evolucionó, y la legislación de Chile debe ponerse a la altura, superar la herencia de la dictadura, y restituir los derechos de la mujer sobre su propia vida, su cuerpo, y todo lo que ello involucra. “Proteger la vida del que está por nacer” (CPR, Art.19 N°1) es una disposición que no puede sobreponerse al derecho de una mujer a proteger la propia, ni relega la obligación del Estado de ampararla (CPR, Art.19 N°9). No es posible permitir que el cielo de algunos se convierta en el castigo de otros.
Recuperar el apoyo ciudadano involucra respaldar a la ciudadanía, y esto no se sustenta en “señales políticas”; lo que hoy se exige son acciones concretas, el cumplimiento de los compromisos, la demostración de un liderazgo capaz de dirigir al país hacia el respeto de la autonomía y la libertad. Es momento de reponer el valor de la democracia, el gobierno debe respetar la soberanía de sus votantes.
Ya se aclaró que no existirán renuncias al plan de gobierno, ni al compromiso de legislar para todos y todas, pero que quede claro: las mujeres tampoco podemos esperar. Y solo por aclarar, no soy pro aborto, soy pro libertad.
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