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La OECD se pronuncia sobre el tema del retiro del 10% de los fondos de pensiones en Chile:https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/06/26/ocde-advierte-retirar-fondos-pensiones-tendria-efectos-negativos.shtml

La OECD es una organización que agrupa principalmente a países ricos en los que existen sistemas de reparto. Incluso en Inglaterra, el país natal de Margaret Thatcher, propulsora junto a Ronald Reagan de EEUU del desastre mundial que han generado sus ideas, las pensiones tienen un componente solidario importante.


El apoyo de los Estados a sus ciudadanos y a sus empresas, es lo que explica por qué no es necesario que los ciudadanos de estos países deban plantearse echar mano a sus ahorros previsionales

Si bien en este país las ideas de la señora Thatcher debilitaron al Estado de Bienestar que surgió después de la II guerra mundial, éste logró sobrevivir en gran parte gracias a las fortalezas Institucionales de Inglaterra y al imperio de un régimen democrático anclado en un fuerte Estado de Derecho, es decir, derechos políticos tanto como derechos sociales y económicos universales y garantizados para los habitantes de este país, además de la existencia de sindicatos y otras organizaciones sobre las que se vertebra la sociedad. Cuando todo eso pasaba en Europa, sabemos lo que ocurría en Chile bajo la dictadura.

Salvo pequeñas diferencias entre ellos, en los demás países ricos es igual, exceptuando a EEUU que es potencia mundial en lo económico y militar, en disputa permanente con China por la hegemonía tecnológica, pero tercermundista en lo social.

¿Por qué este conciso contexto? Porque si bien Chile es país miembro de la OECD, nuestra realidad no es comparable a la de los países ricos, por más que la elite criolla se haya especializado en negar la realidad de pobreza y marginalidad en la que viven muchas familias en Chile. El “Oasis” del que Piñera le hablaba al mundo antes del estallido social es en realidad cierto para un minoritario porcentaje de privilegiados, autodefinidos como “clase media”. Para el resto del país, la situación es otra y se asemeja más a la del resto de Latinoamérica. Lo demás, es un burdo cuento.

Por eso que, transcurridos poco más de tres meses de la irrupción de la pandemia en Europa, la mayoría de estos países ha podido apoyarse en la institucionalidad de protección social construida a lo largo de décadas para paliar los efectos de la pandemia y la crisis económica.

Salvo en algunos casos, por maltrato a los inmigrantes y a otras minorías a consecuencia de culturas xenófobas y racistas que ha cultivado la ultraderecha para hacerse de algunos gobiernos, (lo que al igual que en Chile y en Brasil, se ha debido también a graves errores políticos de parte de las izquierdas de ayer y de hoy), hasta el día de hoy poco se sabe de denuncias de prensa, o por medio de las RRSS, que hayan mencionado la existencia en sus territorios de habitantes padeciendo hambre y abandono de parte de sus Estados, en la escala que comenzamos a vivir en nuestro país. Como en el caso de todos los países del mundo, se han generado problemas ocasionados por varamiento de personas en distintos lugares del mundo, lo que también es cierto para nosotros y el resto de Latinoamérica.

El apoyo de los Estados a sus ciudadanos y a sus empresas, es lo que explica por qué no es necesario que los ciudadanos de estos países deban plantearse echar mano a sus ahorros previsionales: se trata de sociedades más integradas, (incluyendo la sociedad italiana, a la que le íbamos a ganar en el control de la pandemia, a pesar incluso de ser hoy gobernada por fuerzas políticas generosas con las grandes empresas y proclives a la baja de los impuestos, igual que la derecha chilena) y cuentan con una distribución más justa de la renta nacional y la sociedad está organizada al amparo de Estados democráticos que contribuyen a su mejor integración.

Por contraste, el actual Gobierno de Chile lleva meses dando vueltas alrededor del modo en que asiste con recursos públicos a las familias que necesiten ayuda para encarar la crisis sanitaria para poder, de ese modo, facilitar su confinamiento. ¿Cuando se podrá hacer efectivo el apoyo económico a las familias, alcanzado en el acuerdo con la oposición? ¿ Cuántas vidas se llevará este ideologísmo carente de realidad?

Llegado a este punto, hay que ser justo y reconocer el esfuerzo político importante que ha liderado el diputado Desbordes junto al senador Ossandon. No comparto muchas de sus ideas, pero se ve en ellos una sensibilidad distinta y más humanitaria a la del resto de la derecha en el ejercicio del poder político y ni que hablar de los dueños del poder económico.

Pero en lo global, en lo que corresponde a la coalición de gobierno, es una tomadura de pelo, hacerle creer a la población que 174.000 empresas con permiso para operar y más de 2 millones de trabajadores circulando por las calles de las grandes ciudades correspondan a servicios esenciales. Eso no es esencial, es una convicción para mantener la economía en su funcionamiento casi a tope. Es la letra chica eterna, que en el contexto de esta grave crisis, significa exponer gratuitamente a los trabajadores al contagio y contribuye a propagar la pandemia y la devastación que esta provoca en las familias y la sociedad toda. La economía se recuperará, las vidas no.

¿Cómo se  explica que un país miembro de la OECD con 20.000 USD de ingreso per cápita como Chile, que al año 2020 iba a ingresar al selecto club de los países ricos, hoy se esté llenando de ollas comunes porque importantes sectores de la población no encuentran las respuestas que necesitan del Estado y sus autoridades para poder hacerle frente a la pandemia y la crisis económica?

Las ollas comunes hablan bien del pueblo chileno, por su solidaridad y sentido de pertenencia a su comunidad, o lo que queda de ella, pero habla muy mal de la élite, incluida la OECD, que con su tibieza avala el ideologísmo de las autoridades políticas y económicas que se han negado rotundamente a que los cotizantes de las AFP puedan retirar el 10% de sus ahorros, propuesta transitoria y justificada por la gravedad de la crisis y que le permitiría a las familias poder comer y protegerse del virus.

Si la crisis de hoy, significa tener que echar mano a un porcentaje de nuestros fondos acumulados en las AFPs, es lo que se debe hacer ya y no esperar a cuando la pandemia termine a su libre albedrío, se lleve más vidas y genere mayor dolor y sufrimiento.

Estamos en tiempos difíciles, tiempos en los que el sentido común, cegado por la codicia, se ha vuelto el más escaso de los sentidos. Llevamos mucho tiempo así y necesitamos urgentemente cambiar el rumbo.

Junto con reducir al máximo los efectos destructivos del virus, como objetivo prioritario, la mirada debe estar puesta en el Plebiscito Constitucional que nos permita empezar a salir de este atolladero. Que el pueblo decida en qué país quiere vivir, es la única esperanza en medio de tanta oscuridad.

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